Convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo  numerosas gestiones luego de las cuales se efectivizó  la firma de un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y los Colegios Departamentales,  el 4 de diciembre último y que tiene por objeto facilitar a la población el acceso a la justicia, promoviendo la igualdad en el tratamiento de los habitantes, como así también la formulación y aplicación de políticas y programas de promoción y fortalecimiento de los derechos fundamentales.

La tarea se efectivizará a través de la cooperación institucional- Ministerio-Colegios Departamentales, proveyendo servicios de patrocinio jurídico gratuito a las comunidades más vulnerables, facilitando el acceso a la justicia, maximizando la eficiencia en el uso de recursos y ampliando su alcance a sectores mucho más amplios de la población.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA, es la encargada de llevar adelante este Convenio.

La noción de acceso a la justicia trasciende el de acceso a la jurisdicción. El acceso a la justicia se relaciona con la posibilidad de las personas, de hacer efectivos sus derechos en igualdad de condiciones. Una de las herramientas con las que cuenta el “MINISTERIO” para efectivizar el derecho de acceso a la justicia de la ciudadanía son los Centros de Acceso a Justicia, unidades territoriales distribuidas a lo largo de todo el país, en las que se presta un servicio integral de atención legal primaria para personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que ven dificultado o imposibilitado su acceso a la justicia.

Los consultantes de los Centros de Acceso a Justicia del “MINISTERIO” requieren, con un alto grado de frecuencia, de la provisión de servicios de patrocinio jurídico gratuito, que resultan necesarios a fin de que se efectúe la concreción del derecho de acceso a la justicia en aquellos casos que requieren la intervención de un órgano jurisdiccional para ser resueltos.

Por su parte los colegios de abogados tienen entre sus objetivos la promoción de asistencia y defensa jurídica de personas que carezcan de recursos económicos, pudiendo cooperar con los poderes públicos para el logro integral de esta finalidad, función esta última que se encuentra en concurrencia con las competencias descriptas que fueron atribuidas al “MINISTERIO” en materia de promoción y fortalecimiento del acceso a la justicia.

En cumplimiento de sus competencias, a fin de ejecutar su política pública de acceso a la justicia, el “MINISTERIO” coadyuvará al “COLEGIO” a llevar a cabo su finalidad de promover el acceso a la justicia a las comunidades más vulnerables, proveyendo servicios de patrocinio jurídico gratuito a través de la cooperación institucional, maximizando así la eficiencia en el uso de recursos y ampliando su alcance a sectores mucho más amplios de la población.

 Para cumplir con el fin establecido el “MINISTERIO” asignará al “COLEGIO” hasta 100 casos jurídicos de consultantes del “CAJ”, que se encuentren en situación de vulnerabilidad y necesiten acceder a un servicio de patrocinio jurídico gratuito para casos que no impliquen la realización de una demanda de cobro de sumas de dinero, o que impliquen una demanda de sumas de dinero de menor cuantía, correspondiendo el concepto de “menor cuantía” a un monto que ascienda hasta la suma equivalente a TRES (3) salarios mínimos, vitales y móviles.

A fines de colaborar con la implementación del presente Convenio Marco, el “MINISTERIO” proveerá un subsidio, por la totalidad de los casos que serán asignados. El “COLEGIO” destinará el subsidio mencionado al pago de honorarios a los abogados de la matrícula.

El “COLEGIO” debe organizar los servicios de modo tal que los profesionales que reciban los casos asuman los deberes éticos y profesionales hacia el cliente, sin costo alguno a cargo de este último hasta la finalización del caso.