El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires manifiesta su más enérgico rechazo a la reforma de la Ley 27.739 de lavado de activos y a la resolución 48/24 en la cual se incluye a la abogacía dentro de las profesiones obligadas a informar a la UIF de operaciones sospechosas.
La normativa implica violar uno de los pilares fundamentales de la profesión, el deber de confidencialidad entre cliente y abogado, requisito esencial para asegurar la protección jurídica y la garantía constitucional de la legítima defensa en juicio.
Dentro de la sociedad la profesión del abogado cumple un rol fundamental en el resguardo de los derechos y garantías de sus clientes, por lo que obligarlo a quebrantar, investigar e informar de hechos “sospechosos de lavado de activos” que la ley no aclara acabadamente, es lisa y llanamente compelerlo a vulnerar el deber de guardar secreto profesional, delito penado por el art. 156 del Código Penal.
Es el Estado quien tiene la obligación de controlar este tipo de actividades sospechosas; para llevar a cabo esa tarea cuenta con numerosas dependencias y herramientas, por lo que resulta innecesario trasladar esta carga a los abogados, poniendo en riesgo su labor profesional y atentando contra la seguridad jurídica.
Por todo ello, instamos a las autoridades a la inmediata exclusión de los abogados y las abogadas de la lista de profesiones obligadas a informar a la UIF presuntas operaciones de lavado de dinero
