“Nuestra Comisión seguirá trabajando fuertemente, en el convencimiento  que defendiendo las incumbencias estamos defendiendo no solamente a nuestra profesión, sino el interés social”

Dr. Ramón Pérez- Presidente Comisión  Incumbencias Profesionales

 

 

En otra oportunidad ya señalamos que el tema de nuestras incumbencias no pasaba por la defensa a ultranza de intereses sectoriales, sino que el conjunto de la población debe estar interesado en que cuando se ponen en juego cuestiones de índole jurídica, seamos  solamente los abogados los que podamos intervenir  para poder aconsejar debidamente a las partes intervinientes y dar una solución a sus conflictos y no se tenga que recurrir a profesionales de otras ramas del conocimiento.
Que tal proceder además no surja como una imposición, sino como un natural requerimiento de la sociedad.
Por ello es nuestro deber alertar sobre las perniciosas consecuencias de no valorar adecuadamente nuestra actividad profesional.
Asimismo, los abogados disponemos de fundadas razones para sostener que el alcance de nuestra actividad debería ser más amplio que el actual.
No cabe duda que esas razones coinciden con nuestros intereses particulares, pero no es mera retórica señalar que, al mismo tiempo, sería la sociedad quien resultaría beneficiada si se pudiese avanzar en esa dirección.
Pero para poder trabajar en ese sentido, los abogados debemos extremar el celo en nuestra formación jurídica y en el control ético del ejercicio profesional.
Desde la Comisión de Incumbencias hemos tratado de realizar acciones en ese sentido. Hemos buscado crear conciencia en nuestros matriculados de todos estos aspectos que señalamos.
En consecuencia se propuso y apoyó  la realización de jornadas en distintos colegios sobre el tema  “Incumbencias profesionales- Sucesiones extrajudiciales”, analizando lo que proponen los Escribanos acerca de implementar las denominadas – quizás con mayor precisión- “Sucesiones notariales”.
La Dra. Yolanda Pérez Buacar, Presidente de la Comisión de Incumbencias y Situación Ocupacional del Colegio de Abogados de La Matanza e integrante de nuestra Comisión fue quién realizó intervenciones sobre el tema en distintos Colegios, tales como La Plata, San Isidro, La Matanza, Morón, Trenque Lauquen y Dolores entre otros, donde expuso acerca de la necesidad de defender en materia sucesoria, el sistema que surge del Código Velezano que responde a varios principios, entre los que se encuentran primordialmente salvaguardar el orden público y para ello tener el debido control de legalidad. Aspectos estos que solo pueden ser garantizados mediante la  intervención imparcial del Poder Judicial , como un modo irremplazable de asegurar  y proteger el  interés general de la sociedad, rechazándose de esa forma el intento de modificar el sistema y pautas actualmente vigentes.
En todos los casos la exposición realizada como el intercambio posterior, permitió instalar el análisis y debate sobre el tema, que fue el propósito perseguido.
Se pudo comprobar asimismo que los matriculados de cada lugar  han ido tomando conciencia sobre el tema y de la importancia de sumarse a la defensa de nuestras incumbencias.
Como se dijo además, si se permitiera que los trámites sucesorios fuesen hechos por otras profesiones, se perdería una importantísima fuente de recursos en nuestras Cajas Previsionales lo que también atentaría directamente contra nuestra actividad. Paralelamente a las acciones de concientaciòn y siguiendo con el lineamiento ya explicitado,  que es necesario que nos capacitemos en forma permanente para tener una formación jurídica que permita dar respuesta a las distintas necesidades de la sociedad cuando seamos requeridos, se dispuso utilizar las herramientas de la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales ( Fundación CIJUSO) a fin  que los Colegios que así lo dispongan puedan ofertar cursos de capacitación a sus matriculados, en temas que se apartan de lo que comúnmente hacemos los abogados. Fue así que se llevaron a cabo, principalmente en algunos Colegios del interior, varios de los cursos de capacitación que la Fundación propone a través de su cartilla de cursos,  tales como : 1: Curso de Fideicomiso – a cargo del  Dr. Fulvio Santarelli.- 2.-  La reforma de la Ley de defensa del Consumidor. Nueva jurisprudencia: a cargo del Dr.  Jorge Oscar Rossi.- 3.-  Curso aspectos tributarios sobre las compensaciones, Contratos agropecuarios. Beneficios otorgados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y UCESCI.  Registro de operadores de granos. Jurisprudencia relacionada, a cargo de los Dres. Héctor Rafael Frega, Raúl Juan Carlos Baroni y Guillermo Vega : 4.- Taller sobre: Psicología para abogados: Para mejorar la relación del abogado y el cliente. Docente: Licenciada Sonia Cesio, entre otros.  
Y en ese mismo sentido, se continúa en forma permanente debatiendo cuál es la posición que debe asumir la abogacía organizada de la provincia, frente a la ley de Educación Superior y las disposiciones legales vigentes en el tema, siendo que aún la abogacía no ha sido declarada de interés público.
En la misma dirección de defensa de nuestra actividad, seguimos apoyando fuertemente desde la Comisión, los pasos previstos en la ley 13.951 y Decreto 2530/10, que implementa en el ámbito de la provincia de Buenos Aires,  la Mediación Previa obligatoria a todo juicio- como método alternativo de resolución de conflictos-, con las exclusiones establecidas en la propia ley-, con el objeto de promover y facilitar la comunicación directa entre las partes que permita la solución del conflicto, debiendo destacarse que conforme lo dispuesto en el art. 26 de la ley, para ser mediador judicial se requiere poseer título de abogado.
En ese sentido, podemos señalar con satisfacción que se trata de haber obtenido en forma legítima y por la decisión del Gobierno Provincial, una incumbencia que claramente nos corresponde, máxime teniendo en cuenta que en el sistema previsto por la ley, se requiere imprescindiblemente tener conocimientos de derecho, toda vez que el acuerdo que pueda obtenerse en la mediación, se someterá a la homologación del Juzgado que resulte sorteado conjuntamente con el mediador,  luego de formularse la pretensión y conforme lo previsto en los arts. 6 y 7 de la ley.   
Habiéndose culminado con los exámenes de Registro ante el Ministerio de Justicia y Seguridad, podemos decir con satisfacción que la abogacía provincial – y dentro de ella nuestra Comisión- ha contribuido decididamente a que finalmente pueda comenzar a regir la ley y que la mediación previa obligatoria a todo juicio- en los términos de la normativa- sea una realidad en la provincia.
Lo cual además es un claro ejemplo de cómo la atribución de una incumbencia a determina profesión, se ha realizado en miras del interés general y no del mero interés sectorial de la actividad involucrada.
Por último, corresponde destacar que hemos estado en permanente contacto y participando a través de distintos delegados que asisten a nuestra Comisión, en las reuniones de la Comisión de Incumbencias y Situación Ocupacional de la Federación Argentina de colegio de Abogados-FACA, lo que nos ha permitido ir analizando y tomando parte, de alguna forma, en las acciones que la abogacía organizada desarrolla a nivel nacional. Y en ese sentido, destacamos que varios miembros de la Comisión- entre los que me incluyo- participamos también de las Jornadas Nacionales de Incumbencias realizadas en el Colegio de Abogados de Tucumán, los días 28 y 29 de Octubre de 2010, en los que como principal conclusión, se resolvió articular acciones con las Cajas de Previsión de todo el país, a fin de poder afrontar costos que demanden las acciones en defensa de nuestras incumbencias.       
Falta aún mucho por hacer, pero a un año y cuatro meses de haberse iniciado las actividades de la Comisión, en esta etapa (téngase en cuenta que la primera reunión se llevó a cabo el día 18 de Agosto de 2010) podemos decir que algunos aspectos importantes se han ido logrando. Por un lado, la permanente participación de la mayoría de los colegios de la provincia que permiten una asistencia muy importante en cada reunión de la Comisión, que no hace decaer el entusiasmo por continuar generando acciones en defensa de nuestra actividad y revela asimismo que se ha despertado la conciencia de la abogacía provincial; en segundo lugar podemos observar también como muy positivo que se haya decidido estar en permanente contacto con el resto de la abogacía organizada del país, porque resulta evidente que muchas de las acciones que tenemos que emprender exceden claramente el mero ámbito provincial. Por último resulta también muy claro y útil a los fines perseguidos, que actualmente exista un debate y análisis fuertemente instalado en la provincia acerca de la defensa de nuestras incumbencias.
En síntesis, nuestra Comisión seguirá trabajando fuertemente, en el convencimiento  que defendiendo las incumbencias estamos defendiendo no solamente a nuestra profesión, sino el interés social.
Por eso ratificamos el concepto del  lema bajo el cual sesionó la Jornada Provincial de Incumbencias que hemos referido anteriormente: “La abogacía es la profesión que garantiza la justicia y la paz social.” 
Dr. Ramón Pérez- Presidente Comisión  Incumbencias Profesionales
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La Comisión de incumbencias dentro del marco de sus actividades ha coorganizado conjuntamente con la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de La Matanza , el pasado 28 de Octubre una Jornada Provincial de Incumbencias, que se desarrolló en la sede de la Universidad Nacional de La Matanza y en homenaje al recientemente y lamentablemente  fallecido Presidente del Colegio de Abogados de La Matanza y amigo, Dr. Edgardo Pablo Ayale, jornada que tuvo por lema “ La Abogacía garantiza la justicia y la paz social”.
Se llevaron a cabo dos paneles, uno por la mañana referido a “Educación legal y formación profesional” donde disertaron los Dres. María Fernanda Vazquez, Yolanda Perez Buacar,  Fernando J.J. Varela y  Juan Carlos París, en el que los distintos disertantes expusieron sus criterios acerca del nivel académico que deben tener los abogados que egresan de nuestras facultades. En ese sentido y más allá de los distintos pareceres que quedaron evidenciados en los debates posteriores, se pudo extraer como conclusión que la formación del abogado debe reflejarse en las currículas y en los niveles formativos universitarios, que las facultades deben asumir con responsabilidad la formación del abogado, logrando la reflexión crítica, la lectura, el análisis y el desarrollo del pensamiento jurídico junto al método crítico, que es lo que le permitirá al mismo desempeñarse con éxito en su profesión y satisfacer los requerimientos que la sociedad le solicite.              
Por la tarde, y con la participación de los Dres. Jorge Santi, José Botteri, Alberto Biglieri, Antonio E. Carabio y Augusto Wayar se realizó un panel sobre temas específicos de Incumbencias profesionales, donde los disertantes dieron su visión sobre distintos aspectos de la actividad: Incumbencias profesionales en Derecho Comercial y Empresario, el rol de los abogados en los Procesos de Quiebra; sus funciones ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y ante el Tribunal Fiscal, fueron algunos de los temas abordados desde el punto de vista de las incumbencias. Igualmente se analizó el tema de la peligrosidad para la sociedad de transferir bienes por vía de donaciones buscando evitar los trámites sucesorios e igualmente proposiciones acerca de cómo abordar la defensa de nuestras incumbencias en lo que se consideró un claro conflicto con otras profesiones. Al igual que por la mañana, a posteriori de las exposiciones se generó un amplio debate entre los numerosos asistentes, que permitió observar con satisfacción que los propósitos de la jornada, en el sentido de despertar inquietudes, debates y pensar en cursos de acción se habían cumplido plenamente.