La COMISI\u00d3N DE J\u00d3VENES ABOGADOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, adhiere y hace suyaS, las manifestaciones del COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y de la CAJA DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en relaci\u00f3n al rechazo y preocupaci\u00f3n que genera en la comunidad abogadil, m\u00e1s precisamente en el sector que representamos, el fallo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en autos: \u00abISLA, SARA E. C\/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES. AMPARO. RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY\u00bb, Expte. N\u00ba 71.170 de tr\u00e1mite ante el cimero Tribunal.<\/span><\/p>\n <\/p>\n Desde este espacio, entendemos que sin perjuicio de manifestar nuestro m\u00e1s en\u00e9rgico rechazo a la resoluci\u00f3n aludida, tenemos el deber de analizar el precedente, aportando elementos que aporten claridad a la injusta situaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n Consideramos que dicho fallo adem\u00e1s de afectar la justa retribuci\u00f3n del trabajo profesional, lesiona leg\u00edtimos derechos adquiridos por parte de quienes ejercemos esta noble profesi\u00f3n liberal y adolece de serios errores conceptuales, que como representantes de la joven colegiaci\u00f3n, estamos en la obligaci\u00f3n de resaltar, e instar a su oportuna rectificaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n Adentr\u00e1ndonos en el an\u00e1lisis del caso concreto. Es dable observar, que el voto mayoritario, en la causa citada, justifica su decisorio, afirmando la derogaci\u00f3n del Art. 54 inciso b) por parte de la Ley 23.928, y su modificatoria 25.561.<\/span><\/p>\n Previo avanzar en el tratamiento, corresponde hacer un an\u00e1lisis normativo del articulado en cuesti\u00f3n: El ARTICULO 54 de la Ley N\u00ba 8.904, indica:\u00a0\u00abLos honorarios regulados judicialmente deber\u00e1n abonarse dentro de los diez (10) d\u00edas de quedar firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonar\u00e1n dentro de los diez (10) d\u00edas de intimado su pago, cuando sean exigibles. \u00a0Operada la mora, el profesional podr\u00e1 optar por: a)\u00a0Reclamar los honorarios revaluados con el reajuste establecido en el art\u00edculo 24, con m\u00e1s un inter\u00e9s del ocho (8) por ciento anual. b)\u00a0Reclamar los honorarios, con m\u00e1s el inter\u00e9s que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de descuento. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedar\u00e1n firmes a su respecto si la notificaci\u00f3n se hubiere practicado en su domicilio real. En la c\u00e9dula de notificaci\u00f3n, en todos los casos y bajo apercibimiento de nulidad, deber\u00e1 transcribirse este art\u00edculo.<\/span><\/p>\n Por su parte, el art\u00edculo 10 de la Ley N\u00ba 23.928 actualizada por Ley N\u00ba 25.326, reza:\u00a0\u00abArt\u00edculo 10. \u2014 Manti\u00e9nense derogadas, con efecto a partir del 1\u00b0 de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexaci\u00f3n por precios, actualizaci\u00f3n monetaria, variaci\u00f3n de costos o cualquier otra forma de repotenciaci\u00f3n de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogaci\u00f3n se aplicar\u00e1 aun a los efectos de las relaciones y situaciones jur\u00eddicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cl\u00e1usula legal, reglamentaria, contractual o convencional \u2014inclusive convenios colectivos de trabajo\u2014 de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar\u00bb.<\/span><\/p>\n Por \u00faltimo, el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley N\u00ba 23.928 y su modificatoria, indica:\u00a0\u00abEl deudor de una obligaci\u00f3n de dar una suma determinada de pesos cumple su obligaci\u00f3n dando el d\u00eda de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ning\u00fan caso se admitir\u00e1 actualizaci\u00f3n monetaria, indexaci\u00f3n por precios, variaci\u00f3n de costos o repotenciaci\u00f3n de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley. Quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias y ser\u00e1n inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales que contravinieren lo aqu\u00ed dispuesto.<\/span><\/p>\n Habiendo identificado el marco normativo donde se asienta el eje argumental del aludido fallo, debemos dejar aclarado que adherimos al voto del Ministro Genoud, en el precedente bajo an\u00e1lisis, quien cita el voto del Dr. Roncoroni en la causa \u00abBanco Comercial de Finanzas\u00bb, Sentencia del 19-IV-2006, AC. 77.434, en cuanto a que debe recordarse que no existe derogaci\u00f3n expresa del precepto en cuesti\u00f3n, y posteriormente indica, que lo dispuesto en la Ley N\u00ba 23.928 modificada, alberga lo dispuesto en el art\u00edculo 54 inciso a), que expresamente consagra la posibilidad de revaluar la suma adeudada, seg\u00fan variaci\u00f3n de los \u00edndices de precios que suministre el INDEC, (remisi\u00f3n al art\u00edculo 24 del mismo Decreto Ley N\u00ba 8.904\/1.977, pero en modo alguno servir\u00eda para anatematizar el inciso b, que no habla de potenciar la deuda, sino de adicionarle intereses calcul\u00e1ndolos a la tasa activa.<\/span><\/p>\n Indicaba el entonces Ministro Roncoroni, que no puede considerarse afectado el inciso b del referido art\u00edculo, por la prohibici\u00f3n de indexar proveniente de la ley de Convertibilidad por el solo hecho de fijar determinada tasa.\u00a0En su voto, el Ministro Genoud aporta, que la ley de emergencia, en su art\u00edculo 7\u00ba, no impide la fijaci\u00f3n de intereses. Lo prohibido, estando a lo dispuesto en el art\u00edculo 10 de la citada Ley N\u00ba 23.928, es la actualizaci\u00f3n monetaria, indexaci\u00f3n por precios, variaci\u00f3n de costos o repotenciaci\u00f3n de deudas, cualquiera fuera su causa, haya o no mora del deudor. Lo que ha sido vedado entonces, es un mecanismo y no un resultado. Lo que ha sido prohibida es la indexaci\u00f3n, no las tasas de inter\u00e9s que puedan, -o no- arrojar resultados superiores. <\/span><\/p>\n Continuando con lo supra referido, entendemos que la sentencia del cimero tribunal, adolece de errores conceptuales, en cuanto a que no puede confundirse una tasa de inter\u00e9s\u00a0cualquiera sea su guarismo, con un mecanismo de repotenciaci\u00f3n o indexaci\u00f3n de deudas, tal como lo hace la mayor\u00eda en el fallo citado.<\/span><\/p>\n La aplicaci\u00f3n de los intereses moratorios presupone compensar al acreedor por la demora en el cobro de ese cr\u00e9dito. Aunque se dispusiera el pago de intereses moratorios a una tasa que superara la medida del envilecimiento de la moneda\u00a0lo que no necesariamente ocurre en el caso de la tasa activa, ello no significa que se est\u00e9\u00a0indexando la deuda, sino que tan s\u00f3lo se decide, en un lapso en que la ley no tolera repotenciaci\u00f3n, cu\u00e1l es el inter\u00e9s moratorio aplicable (CNCiv. y Com. Fed, Sala I, causa 2094\/92 del 26\/05\/1994 y sus citas).<\/span><\/p>\n As\u00ed, la funci\u00f3n del inter\u00e9s moratorio en las obligaciones de dar sumas de dinero es compensar al acreedor de los perjuicios e intereses que debe el deudor moroso (v. nota al art\u00edculo 622 del C\u00f3digo Civil de V\u00e9lez Sarsfield) de modo tal de cumplir con el requisito la integralidad del pago plasmado en el texto del art\u00edculo 505 del mismo C\u00f3digo. Tanto as\u00ed\u00a0que el art\u00edculo 1.740 del nuevo C\u00f3digo Civil y Comercial establece que la plena reparaci\u00f3n del da\u00f1o debe consistir en la restituci\u00f3n de la situaci\u00f3n del damnificado al estado anterior al hecho da\u00f1oso, lo que obviamente incluye el pago de los intereses respectivos a una tasa que cumpla tal funci\u00f3n resarcitoria.<\/span><\/p>\n Coherente con lo indicado por el ex Ministro Roncoroni, la interpretaci\u00f3n sist\u00e9mica de la norma impone admitir que el inciso\u00a0\u201ca\u201d\u00a0del art\u00edculo 54 citado se refer\u00eda a la indexaci\u00f3n, mientras que el inciso\u00a0\u201cb\u201d\u00a0alude s\u00f3lo a intereses, conceptos que\u00a0como se ha visto, no pueden confundirse.<\/span><\/p>\n Finalmente, cabe decir que la aplicaci\u00f3n de la tasa pasiva a los honorarios profesionales resulta violatoria de la Constituci\u00f3n Nacional en tanto no s\u00f3lo no alcanza a reparar el da\u00f1o moratorio, sino que ni tan siquiera mantiene el valor del cr\u00e9dito alimentario que los honorarios representan, premiando en cambio al deudor que se beneficia con la falta de pago a trav\u00e9s del\u00a0\u201cdinero judicial barato\u201d\u00a0(CNTrab., Sala VIII, causa 34.235\/2007, sent.: 34446 del 14\/08\/2011).<\/span><\/p>\n Y as\u00ed\u00a0se ha dicho que mediante la aplicaci\u00f3n de la tasa pasiva a los honorarios de abogados\u00a0\u201c\u2026se estar\u00eda beneficiando el inter\u00e9s ileg\u00edtimo del deudor moroso en contra del derecho a la dignidad de la persona del acreedor, manifestada por la expresi\u00f3n y el reconocimiento de la actividad que fue fuente generadora de los recursos por el trabajo desplegado; acreedor que ver\u00eda menguado su patrimonio recibiendo un trato desigual al de otros acreedores de deudas dinerarias en las mismas condiciones econ\u00f3micas imperantes; todo ello en clara contraposici\u00f3n a los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 28 y 31 de la Constituci\u00f3n Nacional\u2026\u201d\u00a0(CN Fed. Civ. y Com., Sala II,\u00a0in re\u00a0\u201cA., A. D. y Otros c. Estado Nacional Prefectura Naval Argentina s\/ cobro de sumas de dinero\u201d, del 29\/05\/2015, en LL 2015-C, 613).<\/span><\/p>\n Lo anterior resulta agraviante a las garant\u00edas asignadas por la Constituci\u00f3n Nacional al trabajo personal, a la igualdad y a la propiedad (art\u00edculos 14 bis, 16 y 17). M\u00e1xime cuando la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n ha establecido que\u00a0\u00ab… El cr\u00e9dito por honorarios est\u00e1\u00a0amparado por el derecho constitucional a la justa retribuci\u00f3n por el trabajo personal\u2026\u201d\u00a0(art\u00edculo 14 bis de la Constituci\u00f3n Nacional; C.S.J.N., Fallos 293:239 cons. 7\u00a0in fine) y es, por ende, de car\u00e1cter alimentario (C.S.J.N. Fallos: 294, 434 cons. 10).<\/span><\/p>\n Por otra parte, y considerando la reciente puesta en vigencia del C\u00f3digo Civil y Comercial de la Naci\u00f3n, corresponde tener presente la interpretaci\u00f3n que realiza la C\u00e1mara Civil y Comercial Federal, en el precedente:\u00a0\u00abARASANZ ANTONIO DOMINGO Y OTROS C\/ ESTADO NACIONAL PREFECTURA NAVAL ARGENTINA SI COBRO DE SUMAS DE DINERO\u00bb Causa N\u00ba 27.440\/1994, en un caso an\u00e1logo sobre aplicaci\u00f3n de intereses. Si bien, en estas actuaciones, el motivo de agravio, es la aplicaci\u00f3n de la tasa activa prevista en el art\u00edculo 6\u00ba de la primitiva Ley N\u00ba 21.839, se deja plasmado en este fallo,\u00a0los principios en la materia del nuevo C\u00f3digo Civil y Comercial, que entrara en vigencia el pasado 1\u00ba de agosto. Sobre la nueva norma, el fallo recalc\u00f3 \u00abes flexible a las adaptaciones al medio econ\u00f3mico y remite a las reglamentaciones del Banco Central y a las tasas que sean adicionadas por el juez \u00abseg\u00fan las circunstancias del caso\u00bb para fijar el monto de la indemnizaci\u00f3n por mora en las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto (art. 552). Lo propio hace con los intereses compensatorios en las obligaciones de dar suma de dinero cuando la tasa no fue acordada por las partes, ni por las leyes (debe entenderse a aquellas no cuestionadas por su inconstitucionalidad), ni resulta de los usos (art. 767)\u00bb.<\/span><\/p>\n De cerrar los ojos frente al nominalismo impuesto en las actuales circunstancias de la econom\u00eda del pa\u00eds, lejos de conjugar valores en juego, se estar\u00eda beneficiando el inter\u00e9s ilegitimo del deudor moroso en contra del derecho a la dignidad de la persona del acreedor -en este caso un colega-, manifestada por la expresi\u00f3n y el reconocimiento de la actividad que fue fuente generadora de los recursos por el trabajo desplegado; acreedor que ver\u00eda menguado su patrimonio recibiendo un trato desigual al de otros acreedores de deudas dinerarias en las mismas condiciones econ\u00f3micas imperantes; todo ello en clara contraposici\u00f3n a los art\u00edculos 14, 14 bis, 16, 17, 28 y 31 de la Constituci\u00f3n Nacional. En definitiva, concluyeron los camaristas, el problema no era la aplicaci\u00f3n de la tasa, \u00ablo que atenta contra el orden constitucional es su imposici\u00f3n como \u00fanica en situaciones econ\u00f3micas que requieren de una adecuada adaptaci\u00f3n mediante reglas que tiendan a distribuir equitativamente entre las partes las consecuencias de los hechos econ\u00f3micos ajenos a ellas\u00bb, y por ello fallaron por la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad del citado art\u00edculo 6\u00ba de la Ley N\u00ba 21.389. Entendemos que por los mismos fundamentos esgrimidos en este antecedente, e independientemente de lo consignado en la norma puesta en crisis por el fallo del Supremo Tribunal de Justicia Provincial, desde la Colegiaci\u00f3n Organizada, se debe trabajar en aras de determinar un mecanismo aplicable tendiente a preservar el cr\u00e9dito de nuestros honorarios impagos. En virtud de esto, ofrecemos nuestra colaboraci\u00f3n e instamos a las Instituciones que nos nuclean, a realizar las gestiones necesarias, a fin de generar los mecanismos pertinentes en pos la defensa de nuestros honorarios profesionales.<\/span><\/p>\n \u00a0<\/p>\n Comisi\u00f3n de J\u00f3venes Abogados de la Provincia de Buenos Aires.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Comentarios al Fallo \u201c ISLA, Sara E. 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