Requieren se deje sin efecto la reciente creación de tres Juzgados Civiles y Comerciales en el Departamento Judicial de Dolores. Piden a la hora de la toma de decisiones no se obvie la intervención de la Comisión de Estudio del Mapa Judicial.
El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, entidad que nuclea a la abogacía provincial, a través de un comunicado ha hecho saber que solicitó al Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, el veto de la ley sancionada en fecha reciente, mediante la cual se crearon tres Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial descentralizados en el Departamento Judicial de Dolores, con ubicación en las localidades de Villa Gesell, Pinamar y Mar del Tuyú.
Poniendo de manifiesto que lo ha motivado “ la circunstancia de no haberse dado intervención en momento alguno del trámite a la Comisión de Estudio del Mapa Judicial, creada por la misma Legislatura mediante la ley 13.778 -luego modificada por la ley 13.822-, cuando el origen de esa decisión obedeció, precisamente, a la necesidad de “…proponer modificaciones en el ordenamiento territorial del Poder Judicial, para hacer efectivo el postulado de igualitario acceso a la justicia y dar celeridad al funcionamiento de la administración de justicia…”.
Destacando que alentó desde un principio la instalación de la aludida Comisión, “propugnando inclusive que la misma adquiera carácter permanente, dadas las iniciativas existentes en cuanto a la creación de nuevos tribunales, y la imperiosa necesidad de establecer un ordenamiento adecuado y prudente. Celebró la entidad colegial, oportunamente, la idea sustentada por el Poder Ejecutivo al dar forma a esa Comisión, que se estima indispensable en el ámbito bonaerense.”
Marcando como evidente la contradicción que significa el rumbo tomado, “que exime de mayor abundamiento en lo que respecta a la clara desviación del objetivo originario, lo que, sin duda, da lugar a esta evaluación crítica que no va dirigida a los legisladores en cuanto tales –dado lo imponderable de las razones políticas que en ocasiones suelen prevalecer-, sino al procedimiento en sí mismo, que se estima inadmisible y hasta ilógico.”
Señalando la circunstancia que en un primer intento, el proyecto de ley proponía la eliminación de los respectivos Juzgados de Paz, “contraviniendo así la prohibición expresa que emana del art. 172 de la Constitución de la Provincia, para posteriormente ser modificado en ese aspecto -al advertirse el error-, corresponde señalar que el instrumento sancionado dista de satisfacer los parámetros de interés general, puesto que, de mantenerse el criterio, se producirían conflictos jurisdiccionales y de competencia como consecuencia del funcionamiento simultáneo de dichos Juzgados de Paz y los de Primera Instancia que se pretende establecer, en una superposición de materias susceptible de ser calificada como incompatible con los fines que se persiguen.” Dejando de lado las facultades atribuidas a los legisladores, estima procedente “un serio llamado a la reflexión para evitar y prevenir tales disidencias, ya que para ello fue creada, indudablemente, la Comisión del Mapa Judicial, lamentablemente relegada en los casos expuestos.”
Para finalizar, el Colegio requiere del Poder Ejecutivo, con los argumentos esgrimidos, el veto antes mencionado “en aras de una mejor administración de justicia, para que en lo sucesivo no se prescinda de la aludida Comisión, y como elemento sustancial que hace al logro de la paz social.”
