Desde hace largos meses las autoridades del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA), venimos reclamando de la Dirección Provincial del Registro de las Personas la instrumentación de medidas concretas, para adecuar el funcionamiento de dicho órgano a la prolongada emergencia sanitaria.
La actividad registral ha sido declarada esencial.
Y resulta fundamental para que la ciudadanía, con la asistencia de sus profesionales de la abogacía, obtenga los instrumentos imprescindibles para la protección y el reconocimiento de sus derechos.
Sin embargo y transcurridos ya más de catorce meses desde el inicio de la pandemia, el servicio sigue siendo más que deficiente y carente de toda transparencia, con la inexplicable imposibilidad de ingresar trámites de expedición de partidas «on line», con intolerables restricciones que aparecen sistemáticamente cada día y a los pocos minutos de habilitarse el sistema y con enormes demoras en la expedición de lo que logra ser ingresado y en los trámites de inscripción de resoluciones judiciales.
Por ello, mantuvimos numerosas e infructuosas reuniones con el Director Provincial Dr. Patricio Zalabardo, quien nunca formuló propuestas de soluciones estructurales , sólo la asignación de limitados «cupos» de gestión de trámites para los Colegios Departamentales.
No pretendemos ignorar las dificultades en estos tiempos, pero la ciudadanía bonaerense no puede seguir limitada en sus derechos por la ausencia de respuesta del Estado, obligado a cumplir acabadamente con sus funciones esenciales.
En esa línea de pensamiento, no quedará otra alternativa que buscar en el ámbito judicial los anhelados y postergados remedios.
