El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado para expresar su “preocupación y desacuerdo” con el mega DNU y la Ley Ómnibus anunciado por Javier Milei.
Los presidentes y presidentas de los 20 Colegios Departamentales que conforman el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires expresaron a través de una carta dirigida a los legisladores su preocupación y desacuerdo con el decreto de necesidad y urgencia 70/23 que firmó el presidente Javier Milei.
En la misiva, los abogados cuestionaron el uso recurrente y la validez constitucional de la ley 26.122, que consideran una deformación de la cláusula constitucional.
En ese marco, criticaron el proyecto de ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, destacando que «introduce modificaciones sustanciales en diversas áreas legales, como relaciones civiles, comerciales, laborales, género y diversidad, legislación penal, administrativa y electoral», y señalan que hay reformas que consideran «inconvenientes, impracticables o con posibles repercusiones constitucionales».
A su vez, los firmantes solicitaron a los legisladores que consideren sus opiniones al evaluar la viabilidad de las reformas propuestas, destacando la inconveniencia de su implementación intempestiva. Además, pidieron una valoración detallada de las reformas, algunas de las cuales, afirmaron, podrían entrar en conflicto con principios constitucionales y convencionales y la transversalidad de determinadas temáticas que han llevado a la elaboración de este documento.
“El proyecto de ley busca introducir el divorcio administrativo en Argentina, permitiendo que los cónyugues disuelvan su matrimonio mediante una presentación conjunta ante un organismo administrativo”, mencionaron.
Y defendieron “la integralidad y sistematicidad del proceso de divorcio judicial actual, destacando su manejo efectivo y la participación de abogados en la resolución de conflictos familiares”, según explicaron en el comunicado.
En ese sentido, se criticó la falta de perspectiva integral en el proyecto, al señalar que no aborda adecuadamente los aspectos legales relacionados con hijos menores y otros efectos del divorcio. Además, se cuestionó la afirmación de que la legislación propuesta sigue estándares internacionales, argumentando que otros países con divorcio administrativo requieren asesoramiento legal y sólo aplican esta modalidad en casos sin complicaciones.
El texto de reforma propone también la implementación de la sucesión extrajudicial o notarial en Argentina. En torno a ello, la Colegiación bonaerense destacó la crítica a la técnica legislativa del proyecto, cuestionando la opción de permitir este tipo de sucesión en casos sin controversia entre los herederos y cuando todos son capaces.
Se argumentó que el proyecto podría generar conflictos y que ya existe una regulación procesal suficiente en los códigos de procedimientos. Y se mencionó la oposición de expertos y colegios de abogados a la sucesión notarial, señalando posibles violaciones constitucionales y la falta de necesidad práctica, ya que los procesos sucesorios no contenciosos son generalmente simples y rápidos en la vía judicial.
Además, se criticaron aspectos específicos del proyecto, como los requisitos y aranceles notariales, sugiriendo que la intervención judicial brinda mayor seguridad jurídica. Se concluye mencionando la importancia de considerar la realidad política en la discusión del proyecto.
