{"id":572,"date":"2013-10-03T14:14:06","date_gmt":"2013-10-03T14:14:06","guid":{"rendered":"http:\/\/colproba.org.ar\/j\/2013\/10\/03\/se-promovio-un-amparo-contra-anses\/"},"modified":"2013-10-03T14:14:06","modified_gmt":"2013-10-03T14:14:06","slug":"se-promovio-un-amparo-contra-anses","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/colproba.org.ar\/l\/2013\/10\/03\/se-promovio-un-amparo-contra-anses\/","title":{"rendered":"SE PROMOVI\u00d3 UN AMPARO CONTRA ANSES"},"content":{"rendered":"

EL Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires\u00a0 promovi\u00f3 un amparo, contra \u201cactos u omisiones\u201d de la Administraci\u00f3n Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que entienden, lesionan de manera arbitraria y manifiesta derechos constitucionalmente protegidos de todos los abogados de la provincia.<\/p>\n

La acci\u00f3n de amparo, que recay\u00f3 en el Juzgado Federal N\u00ba4 \u00a0de la ciudad de La Plata, a cargo del Dr. Alberto O. RECONDO, ha sido dirigida para poner l\u00edmite a las normativas internas del ente que afectan gravemente el desempe\u00f1o profesional de los abogados, relativo a la solicitud de turnos para tr\u00e1mites previsionales. Se requiri\u00f3 \u00a0tambi\u00e9n \u00a0el inmediato cese a las reiteradas manifestaciones agraviantes a la dignidad de los profesionales del Derecho, que en \u00a0forma de carteles, spots publicitarios y textos en la P\u00e1gina Web, dan cuenta de la existencia de una verdadera campa\u00f1a administrativa de desprestigio de la profesi\u00f3n, manifiestamente injustificada y lesiva de los derechos constitucionales de los abogados<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Se solicit\u00f3 asimismo el dictado urgente de una medida cautelar para la inmediata suspensi\u00f3n de los efectos de la citada \u201cresoluci\u00f3n\u201d, orden\u00e1ndose a la ANSES que permita a los profesionales matriculados en los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires la presentaci\u00f3n de tr\u00e1mites previsionales sin limitaci\u00f3n de cantidad y se proceda a retirar de manera inmediata textos en la P\u00e1gina Web, spots publicitarios, carteles, banners y afiches de las dependencias del ANSES de la toda la Provincia, que hagan referencias agraviantes a la dignidad de los abogados.<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

PROMUEVE ACCI\u00d3N DE AMPARO. SOLICITA MEDIDA CAUTELAR. CASO FEDERAL.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Se\u00f1or Juez Federal:<\/span><\/strong><\/p>\n

<\/span><\/strong>Bienvenido RODR\u00cdGUEZ BASALO<\/span><\/strong> (abogado, Tomo 71, Folio 215 de la C.F.A.L.P.) en mi car\u00e1cter de Presidente del COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y del COLEGIO DE ABOGADOS DE QUILMES, con domicilio real en calle 14 N\u00ba 747, de La Plata, con el patrocinio letrado del Dr. Francisco Roberto BRUMAT <\/strong>(a<\/span>bogado, T\u00b0 67 y F\u00b0 414, C.F.L.P.)<\/span>, y constituyendo domicilio procesal en calle 14 N\u00ba 747 (esquina 47), de la ciudad de La Plata, ante V.S. nos presentamos y respetuosamente decimos:<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

1. <\/span><\/span><\/strong>PERSONERIA.<\/span><\/strong><\/p>\n

Como surge del testimonio del Acta n\u00famero 692<\/strong> que se acompa\u00f1a, correspondiente a la sesi\u00f3n del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires<\/strong>, llevada a cabo el d\u00eda 6 de junio de 2012 (ver Anexo I<\/strong>), he sido designado presidente de dicho organismo profesional, hasta el d\u00eda 31 de mayo de 2014, de acuerdo a lo prescripto en el art\u00edculo 52, segundo p\u00e1rrafo, de la Ley 5177 (t. o. Decreto 2885\/01). <\/span><\/p>\n

Esta designaci\u00f3n implica, por s\u00ed sola, un mandato para representar al COLPROBA de los que habilita al art\u00edculo 50, inc. k), de la Ley 5177 (t.o. Decreto 2885\/01), debiendo se\u00f1alarse, a su vez, que el art\u00edculo 49 de la misma norma establece que \u201c<\/em>…la representaci\u00f3n<\/strong> del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires estar\u00e1 a cargo de un Consejo Superior, integrado por los Presidentes de los Colegios Departamentales que funcionen en el territorio de la Provincia de Buenos Aires\u2026<\/em>\u201d, en tanto que el art\u00edculo 52 prescribe que dicho Consejo Superior \u201c\u2026 designar\u00e1 de entre sus miembros un Presidente\u2026<\/em>\u201d. <\/span><\/p>\n

Como ya lo ha reconocido la jurisprudencia, los representantes legales de las asociaciones, corporaciones u otras entidades (como las simples asociaciones que tienen capacidad para estar en juicio: SCBA, La Ley<\/em>, 75-769, Jurisprudencia Argentina<\/em>, 1954-IV-174; C\u00e1mara 2\u00aa La Plata, D.J.<\/em> 64-78; C\u00e1mara 1\u00aa La Plata, La Ley<\/em>, 51-11; Jurisprudencia Argentina<\/em>, 1948-I-456, y otros), pueden acreditar el car\u00e1cter que invisten por medio de documentos, como el testimonio de los estatutos o acta de su designaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En virtud de ello y en el car\u00e1cter invocado, comparezco en estos actuados en nombre y representaci\u00f3n de la entidad colegial, y solicito ser tenido por presentado, parte, y con el domicilio procesal constituido en el arriba indicado.<\/span><\/p>\n

2. <\/span><\/span>OBJETO<\/span><\/h1>\n

Esta presentaci\u00f3n tiene por objeto:<\/span><\/p>\n

a) Promover acci\u00f3n de amparo<\/strong> \u2013en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 43 de la Constituci\u00f3n Nacional, y la ley nacional 16.986\u2013 contra los siguientes \u201cactos u omisiones\u201d de la Administraci\u00f3n Nacional de la Seguridad Social (en adelante, ANSES<\/span>) que lesionan de manera arbitraria y manifiesta derechos constitucionalmente protegidos del suscripto, y de todos los abogados de la jurisdicci\u00f3n del Colegio, a saber:<\/span><\/p>\n

(i) el acto de la ANSES (identificado como \u201cresoluci\u00f3n o \u201ccircular\u201d \u201cPRE\u201311\u201301\u201d, que se adjunta como Anexo II) en virtud del cual se dispuso implementar un nuevo sistema de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites previsionales por parte de abogados, condicionando esa presentaci\u00f3n a la previa obtenci\u00f3n de un turno, limitando esos turnos a un m\u00e1ximo de 4 por d\u00eda, exigiendo que los tr\u00e1mites sean presentados personalmente por el apoderado, <\/strong>y con exclusi\u00f3n de su remisi\u00f3n por correspondencia; y<\/span><\/p>\n

(ii) las reiteradas manifestaciones agraviantes a la dignidad de los profesionales del Derecho, en la forma de carteles, spots publicitarios y textos en la P\u00e1gina Web (conf. las constancias adjuntas como Anexo III) que dan cuenta de la existencia de una verdadera campa\u00f1a administrativa de desprestigio de la profesi\u00f3n del abogado<\/span>, manifiestamente injustificada y lesiva de nuestros derechos constitucionales.<\/span><\/p>\n

b) Solicitar el dictado de una medida cautelar<\/strong> que disponga:<\/span><\/p>\n

(i) la inmediata suspensi\u00f3n de efectos de la citada \u201cresoluci\u00f3n\u201d o \u201ccircular\u201d PRE\u201311\u201301\u201d, en lo que aqu\u00ed se ataca, en atenci\u00f3n a su manifiesta ilegitimidad y arbitrariedad, y en consecuencia, ordene a la ANSES que permita a los profesionales matriculados en los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires la presentaci\u00f3n de tr\u00e1mites previsionales sin limitaci\u00f3n de cantidad.<\/strong><\/span><\/p>\n

(ii) <\/span>proceda a retirar de manera inmediata <\/span>textos en la P\u00e1gina Web, spots publicitarios, carteles, banners y afiches de las dependencias del ANSES <\/strong><\/span>de la toda la Provincia<\/span><\/strong><\/span>, <\/span><\/span>que hagan referencias <\/span>agraviantes a la dignidad de los abogados.<\/span><\/span><\/p>\n

Denuncio el domicilio de la demandada (ANSES) en calle 9 N\u00ba 1279 de la ciudad de La Plata.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

3. <\/span><\/span><\/strong>REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA ACCI\u00d3N.<\/span><\/strong><\/p>\n

3.1.<\/span> Legitimaci\u00f3n activa<\/span><\/span><\/h2>\n

La Ley 5177 de la Provincia de Buenos Aires\u00a0 (acompa\u00f1ado como Anexo IV) reglamenta el ejercicio profesional de la abogac\u00eda en el \u00e1mbito de esa\u00a0 Provincia. En su art\u00edculo 18 prev\u00e9 que los colegios departamentales (como el Colegio que represento) funcionar\u00e1n \u201ccon el car\u00e1cter, derechos y obligaciones de las personas jur\u00eddicas de derecho p\u00fablico no estatal\u201d<\/em>.<\/span><\/p>\n

La legitimaci\u00f3n del Colegio para promover la presente acci\u00f3n de amparo resulta esencialmente de esta Ley, y en particular de su art. 19, que incluye \u2013entre otras funciones de los colegios departamentales\u2013 las siguientes:<\/span><\/p>\n

4.<\/span><\/em><\/strong> Asistir y defender a los miembros del Colegio, ejerciendo las acciones pertinentes<\/span>, administrativas y\/o judiciales<\/span>, para asegurarles el libre ejercicio de la profesi\u00f3n<\/span>. Velar por el decoro de los matriculados<\/span> y afianzar la armon\u00eda entre \u00e9stos.<\/span><\/em><\/p>\n

(\u2026) <\/span><\/em><\/p>\n

9.<\/span><\/em><\/strong> Cumplir y hacer cumplir el mandato \u00e9tico superior de la abogac\u00eda, de defender la justicia, la democracia, el estado de derecho y las instituciones republicanas<\/span> en toda situaci\u00f3n en la que \u00e9stos valores se encuentren comprometidos, conforme a los derechos y garant\u00edas constitucionales<\/span>.
10.<\/strong> Hacer conocer a los matriculados, a las autoridades p\u00fablicas y a la comunidad, las irregularidades y deficiencias que se advirtieren en el funcionamiento de los organismos p\u00fablicos<\/span>, y las situaciones en las que se requiera la defensa del valor justicia para el aseguramiento de los derechos constitucionales<\/span>.<\/span><\/em><\/p>\n

(\u2026)<\/span><\/em><\/p>\n

23.<\/span><\/em><\/strong> Propender, en general, al mejoramiento y atenci\u00f3n del bienestar del matriculado<\/span> y su familia, en relaci\u00f3n a sus necesidades f\u00edsica y espiritual, dentro del marco de confraternidad que emana de esta ley <\/span><\/em>(el destacado no est\u00e1 en el original).<\/span><\/p>\n

Al final de ese mismo art\u00edculo, adem\u00e1s, se aclara que la enunciaci\u00f3n de estas facultades no es limitativa:<\/span><\/p>\n

Las facultades enunciadas en los incisos precedentes, no se entender\u00e1n como negaci\u00f3n de otras atribuciones que correspondan a la capacidad reconocida por la ley a las personas jur\u00eddicas, o se relacionen con el ejercicio de la abogac\u00eda y procuraci\u00f3n considerado como problema provincial o nacional<\/span>, con la instituci\u00f3n de la\u00a0 justicia, con el estudio y progreso de la legislaci\u00f3n y la\u00a0 jurisprudencia su actualizaci\u00f3n, perfeccionamientos cient\u00edfico-jur\u00eddicos de los profesionales <\/span><\/em>(el destacado no est\u00e1 en el original).<\/em><\/span><\/p>\n

A mayor abundamiento, el art\u00edculo 42 de la misma Ley, al definir las incumbencias del Consejo Directivo de cada colegio departamental, precisa que corresponde a los mismos (y por l\u00f3gica consecuencia al respectivo Colegio):<\/span><\/p>\n

4.<\/span><\/em><\/strong> Representar a los matriculados en ejercicio, dictando las disposiciones necesarias y ejerciendo las acciones judiciales<\/span> y administrativas pertinentes, para asegurarles el leg\u00edtimo desempe\u00f1o de su profesi\u00f3n<\/span>.<\/span><\/em><\/p>\n

5.<\/span><\/em><\/strong> Defender los derechos e intereses profesionales leg\u00edtimos, el honor y la dignidad de los abogados, velando por el decoro e independencia de la profesi\u00f3n<\/span>.<\/span><\/em><\/p>\n

La pretensi\u00f3n que se deduce en el sub lite <\/em>persigue, por un lado, la defensa de los derechos individuales homog\u00e9neos de los abogados, matriculados en la jurisdicci\u00f3n departamental que corresponde al Colegio (y los propios del suscripto) afectados por el arbitrario e ileg\u00edtimo sistema de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites de la ANSES, y por el otro, la defensa de la dignidad y el honor de la profesi\u00f3n de abogado frente a las injustificadas y arbitrarias agresiones p\u00fablicas del organismo, en el marco de una indudable campa\u00f1a de desprestigio que V.S. debe hacer cesar.<\/span><\/p>\n

De las normas transcriptas se deduce que el Colegio se halla plenamente facultado para defender \u2013incluso judicialmente\u2013 el libre y pleno ejercicio de los derechos de los profesionales de la abogac\u00eda matriculados en su jurisdicci\u00f3n, as\u00ed como la dignidad y el prestigio de la profesi\u00f3n del abogado, frente a cualquier interferencia de las autoridades p\u00fablicas. M\u00e1s a\u00fan, las citadas normas de la Ley 5177 funcionan como una verdadera encomienda de responsabilidad, de forma tal que el Colegio, al promover la presente acci\u00f3n de amparo, est\u00e1 cumpliendo con su cometido espec\u00edfico, y actuando en defensa de los intereses que la norma le manda proteger<\/span>.<\/span><\/p>\n

Se\u00f1alado lo anterior, corresponde destacar que la legitimaci\u00f3n de los colegios profesionales para intervenir en juicio en defensa de los derechos de sus asociados \u2013ya se trate de intereses colectivos, o incluso de intereses individuales homog\u00e9neos\u2013 ha sido tradicionalmente admitida por la jurisprudencia en cuestiones an\u00e1logas a la presente, que comprometen el regular desempe\u00f1o de la profesi\u00f3n y el respeto de su dignidad y prestigio. <\/span><\/p>\n

As\u00ed, por ejemplo, la Sala IV de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal admiti\u00f3 la legitimaci\u00f3n de la FACA, federaci\u00f3n que nuclea a los Colegios Provinciales del pa\u00eds (en un caso en el que se impugnaba la legitimidad de la Ley 26.080) considerando que en ese caso \u201c\u2026se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, existe una homogeneidad f\u00e1ctica y normativa que lleva a considerar razonable la realizaci\u00f3n de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada, en tanto el inter\u00e9s individual considerado aisladamente no justifica la promoci\u00f3n de una demanda, con lo cual podr\u00eda verse afectado el acceso a la justicia\u201d<\/em>. Y agreg\u00f3 a continuaci\u00f3n que \u201cla pretensi\u00f3n no se circunscribe a procurar, una tutela de los intereses de la Federaci\u00f3n sino que, por la \u00edndole de los derechos en juego, es representativa de los intereses de todos los abogados, conforme surge del estatuto y especialmente de las actas de fs. 216\/218 y 230\/238\u201d[1]<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/a><\/em>.<\/span><\/p>\n

Por otra parte la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, en varias oportunidades, al reconocerle legitimaci\u00f3n al Colegio P\u00fablico de Abogados de la Capital Federal, ha se\u00f1alado que es \u201cuna persona de derecho p\u00fablico, desde que no se la concibe como una asociaci\u00f3n de derecho com\u00fan, a la cual se es libre de asociarse o de no asociarse, para la defensa de intereses sectoriales, sino como el \u00f3rgano que en el \u00e1mbito de la delegaci\u00f3n transestructural de las funciones estaduales es revestido de naturaleza p\u00fablica para llevar adelante el cumplimiento de un cometido p\u00fablico que se le encomienda, cual es el de controlar el ejercicio de la profesi\u00f3n con arreglo a las pautas preestablecidas en resguardo de los intereses, no de los abogados individual y sectorialmente, sino de la comunidad que necesita del concurso de \u00e9stos para garantir el afianzamiento de la justicia, de la que los abogados son auxiliares, motivo principal por el que dicho \u00f3rgano ha de gobernar la matr\u00edcula\u201d <\/span><\/em>[2]<\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/span> <\/span><\/p>\n

Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha reconocido en diversos precedentes la legitimaci\u00f3n del Colegio de Abogados de la Provincia (que nuclea a los colegios departamentales) para deducir acciones en defensa de los intereses de sus representados. Al dictar resoluci\u00f3n en la causa Ac. B-64474, del 19 de marzo de 2003, en los autos caratulados \u201cColegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires c\/ Provincia de Buenos Aires s\/ Amparo\u201d, tuvo oportunidad de manifestar \u2013frente a un planteo de falta de legitimaci\u00f3n activa de los representantes del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires para promover la acci\u00f3n intentada\u2013 que esa oposici\u00f3n no resultaba fundada (voto del Dr. Juan Carlos Hitters), agregando que \u201clos letrados presentados en autos (Presidente y Secretario de la instituci\u00f3n) han acreditado la representaci\u00f3n que invisten y alegan en la demanda, conforme lo requerido por el Tribunal en los t\u00e9rminos de los arts. 49, 50 inc. \u00abk\u00bb y 52 de la ley 5.177 -t.o. dec. N\u00b0 2.885\/01- (res. de fs. 29). En efecto, adjuntaron documentaci\u00f3n de la que surge que el Consejo Superior de la entidad profesional aprob\u00f3 la actuaci\u00f3n judicial as\u00ed como tambi\u00e9n, en lo esencial, el tenor del libelo inicial (escrito de fs. 36\/36 cta.., actas de fs. 31 y 32 y proyecto de fs. 33\/35)<\/em>. Tal como se dice m\u00e1s adelante en ese mismo fallo, el actor era una \u201cpersona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico no estatal (art. 48 ley 5.177, t.o. por decreto 2.885\/01)\u201d<\/em>, entre cuyos deberes y atribuciones se cuenta \u00abactuar judicial o administrativamente en defensa de los intereses profesionales, pudiendo otorgar mandatos a tal efecto\u00bb<\/em> (art. 50 inc. \u00abk\u00bb, ley cit.). En esas condiciones \u2013concluy\u00f3\u2013 \u201cno resulta dudosa la aptitud del Colegio de Abogados de la Provincia para deducir acci\u00f3n de amparo en defensa de los intereses que invoca: el derecho al trabajo de los colegiados -arts. 14, Const. Nac. y 27, Const. prov.- y la tutela judicial continua y efectiva en materia contencioso administrativa de sus representados y de los habitantes de la Provincia -arts. 15, 166 y 215, Const. prov.- (fs. 18, 19 cta.. y 36). Circunscribir la legitimaci\u00f3n procesal a los l\u00edmites \u00abindividuales\u00bb que pretend\u00eda entonces el se\u00f1or Fiscal de Estado, implicar\u00eda desconocer, no s\u00f3lo las referidas normas legales que la confieren (ley 5.177, cit.), sino los alcances constitucionales de la tutela judicial en general y de la garant\u00eda del amparo en particular (arts. 18, 43, 75 inc. 22 y concs. Constituci\u00f3n nacional; 11, 15, 20 inc. 2\u00ba y concs., Constituci\u00f3n provincial). No s\u00f3lo los derechos e intereses individuales sino tambi\u00e9n los colectivos reciben protecci\u00f3n expl\u00edcita a trav\u00e9s de las mentadas garant\u00edas (cfr. normas cits.)\u201d.<\/em><\/span><\/p>\n

A mayor abundamiento, la legitimaci\u00f3n del Colegio demandante encuentra tambi\u00e9n sustento en lo dispuesto en el art\u00edculo 43 de la\u00a0 CN y los art\u00edculos 8 y 25, inciso 1) de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos \u2013con jerarqu\u00eda constitucional conforme art\u00edculo 75 inc. 22 de la CN. Con invocaci\u00f3n de tales normas el M\u00e1ximo Tribunal ha admitido en forma reiterada y pac\u00edfica la legitimaci\u00f3n activa de las asociaciones especiales, tanto cuando estas demandan por v\u00eda de amparo como por v\u00eda de acciones declarativas de inconstitucionalidad[3]<\/span><\/span><\/span><\/a>. As\u00ed, por ejemplo, recientemente la Corte Suprema ha reconocido legitimaci\u00f3n colectiva a un colegio profesional en una demanda declarativa iniciada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 322 del CPCCN contra una normativa impositiva provincial[4]<\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

\u00daltimamente, distintos fallos en todo el pa\u00eds admitieron la legitimaci\u00f3n de los Colegios de Abogados en causas cuya pretensi\u00f3n guardaban similitud con los autos: \u201c<\/span>Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) s\/ acci\u00f3n de amparo c\/ Poder Ejecutivo Nacional, Ley 26.855, medida cautelar\u201d<\/span><\/em><\/span>, en la que la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n dict\u00f3 sentencia definitiva sobre el fondo de la controversia<\/span>[5]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/em><\/span> <\/span><\/span> <\/span><\/span><\/p>\n

All\u00ed, al resolver definitivamente la controversia, el m\u00e1ximo tribunal tuvo oportunidad de respaldar la actuaci\u00f3n de los distintos magistrados federales del pa\u00eds que han aceptado su competencia y han resuelto favorablemente los planteos de inconstitucionalidad y pedidos de medidas cautelares contra la Ley 26.855 llevados a su conocimiento.<\/span><\/span> <\/span><\/span><\/p>\n

En cuanto a la legitimaci\u00f3n del suscripto a t\u00edtulo propio, la misma resulta evidente a partir de mi condici\u00f3n de abogado matriculado, y en tanto (i) el sistema de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites de la ANSES limita severamente las posibilidades de ejercicio de la profesi\u00f3n en materia previsional ante la Administraci\u00f3n, restringiendo mi libertad de un modo absolutamente irrazonable, y (ii) la campa\u00f1a de desprestigio me afecta de manera directa, y como integrante del colectivo atacado.<\/span><\/p>\n

3.2.<\/span> Legitimaci\u00f3n pasiva<\/span><\/span><\/h2>\n

La legitimaci\u00f3n pasiva corresponde a la Administraci\u00f3n Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en su car\u00e1cter de emisor de la supuesta reglamentaci\u00f3n que dispone restricciones injustificadas para la presentaci\u00f3n de tr\u00e1mites ante el organismo (identificada como \u201cPRE\u201311\u201301\u201d) o, en caso que no se trate de una verdadera reglamentaci\u00f3n, en su car\u00e1cter de responsable de la implementaci\u00f3n de ese sistema (que en tal caso ser\u00eda susceptible de ser calificado como una \u201cv\u00eda de hecho\u201d), as\u00ed como tambi\u00e9n en su condici\u00f3n de autor responsable de la campa\u00f1a de desprestigio de la que dan cuenta las constancias del Anexo II. <\/span><\/p>\n

3.3. <\/span><\/span>Competencia<\/span><\/h2>\n

La acci\u00f3n de amparo aqu\u00ed promovida est\u00e1 dirigida contra la ANSES, ente descentralizado del Estado Nacional, en la \u00f3rbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Naci\u00f3n (art. 1\u00ba del decreto 2741\/1991), es decir, un sujeto con derecho al fuero federal.<\/span><\/p>\n

La lesi\u00f3n de derechos constitucionales que aqu\u00ed se alega es causada por un acto de aquella repartici\u00f3n (el referido PRES\u201311\u201301) o en todo caso una v\u00eda de hecho en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 9\u00ba, inc. a), de la ley 19.549 (la implementaci\u00f3n de un sistema de turnos manifiestamente arbitrario e ileg\u00edtimo); del mismo modo, la vulneraci\u00f3n de la dignidad y el honor de la profesi\u00f3n de abogados se imputa a una campa\u00f1a implementada por la ANSES, y exteriorizada en signos y se\u00f1ales provenientes de ese organismo.<\/span><\/p>\n

En todos los casos, resulta claro que la controversia deber\u00e1 ser resuelta mediante la aplicaci\u00f3n preponderante de normas de derecho administrativo, circunstancia determinante de la competencia de V.S. (art. 4\u00ba ley 16.986). En efecto, \u201cpuntualizamos sumariamente que el criterio que se ha afirmado en la jurisprudencia del fuero es el que postula que es contencioso administrativa toda causa en la cual para la resoluci\u00f3n de la cuesti\u00f3n de fondo, resulten de preponderante aplicaci\u00f3n normas de derecho p\u00fablico\u201d<\/em> (cfr. CANDA, Fabi\u00e1n, \u201cEl Ministerio P\u00fablico Fiscal en el proceso contencioso administrativo federal\u201d, en CASSAGNE, Juan Carlos (dir.), Tratado General de Derecho Procesal Administrativo, La Ley, Buenos Aires, 2011, p\u00e1g. 349).<\/span><\/p>\n

Sobre el particular, es importante aclarar que, teniendo en cuenta el objeto y los sujetos (particularmente, los actores) de esta acci\u00f3n, la materia a ser examinada no se refiere a la seguridad social, ni al alcance de derechos de naturaleza previsional, ni a las condiciones en que tales derechos deben o no ser reconocidos en un caso particular. Por el contrario, lo que aqu\u00ed se halla en juego es el derecho al ejercicio pleno de la profesi\u00f3n de abogado, y el adecuado resguardo de su honor y dignidad.<\/span><\/p>\n

Finalmente, la acci\u00f3n se promueve ante el magistrado competente en el territorio en el que los actos cuestionados producen sus efectos propios, ya que la implementaci\u00f3n de un sistema restrictivo de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites impide a los abogados de esta jurisdicci\u00f3n<\/span> iniciar por ante las oficinas locales de la ANSES los tr\u00e1mites de sus clientes domiciliados en otro lugar, del mismo modo que la campa\u00f1a de desprestigio \u2013cuyas constataciones fueron obtenidas en las oficinas de las ANSES en jurisdicci\u00f3n de V.S. \u2013 produce sus efectos propios en este territorio.<\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, no puede dejar de remarcarse que incluso cuando existiera alg\u00fan margen de duda sobre la competencia material de V.S., debe estarse a lo dispuesto por el art\u00edculo 4\u00b0 de la ley 16.986, que establece con suma claridad que, en caso de duda sobre la competencia material, debe prevalecer la competencia del juez requerido. Es que en las acciones de amparo en general, y en \u00e9sta en particular, se encuentran en juego derechos constitucionales gravemente afectados y la tutela requerida no admite las dilaciones propias de un conflicto de competencias.<\/span><\/p>\n

3.4. <\/span><\/span>Procedencia de la v\u00eda de amparo<\/span><\/h2>\n

En el caso concurren todos los requisitos de admisibilidad de una acci\u00f3n de amparo<\/strong>, en los t\u00e9rminos del art. 43 de la CN, y la ley 16.986, de acuerdo a lo que seguidamente se expone.<\/span><\/p>\n

3.4.1. <\/span><\/span><\/strong>Obrar antijur\u00eddico<\/span><\/strong><\/h3>\n

Como se explicar\u00e1 en detalle m\u00e1s adelante, la conducta de la ANSES es manifiestamente ileg\u00edtima y arbitraria. En el caso de la modalidad de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites, el sistema vigente implica:<\/span><\/p>\n

\u00b7 <\/span><\/span>la previa solicitud de turnos (que en s\u00ed misma no ser\u00eda objetable, si constituyera una reglamentaci\u00f3n justificada y razonable del derecho a peticionar a las autoridades);<\/span><\/p>\n

\u00b7 <\/span><\/span>una limitaci\u00f3n (para los abogados<\/span>) a un m\u00e1ximo de 4 turnos otorgados por d\u00eda;<\/span><\/p>\n

\u00b7 <\/span><\/span>la necesidad de concurrir personalmente<\/span> a esa oficina para iniciar el tr\u00e1mite;<\/span><\/p>\n

\u00b7 <\/span><\/span>la negativa de la ANSES a recibir cualquier tr\u00e1mite que no haya cumplido con todos los requerimientos antes expuestos.<\/span><\/p>\n

De resultas de todo lo anterior, la \u00fanica posibilidad que tienen los abogados es presentar personalmente el tr\u00e1mite previsional de sus mandantes \u2013una vez cumplidos los dem\u00e1s requisitos \u2013. <\/span><\/p>\n

Esta soluci\u00f3n introduce una restricci\u00f3n evidentemente irrazonable en materia de procedimiento, que provoca una severa reducci\u00f3n del \u00e1mbito de libertad en el ejercicio de la profesi\u00f3n, sin ning\u00fan fundamento v\u00e1lido.<\/span><\/p>\n

Aparentemente, la fuente de esta exigencia es una \u201ccircular\u201d o \u201cresoluci\u00f3n\u201d identificada como \u201cPRE\u201311\u201301\u201d (al menos, en el documento al que hemos tenido acceso, que adjuntamos como Anexo II). <\/span><\/p>\n

Si se considera que se trata de un \u201creglamento\u201d (aunque ser\u00eda manifiestamente ileg\u00edtimo, en virtud de su contenido, y de sus grav\u00edsimos defectos formales \u2013comenzando por la falta de publicaci\u00f3n) es ese acto<\/span> el que genera la lesi\u00f3n a los derechos constitucionales de los abogados, y por eso la acci\u00f3n de amparo se dirige contra el mismo. Para el caso en que se concluya que esa \u201ccircular\u201d o \u201cdisposici\u00f3n\u201d no alcanza siquiera la condici\u00f3n aparente de reglamento (por ejemplo, porque no ha existido una verdadera declaraci\u00f3n de voluntad de los \u00f3rganos competentes de la ANSES en ese sentido) la metodolog\u00eda impuesta para la asignaci\u00f3n de turnos a abogados representar\u00eda una simple \u201cv\u00eda de hecho\u201d, y la acci\u00f3n de amparo \u2013que en subsidio tambi\u00e9n se dirige contra esa conducta material sin respaldo normativo\u2013 ser\u00eda igualmente procedente<\/span>[6]<\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

Tal como se advierte a simple vista, y se confirmar\u00e1 luego al desarrollar in extenso <\/em>los fundamentos del amparo, en cualquiera de ambos casos estamos frente a una actividad manifiestamente arbitraria e ileg\u00edtima.<\/span><\/span><\/p>\n

Lo mismo puede decirse, sin mayores dificultades, respecto de la campa\u00f1a agraviante que lleva a cabo la ANSES, en la que parece identificar al ejercicio de la abogac\u00eda con pr\u00e1cticas ilegales que \u2013de existir efectivamente\u2013 deber\u00e1n ser en\u00e9rgicamente sancionadas en cada caso particular, pero no justifican dar a publicidad una ofensa a la dignidad y el honor de todos los abogados indiscriminadamente, procurando excluirlos de los tr\u00e1mites previsionales como si su intervenci\u00f3n fuese per se <\/em>da\u00f1ina o inconveniente.<\/span><\/p>\n

3.4.2. <\/span><\/span><\/strong>Car\u00e1cter manifiesto (la cuesti\u00f3n no requiere mayor debate o prueba)<\/span><\/strong><\/h3>\n

Se satisface tambi\u00e9n el car\u00e1cter manifiesto<\/strong> de la ilegitimidad que reclama el art\u00edculo 43 de la Constituci\u00f3n Nacional, pues ella surge del solo contraste entre las caracter\u00edsticas del nuevo \u201cr\u00e9gimen de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites\u201d y las garant\u00edas constitucionales afectadas.<\/span><\/p>\n

Otro tanto puede decirse con relaci\u00f3n a la campa\u00f1a de difusi\u00f3n agraviante, para cuyo an\u00e1lisis basta con las constancias adjuntas como Anexo III.<\/span><\/p>\n

A resultas de lo expuesto, no ser\u00e1 necesario para V.S. abrir el debate a otros temas secundarios, ni adentrarse en consideraciones probatorias, bast\u00e1ndole el solo cotejo de lo actuado por la ANSES (a cuyo efecto resulta suficiente la documentaci\u00f3n acompa\u00f1ada) con las normas que regulan los procedimientos administrativos a nivel nacional y con aquellas que reconocen y tutelan los derechos invocados, empezando por la Constituci\u00f3n Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella. <\/span><\/p>\n

Tampoco \u2013vale la pena aclararlo\u2013 se pretende aqu\u00ed que V.S. se involucre en una cuesti\u00f3n que corresponda a la \u201coportunidad, m\u00e9rito y conveniencia\u201d de la autoridad administrativa. <\/span><\/p>\n

Ciertamente, la ANSES puede dictar las normas internas de funcionamiento que crea convenientes (en principio, sin interferencias irrazonables del Poder Judicial) pero de ning\u00fan modo puede \u2013escud\u00e1ndose en esa supuesta facultad\u2013 establecer requisitos irrazonables, en \u201cnormas\u201d manifiestamente inv\u00e1lidas, con perjuicio a los derechos constitucionalmente garantizados de los administrados. <\/span><\/p>\n

Frente a un escenario como el descripto, es indudable que V.S. cuenta \u2013en el marco del \u201ccontrol judicial suficiente\u201d de la actividad administrativa al que hace referencia la Corte Suprema\u2013 con facultades suficientes para verificar la legalidad y razonabilidad del pretendido \u201creglamento\u201d y de la conducta administrativa cuestionada, y adoptar los remedios que considere pertinentes para restablecer la legalidad y los derechos afectados. <\/span><\/p>\n

3.4.3. <\/span><\/span><\/strong>Derechos constitucionales afectados.<\/span><\/strong><\/h3>\n

El primer derecho que resulta evidentemente afectados por el sistema de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites de la ANSES es el derecho de los abogados (en concreto: del suscripto, y de los integrantes del Colegio) de \u201cejercer toda industria l\u00edcita\u201d previsto en el art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n Nacional.<\/span><\/p>\n

La conducta atribuida a la ANSES afecta gravemente la libertad de los abogados, en particular, la denominada \u201clibertad econ\u00f3mica\u201d, que \u2013tal como se ha dicho\u2013 \u201c<\/span>abarca toda actividad humana destinada a generar riqueza mediante el desarrollo de los factores productivos. Las libertades de contratar, de comercio e industria, de ejercer profesiones liberales y toda actividad susceptible de producir bienes, quedan englobadas en la libertad econ\u00f3mica cuando persiguen una finalidad de tal \u00edndole.<\/strong> Si bien la Constituci\u00f3n no menciona de manera expresa a la libertad econ\u00f3mica, en varias de sus cl\u00e1usulas encontramos referencias a actividades que la configuran. La ley fundamental reconoce a los habitantes de la Naci\u00f3n el derecho de trabajar y ejercer toda industria l\u00edcita, as\u00ed como bien el de navegar y comerciar (art. 14)<\/span><\/em>\u201d[7]<\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

Como la presente acci\u00f3n busca preservar el \u00e1mbito de libertad de los abogados en el ejercicio de su profesi\u00f3n, es oportuno recordar que el art. 56 de la citada Ley 5177 establece que:<\/span><\/p>\n

\u201cEl ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado comprende las siguientes funciones:<\/span><\/em><\/p>\n

a) Defender, patrocinar o representar causas propias o ajenas, en juicio o proceso o fuera de ellos, en el \u00e1mbito judicial o administrativo<\/span> y en cualquier otro donde se controviertan derechos o intereses leg\u00edtimos.<\/span><\/em><\/p>\n

b) Evacuar consultas y prestar todo tipo de asesoramiento en cuestiones en que se encuentren involucrados problemas jur\u00eddicos.<\/span><\/em><\/p>\n

Dichas funciones le son propias y exclusivas, salvo lo dispuesto en relaci\u00f3n al ejercicio de la procuraci\u00f3n.<\/span><\/em><\/p>\n

En el desempe\u00f1o de su profesi\u00f3n, el abogado ser\u00e1 asimilado a los magistrados en cuanto ata\u00f1e al respeto y consideraci\u00f3n que debe guard\u00e1rsele<\/span>. Cometer\u00e1 falta grave quien no respete esta disposici\u00f3n, y su violaci\u00f3n podr\u00e1 dar lugar a la pertinente denuncia ante el superior jer\u00e1rquico del infractor\u2026\u201d<\/span><\/em><\/p>\n

De este modo la ley define cu\u00e1l es, en el caso de los abogados, el contenido concreto del derecho a \u201cejercer (su) industria l\u00edcita\u201d, y en esa inteligencia menciona de manera expresa la posibilidad de representar clientes en sede administrativa<\/span>, que el mecanismo de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites de la ANSES restringe de manera arbitraria e injustificada. <\/span><\/p>\n

Como consecuencia de esta ileg\u00edtima restricci\u00f3n, se ve tambi\u00e9n agraviado el derecho de propiedad de los abogados afectados, en raz\u00f3n del impacto que esta restricci\u00f3n tiene en su actividad profesional, al limitar el tipo de casos con relaci\u00f3n a los cuales podr\u00e1n prestar sus servicios t\u00edpicos. <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, la conducta de la ANSES desvirt\u00faa tambi\u00e9n el contenido del \u201cderecho a ser o\u00eddo\u201d, ya que el art. 1\u00b0 inc. f), ap, 1\u00b0 de la LNPA dispone que todo administrado tiene el derecho:<\/span><\/p>\n

1) De exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisi\u00f3n de actos que se refieren a sus derechos subjetivos o intereses leg\u00edtimos, interponer recursos y hacerse patrocinar y representar profesionalmente<\/span> (\u2026)<\/span><\/em><\/p>\n

Finalmente, al implementar un sistema irrazonable y restrictivo de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites, se ha infringido de manera directa e inmediata el \u201cderecho de peticionar a las autoridades\u201d de los titulares de los derechos previsionales, contemplado en la misma norma constitucional (y en los tratados incorporados a trav\u00e9s del art. 75, inc. 22), y reglamentado en el art\u00edculo 1\u00ba y cc.\u00a0 del Decreto-ley\u00a0 19.549 (en adelante, LNPA). <\/span><\/p>\n

3.4.4. <\/span><\/span><\/strong>Lesi\u00f3n actual.<\/span><\/strong><\/h3>\n

No hace falta aclarar que la lesi\u00f3n que vengo describiendo tiene car\u00e1cter actual<\/strong> y, adem\u00e1s, vocaci\u00f3n de permanencia, dados los t\u00e9rminos de la \u201cPRES-11-01\u201d, a la que se le ha pretendido imprimir \u2013con muy mala t\u00e9cnica\u2013 car\u00e1cter normativo. A resultas de lo expuesto se mantiene subsistente \u2013y con car\u00e1cter urgente\u2013 el inter\u00e9s de esta parte en una pronta remediaci\u00f3n judicial por esta v\u00eda. <\/span><\/p>\n

3.4.5. <\/span><\/span><\/strong>Inexistencia de un medio judicial m\u00e1s id\u00f3neo.<\/span><\/strong><\/h3>\n

La situaci\u00f3n descripta representa una grav\u00edsima alteraci\u00f3n a los derechos constitucionalmente garantizados del suscripto, y de los abogados del Colegio, que pone en serio riesgo la continuidad de la actividad de muchos de ellos, dedicados espec\u00edficamente a la materia previsional.<\/span><\/p>\n

El amparo es indudablemente procedente en este caso por la inoperancia de todos los dem\u00e1s tr\u00e1mites procesales legislados, para atender id\u00f3neamente al problema planteado, y la innecesariedad de recurrir a un proceso m\u00e1s complejo o extenso.<\/span><\/p>\n

La notoria arbitrariedad del comportamiento lesivo de la ANSES y la urgencia con que deben ser adoptadas medidas correctivas (en orden a garantizar la regular presentaci\u00f3n de tr\u00e1mites previsionales en dicho organismo, impidiendo de ese modo que los aqu\u00ed actores sigan sufriendo la violaci\u00f3n a sus derechos constitucionales) conduce a concluir que no haya un medio judicial m\u00e1s id\u00f3neo que esta acci\u00f3n de amparo. <\/span><\/p>\n

Lo mismo cabe decir respecto de la campa\u00f1a agraviante que lleva a cabo la demandada.<\/span><\/p>\n

Por otra parte, es del caso puntualizar que (i) el amparo es el \u00e1mbito natural para repeler las \u201cv\u00edas de hecho\u201d administrativas\u00a0 y la conducta manifiestamente ileg\u00edtima y arbitraria, y que (ii) la curiosa instrumentaci\u00f3n que presenta la \u201cPRES-11-01\u201d hace cuanto menos dudosa su calificaci\u00f3n como acto de alcance general, a resultas de lo cual no se presenta como id\u00f3nea la v\u00eda prevista en el art\u00edculo 24, inc. a), de la ley 19.549.<\/span><\/p>\n

3.4.6. <\/span><\/span><\/strong>La demanda se interpone en plazo.<\/span><\/strong><\/h3>\n

El proceder de la ANSES genera una restricci\u00f3n continua (progresivamente m\u00e1s grave, en raz\u00f3n de sus caracter\u00edsticas) cuyos efectos perduran en el tiempo. De este modo, no ser\u00eda aplicable el plazo perentorio de quince (15) d\u00edas h\u00e1biles indicado en la Ley 16.986 en la medida en que la ANSES mantenga vigente este sistema irrazonable (y su campa\u00f1a agraviante) aunque a todo evento esta acci\u00f3n ha sido iniciada dentro del referido plazo de 15 d\u00edas h\u00e1biles, contado desde el momento en el que llegaron a conocimiento del Colegio \u2013en el marco de los reclamos recibidos de numerosos matriculados\u2013 el texto de la \u201cresoluci\u00f3n\u201d o \u201ccircular\u201d identificada como \u201cPRES\u201311\u201301\u201d (adjunta como Anexo II), y las constancias de las manifestaciones agraviantes que se adjuntaron como Anexo III<\/span>. <\/span><\/p>\n

En conclusi\u00f3n, a la luz de las consideraciones expuestas se observa que los requisitos de admisibilidad de este amparo se encuentran plenamente cumplidos.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

4. <\/span><\/span><\/strong>FUNDAMENTOS DEL AMPARO.<\/span><\/strong><\/p>\n

4.1. <\/span><\/span>Antecedentes<\/span><\/h2>\n

Es sabido que la ANSES tiene a su cargo la administraci\u00f3n del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y, en consecuencia, el reconocimiento de las prestaciones previsionales contempladas en la ley 24.241 (cfr. arts. 1\u00ba y 36 ley cit., y arts. 1\u00ba y 2\u00ba, inc. a) del decreto 2741\/1991).<\/span><\/p>\n

A ra\u00edz de lo anterior, la ANSES es la repartici\u00f3n administrativa ante la cual deben presentarse y tramitarse las solicitudes del beneficio jubilatorio o de reajuste de haberes, entre varias otras referidas a la cuesti\u00f3n previsional.<\/span><\/p>\n

Desde siempre \u2013como lo prev\u00e9 gen\u00e9ricamente el art. 56, inc. a) de la Ley 5177, y el art. 1\u00b0, inc.f), ap. 1\u00b0 de la Ley 19.549\u2013 estos tr\u00e1mites pueden ser promovidos por abogados, en representaci\u00f3n del titular del derecho. <\/span><\/p>\n

El art. 1\u00ba, inc. b), del decreto ley 17040\/1966 dispone:<\/span><\/p>\n

\u201cArt. 1.- La representaci\u00f3n ante los organismos nacionales de previsi\u00f3n de los afiliados o sus derechohabientes, s\u00f3lo <\/span><\/em><\/p>\n

<\/span><\/em><\/p>\n

podr\u00e1 ejercerse por las siguientes personas: <\/span><\/em><\/p>\n

(\u2026)<\/span><\/em><\/p>\n

b) Los abogados y procuradores de la matr\u00edcula;\u201d<\/span><\/em><\/p>\n

A tales fines, incluso, la ANSES ha previsto el apoderamiento que se otorga a trav\u00e9s de la carta-poder aprobada como Formulario PS6.4.<\/span><\/p>\n

En su momento, mediante la resoluci\u00f3n 753\/2007 el Director Ejecutivo de la ANSES dispuso la implementaci\u00f3n de un \u201caplicativo inform\u00e1tico\u201d para la asignaci\u00f3n de turnos de atenci\u00f3n al p\u00fablico a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web del organismo, que los afiliados del Colegio cumplieron sin mayores dificultades, con el fin de articular los tr\u00e1mites previsionales de sus clientes o de sus empleados, seg\u00fan el caso. <\/span><\/p>\n

Es muy importante destacar que, bajo dicho r\u00e9gimen, (i) no<\/span> se hab\u00eda previsto un n\u00famero m\u00e1ximo de turnos que pod\u00edan ser otorgados para un mismo d\u00eda y (ii) la delegaci\u00f3n u oficina para la recepci\u00f3n del tr\u00e1mite se asignaba \u2013en el caso de presentaciones por cuenta de terceros\u2013 en funci\u00f3n del c\u00f3digo postal del apoderado<\/span> (v. anexo II de la citada resoluci\u00f3n).<\/span><\/p>\n

En alg\u00fan momento \u2013y de un modo aparentemente irregular, ya que no se derog\u00f3 expresamente la norma anterior, ni se public\u00f3 una que la reemplace\u2013 el r\u00e9gimen aplicable a la iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites por parte de abogados fue modificado en forma repentina, para limitar de hecho el n\u00famero de turnos que pod\u00edan ser otorgados para un mismo d\u00eda a un m\u00e1ximo de 4 (cuatro), exigiendo la presencia personal del abogado para la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite en la delegaci\u00f3n de ANSES m\u00e1s cercana al domicilio del titular registrado en la base de datos de dicho organismo (seg\u00fan su c\u00f3digo postal).<\/strong><\/span><\/p>\n

Advertidos de estas novedosas limitaciones que presentaba el aplicativo inform\u00e1tico, los abogados reclamaron en\u00e9rgicamente la intervenci\u00f3n del Colegio, lo que deriv\u00f3 en esta presentaci\u00f3n urgente. <\/span><\/p>\n

Seg\u00fan nos consta, lo mismo ha ocurrido en otras jurisdicciones, incluyendo la Capital Federal, ya que la conducta descripta de la ANSES ha provocado una reacci\u00f3n generalizada. En ese contexto, varios de los abogados involucrados en estos tr\u00e1mites tomaron conocimiento de la existencia de una \u201cnorma\u201d \u2013tal como se la denomina en el mismo texto\u2013 o m\u00e1s bien una \u201ccircular\u201d o \u201ccomunicado\u201d de ANSES (cuyo valor normativo se desconoce) que obviamente no fue publicado oficialmente, ni siquiera notificado o dado a difusi\u00f3n en forma alguna. <\/span><\/p>\n

Se trata del documento identificado como \u201cPRES-11-01\u201d que lleva el t\u00edtulo \u201cOtorgamiento de Turnos v\u00eda WEB para UDAT\/UDAI\/Oficinas e Iniciaci\u00f3n (caratulaci\u00f3n) por excepci\u00f3n\u201d, cuyo emisor y\/o procedencia tambi\u00e9n se desconocen, en el que aparecen plasmadas las nuevas pautas, descriptas del siguiente modo: <\/span><\/p>\n

(i) \u201cSi el solicitantes es un apoderado<\/span> el sistema de turnos asignar\u00e1 un m\u00e1ximo de 4 turnos para un mismo d\u00eda<\/span>\u201d <\/span><\/p>\n

y <\/span><\/p>\n

(ii) \u201c\u2026Los turnos ser\u00e1n asignados a las delegaciones m\u00e1s cercanas al domicilio, de acuerdo al c\u00f3digo postal acreditado en la base de datos de ANSES del titular<\/span>\u201d (v. Anexo II; \u00e9nfasis propio).<\/span><\/p>\n

Adelanto desde ahora que de esta supuesta \u201cnorma\u201d s\u00f3lo tenemos el texto impreso que se adjunta como Anexo II, obtenido en las propias dependencias de la ANSES, que por su formato m\u00e1s bien parece una \u201ccircular\u201d o un \u201cinstructivo interno\u201d que un reglamento. De todos modos, su contenido pretende establecer ciertas reglas generales destinadas a producir efectos respecto de terceros, es decir, pretende una condici\u00f3n \u201creglamentaria\u201d Sin embargo, el texto, hasta donde nos consta, nunca ha sido objeto de publicaci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial (lo que basta para descartar su obligatoriedad)<\/strong>. Adem\u00e1s, como el texto no lo indica, no sabemos cu\u00e1l ser\u00eda el organismo emisor ni el funcionario responsable, cu\u00e1les fueron las normas invocadas para este supuesto ejercicio de la competencia reglamentaria, o \u2013mucho menos\u2013 cu\u00e1l ha sido el expediente administrativo en cuyo marco se dict\u00f3 el supuesto acto.<\/span><\/p>\n

Si es que efectivamente puede consider\u00e1rselo como una declaraci\u00f3n de voluntad de la Administraci\u00f3n destinada a establecer una norma general y obligatoria, en virtud de su falta de publicaci\u00f3n y los dem\u00e1s defectos formales apuntados, se trata de un acto manifiesta e insanablemente ineficaz.<\/span><\/p>\n

4.2. <\/span><\/span>Consecuencias pr\u00e1cticas del nuevo r\u00e9gimen de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites.<\/span><\/h2>\n

A resultas de este nuevo r\u00e9gimen, el suscripto, y los abogados del Colegio que por su \u00e1rea de pr\u00e1ctica deben presentar tr\u00e1mites ante la ANSES a nombre de los beneficiarios del sistema previsional, ven injustificadamente limitada la posibilidad de actuar en representaci\u00f3n de sus clientes (es decir, en definitiva, ven cercenado un aspecto relevante de su campo de actuaci\u00f3n profesional) en la medida en que no pueden iniciar m\u00e1s de 4 (cuatro) tr\u00e1mites en un mismo d\u00eda, y \u2013peor a\u00fan\u2013 deben concurrir personalmente a la sede de ANSES m\u00e1s pr\u00f3xima al domicilio de cada mandante.<\/strong><\/span><\/p>\n

En la pr\u00e1ctica, esta restricci\u00f3n limita severamente el ejercicio profesional en materia previsional, con el agravante de que la ANSES ha impedido incluso la presentaci\u00f3n de esos tr\u00e1mites por correspondencia<\/strong> (pr\u00e1ctica que de todos modos ser\u00eda riesgosa, en atenci\u00f3n a la importancia de la documentaci\u00f3n que habitualmente se incluye al momento de la iniciaci\u00f3n de estos tr\u00e1mites). Para rechazar esta posibilidad la ANSES ha alegado que en tanto el tr\u00e1mite es \u201cpresencial\u201d, era necesaria la concurrencia personal del apoderado en la oficina asignada. Esta \u00faltima exigencia \u2013adem\u00e1s de ser completamente irrazonable\u2013 viola un derecho expresamente reconocido en una norma de jerarqu\u00eda superior a cualquier resoluci\u00f3n del organismo previsional, como es el art. 25 del RLNPA, que permite de manera incondicionada e inequ\u00edvoca la presentaci\u00f3n por correo<\/span>:<\/span><\/p>\n

25. \u2013 Presentaci\u00f3n de escrito, fecha y cargo.\u2013 Todo escrito<\/span> inicial o en el que se deduzca un recurso deber\u00e1 presentarse en Mesa de Entradas o Receptor\u00eda del organismo competente o podr\u00e1 remitirse por correo<\/span>. Los escritos posteriores podr\u00e1n presentarse o remitirse igualmente a la oficina donde se encuentre el expediente.<\/span><\/em><\/p>\n

De este modo se vulneran tambi\u00e9n los derechos constitucionalmente garantizados de trabajar y ejercer industria l\u00edcita, de propiedad, y de peticionar a las autoridades, tal como fuera explicado ut supra.<\/em><\/span><\/p>\n

Explicados los efectos perjudiciales de la conducta cuestionada, veamos ahora con mayor detalle cu\u00e1les son las razones por las cuales el nuevo r\u00e9gimen de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites es manifiestamente arbitrario e ileg\u00edtimo.<\/span><\/p>\n

4.3. <\/span><\/span>Ilegalidad y arbitrariedad manifiestas: la ANSES carece de facultades suficientes de reglamentaci\u00f3n del procedimiento.<\/span><\/h2>\n

En efecto, el art. 36 de la Ley 24.241 s\u00f3lo se faculta a la ANSES para dictar normas reglamentarias acerca de los siguientes temas<\/span>: a) la certificaci\u00f3n de los requisitos necesarios para acceder a las prestaciones estatuidas en el presente t\u00edtulo; b) la instrumentaci\u00f3n de normas y procedimientos para dar cumplimiento a la percepci\u00f3n unificada; c) el requerimiento de toda informaci\u00f3n peri\u00f3dica u ocasional a los responsables de la declaraci\u00f3n e ingreso de los aportes y contribuciones, necesaria para un adecuado cumplimiento de sus funciones de control; d) la concesi\u00f3n de las prestaciones establecidas en la ley y e) el procedimiento para la tramitaci\u00f3n de las denuncias previstas en el art\u00edculo 13 de dicho cuerpo normativo<\/span>.<\/span><\/p>\n

N\u00f3tese que, en lo que hace al procedimiento administrativo, la disposici\u00f3n mencionada \u00fanicamente habilita a la referida entidad a reglamentar un tr\u00e1mite espec\u00edfico<\/span>: el que corresponde a las denuncias contempladas en el art\u00edculo 13 de la Ley 24.241.<\/span><\/p>\n

Si bien en la parte final de la disposici\u00f3n se establece que la \u201cenunciaci\u00f3n es meramente enunciativa, pudiendo el citado organismo realizar todas aquellas funciones no especificadas que hagan al normal ejercicio de sus facultades de administraci\u00f3n del Sistema \u00danico de Seguridad Social\u201d<\/em>, esto de forma alguna podr\u00eda ser interpretado como una norma habilitadora de competencia para el dictado de disposiciones vinculadas al procedimiento com\u00fan ante el organismo, en tanto dicha tarea corresponde al legislador nacional y, en cuanto tal, ha quedado cumplida con la sanci\u00f3n de la LNPA y del Decreto 1759\/72. <\/span><\/p>\n

De all\u00ed que la \u201cPRES-11-01\u201d \u2013para el caso en que se la considere una declaraci\u00f3n formal de voluntad de la ANSES, con contenido normativo\u2013 no puede reputarse emitida en ejercicio de atribuciones normativas propias y legalmente conferidas. <\/span><\/p>\n

Sabido es que \u201c[e]l principio de legalidad pauta globalmente la actividad administrativa y, consecuentemente, todos los actos de la Administraci\u00f3n p\u00fablica est\u00e1n subordinados a una norma habilitadora, aunque no necesariamente de rango legal\u201d<\/em> (cfr. Hutchinson, Tom\u00e1s, op. cit., p\u00e1g. 62; \u00e9nfasis propio). En igual sentido, se ha expresado que \u201c[e]l postulado del principio de legalidad exige que toda la actividad de la Administraci\u00f3n encuentre fundamento en una norma. Toda aquella actuaci\u00f3n que cuente con sustento normativo ser\u00e1 considerada v\u00e1lida, mientras que, al contrario, la actividad que no tenga antecedente en norma alguna ser\u00e1 irregular.\u201d<\/em> (cfr. Gordillo, Agust\u00edn – Daniele, Mabel (dirs.), Procedimiento Administrativo, LexisNexis, Buenos Aires, Segunda Edici\u00f3n, p\u00e1g. 143). <\/span><\/p>\n

4.4. <\/span><\/span>Ilegalidad y arbitrariedad manifiestas (2): la \u201cPRES\u201311\u201301\u201d, en tanto \u201creglamento\u201d, ser\u00eda evidentemente inv\u00e1lido<\/span><\/h2>\n

Asumiendo que la ANSES tuviera facultades reglamentarias en materia de procedimiento, y que la \u201cPRES\u201311\u201301\u201d constituya una pretendida declaraci\u00f3n de voluntad de la ANSES en ejercicio de esa supuesta competencia reglamentaria (lo que ya es mucho suponer) lo cierto es que, incluso en tal caso, estar\u00edamos frente a un acto de alcance general manifiesta, insalvable y absolutamente inv\u00e1lido<\/strong>.<\/span><\/p>\n

En primer lugar \u2013y suficiente para fundar la conclusi\u00f3n expuesta\u2013 porque no ha sido objeto de \u201cpublicaci\u00f3n oficial\u201d, tal como lo exige de manera expresa el art. 2 del C\u00f3d. Civil como condici\u00f3n de validez de cualquier norma general<\/strong>.<\/span><\/p>\n

Al respecto, corresponde recordar que conforme surge del art\u00edculo 11 de la LNPA, para que los actos administrativos de alcance general adquieran eficacia \u2013esto es, produzcan efectos jur\u00eddicos directos con relaci\u00f3n a terceros\u2013 los mismos deben ser publicados<\/strong>.<\/span><\/p>\n

Al respecto, el art\u00edculo 103 del Decreto N\u00ba 1579\/72, reglamentario de la citada LNPA, dispone que dicha clase de actos \u201cproducir\u00e1n efectos a partir de su publicaci\u00f3n oficial<\/span> y desde el d\u00eda que en ellos se determine; si no designan tiempo, producir\u00e1n efectos despu\u00e9s de los ocho d\u00edas, computados desde el d\u00eda siguiente al de su publicaci\u00f3n oficial.\u201d<\/strong><\/span><\/p>\n

Dado que la \u201cPRES-11-01\u201d no ha sido publicada<\/strong>, la misma no es susceptible de producir ning\u00fan efecto jur\u00eddico con relaci\u00f3n a terceros<\/strong>, como son en este caso los sujetos interesados en los tr\u00e1mites previsionales y los abogados.<\/span><\/p>\n

Por aplicaci\u00f3n de tales pautas, y en circunstancias an\u00e1logas que tambi\u00e9n involucraban a la ANSES, se calific\u00f3 como \u201creprochable la conducta del organismo pues el <\/em><\/span>administrado<\/span><\/em> tiene el derecho de conocer las normas que regulan el procedimiento para encarar los tr\u00e1mites ante la Administraci\u00f3n, de otro modo, nada impedir\u00eda dejar al arbitrio de la <\/strong><\/span><\/em>autoridad<\/span><\/em><\/strong> de turno la modificaci\u00f3n incluso espor\u00e1dica o moment\u00e1nea seg\u00fan la situaci\u00f3n que se presente<\/span><\/em><\/strong>\u201d[10]<\/span><\/span><\/span><\/a>. <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

Como consecuencia de lo hasta aqu\u00ed indicado, se concluye, de forma preliminar, que si el documento PRES-11-01 es susceptible de ser calificado como un reglamento administrativo, no goza a\u00fan de eficacia, toda vez que no ha sido publicado en el Bolet\u00edn Oficial. Si no lo es, la restricci\u00f3n a la iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites carece absolutamente de causa jur\u00eddica. <\/span><\/p>\n

En segundo lugar, este pretendido reglamento no es el producto de un procedimiento administrativo regular, en el que se hayan ponderado los antecedentes de hecho y de derecho, se hayan evaluado soluciones alternativas, y se haya recabado el dictamen jur\u00eddico previo.<\/span><\/p>\n

Lo expuesto basta para descalificar definitivamente la validez de la supuesta norma, y confirmar la arbitrariedad e ilegalidad manifiestas de la conducta de la ANSES en tanto restringe la iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites previsionales. Como veremos, en adici\u00f3n a estos argumentos existen otros \u2013que desarrollamos en subsidio, a partir del punto siguiente\u2013 en virtud de los cuales la supuesta norma resulta igualmente inv\u00e1lida \u2013manifiestamente ileg\u00edtima y arbitraria, en la terminolog\u00eda de la acci\u00f3n de amparo\u2013 por razones sustanciales, vinculadas a lo que ella decide y regula. <\/span><\/p>\n

4.5. <\/span><\/span>Ilegalidad y arbitrariedad manifiestas (3): la \u201cPRES\u201311\u201301\u201d contrar\u00eda normas de superior jerarqu\u00eda.<\/span><\/h2>\n

Hemos dicho en el apartado anterior que la supuesta \u201cPRES\u201311\u201301\u201d es evidentemente inv\u00e1lida, por falta de publicaci\u00f3n y por insalvables defectos de forma.<\/span><\/p>\n

Aun obviando hipot\u00e9ticamente todo lo expuesto, para el caso que se imagine a la \u201cPRES-11-01\u201d como un acto de naturaleza reglamentaria hipot\u00e9ticamente v\u00e1lido desde el punto de vista formal, y debidamente publicado (quod non) <\/em>lo cierto es que la soluci\u00f3n all\u00ed consagrada se opone a reglas y principios de la LNPA y su decreto reglamentario 1759\/1972, normas que evidentemente tienen mayor jerarqu\u00eda que cualquier resoluci\u00f3n de la ANSES.<\/strong><\/span><\/p>\n

En virtud de las caracter\u00edsticas propias que demanda la actividad administrativa, la legislaci\u00f3n ha reconocido, adem\u00e1s de la conocida \u201ctutela administrativa efectiva\u201d[12]<\/span><\/sup><\/sup><\/a> \u2013dentro de cuyo concepto se encuentran abarcados los derechos constitucionales de debido proceso adjetivo y defensa en juicio\u2013 ciertos principios de car\u00e1cter general que rigen el procedimiento. Aquellos constituyen derivaciones imprescindibles de la propia funci\u00f3n que ejerce la Administraci\u00f3n la cual requiere ser llevada a cabo en forma intermitente para satisfacer el inter\u00e9s general o bien com\u00fan[13]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>. <\/span><\/p>\n

Al respecto, el art\u00edculo 1\u00b0 de la LNPA consagra como requisitos propios del Procedimiento, entre otros: a)<\/strong> la celeridad, sencillez y eficacia en los tr\u00e1mites; y b)<\/strong> el informalismo a favor del administrado.<\/span><\/p>\n

El principio de celeridad<\/strong> impone la tramitaci\u00f3n y decisi\u00f3n por parte del \u00f3rgano administrativo correspondiente en los menores plazos razonables posibles[14]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>. Ello, de conformidad con lo dispuesto por la Constituci\u00f3n Nacional y los Tratados Internacionales de igual jerarqu\u00eda.<\/span><\/p>\n

Dicho principio se complementa con los requisitos de sencillez<\/strong> y eficacia<\/strong>, los cuales no tienen otra finalidad que el de evitar el entorpecimiento de las actuaciones en virtud de formalidades o exigencias que impiden a los administrados ejercer sus derechos y obtener aquellos beneficios reconocidos y autorizados por una norma jur\u00eddica vigente.<\/span><\/p>\n

En un sentido similar, el principio de informalismo a favor del interesado, tambi\u00e9n llamado de \u201cformalidad atenuada<\/em>\u201d, establece el deber de la Administraci\u00f3n de resolver las peticiones de los administrados con criterios de benignidad respecto de la calificaci\u00f3n err\u00f3nea de los recursos y la imperfecci\u00f3n t\u00e9cnica o literaria de planteos y peticiones, la subsanaci\u00f3n de fallas en los escritos (incluso en el lugar de la presentaci\u00f3n), como asimismo contemplar la inocuidad en muchos casos del incumplimiento de los plazos[15]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>.<\/span><\/p>\n

Aquella regla rectora del procedimiento tiene indiscutible parentesco con dos construcciones de la Corte Suprema: la primera, la de la causal de arbitrariedad que descalifica como sentencias v\u00e1lidas a las que han incurrido en \u201cexceso ritual manifiesto<\/em>\u201d[16]<\/span><\/sup><\/sup><\/a> y la segunda, la admisi\u00f3n de los recursos in forma pauperis[17]<\/span><\/sup><\/strong><\/sup><\/a><\/em>, criterios ambos que suponen que nunca los \u00f3rganos estatales de decisi\u00f3n (tanto judiciales como \u2013con m\u00e1s raz\u00f3n\u2013 administrativos) pueden subordinar la existencia o el reconocimiento de un derecho o inter\u00e9s al cumplimiento de formas estrictas y excesivas, debiendo prevalecer, sin excepciones, el principio general in dubio pro accione[18]<\/span><\/sup><\/strong><\/sup><\/a><\/em>.<\/span><\/p>\n

En l\u00ednea con estas directrices, la LNPA y su reglamento consagran el principio del \u201cinformalismo a favor del administrado\u201d (art. 1\u00ba) y la obligaci\u00f3n de toda repartici\u00f3n p\u00fablica de recibir y dar tr\u00e1mite a toda presentaci\u00f3n inicial en su mesa de entradas<\/span>, o incluso por correo<\/span> (art. 25, RLNPA), a lo que se suma la posibilidad de hacer las ulteriores presentaciones en cualquier oficina donde se encuentre el expediente<\/span>; todo lo cual sienta un principio de libre presentaci\u00f3n que informa todo el sistema y que se halla en l\u00ednea \u2013evidentemente\u2013 con los derechos de peticionar ante las autoridades (art. 14 C.N.) y de ser o\u00eddo en sede administrativa (art. 1, inc. f, ap. 1, de la ley 19.549) .<\/span><\/p>\n

Al respecto se ha expresado, con gran acierto, que \u201cel principio de informalismo y del debido proceso adjetivo [\u2026] hacen que el rechazo de los escritos, en cuanto a la inadmisibilidad f\u00edsica o material de su presentaci\u00f3n resulte totalmente inaceptable en el tr\u00e1mite administrativo<\/em>[19]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>\u201d.<\/span><\/p>\n

Similarmente se ha resuelto \u2013por ejemplo\u2013 que \u201c[n]o obsta a la procedencia del amparo por mora la circunstancia de que el pedido de vista de las actuaciones administrativas haya sido presentado en una dependencia en la que no se encontraba, en ese momento, el expediente en cuesti\u00f3n, pues de acuerdo al principio establecido en el art. 1\u00ba, inc. c) de la ley 19.549 \u2013informalismo a favor del administrado-, no es irrazonable interpretar que la Administraci\u00f3n deber\u00eda encauzar el pedido y resolverlo dentro del plazo previsto al efecto. Cabe se\u00f1alar tambi\u00e9n que en el art. 38 del decreto 1759\/72 (t.o. 1991) no se establece que el pedido de vista debe hacerse en la oficina en que se encuentre el expediente, sino que la vista solicitada se conceder\u00e1 en la oficina\u201d<\/em> (cfr. CCont. Adm. Fed., Sala IV, \u201cMeza, Oscar Ram\u00f3n c\/Min. de Cultura y Educaci\u00f3n s\/amparo por mora\u201d, del 24-VIII-1992). <\/span><\/p>\n

Se observa as\u00ed claramente que la soluci\u00f3n adoptada por la ANSES no s\u00f3lo es radicalmente opuesta a la consagrada en el art\u00edculo 25 del decreto 1759\/1972 (que habilita toda y cualquier presentaci\u00f3n a trav\u00e9s de la mesa de entradas del organismo, o por correo) sino que adem\u00e1s se halla en franca contradicci\u00f3n con los dem\u00e1s principios que rigen la materia y que est\u00e1n en su conjunto enderezados a garantizar el \u201cderecho a ser o\u00eddo\u201d del interesado.<\/span><\/p>\n

A mayor abundamiento, y en l\u00ednea con lo anterior corresponde se\u00f1alar que la disposici\u00f3n analizada vulnera adem\u00e1s, lo establecido\u00a0 en el art\u00edculo 6 del Decreto-Ley 17.040 \u2013que rige la actividad administrativa de la ANSES\u2013 y lo dispuesto en la \u201cCarta Compromiso Ciudadano<\/em>\u201d aprobada por el Decreto 229\/00.<\/span> <\/span>A trav\u00e9s de la referida disposici\u00f3n se establece, en lo que aqu\u00ed interesa, que \u201clos organismos nacionales de previsi\u00f3n est\u00e1n obligados a<\/em> prestar a los interesados, representantes y gestores<\/strong>, gratuitamente el asesoramiento y colaboraci\u00f3n<\/strong> necesaria para la realizaci\u00f3n de los tr\u00e1mites relativos a la obtenci\u00f3n de sus prestaciones<\/em>\u201d[20]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>. <\/span><\/p>\n

De forma concordante, el art\u00edculo 3, inciso b) de la Carta Compromiso Ciudadano antes aludida, dispone que los administrados tienen derecho a \u201cser asesorado sobre los tr\u00e1mites y requisitos que debe cumplir en sus actuaciones ante la Administraci\u00f3n<\/em>\u201d. As\u00ed las cosas, y de la propia lectura de las normas transcriptas, se desprende, la obligaci\u00f3n insoslayable de la autoridad administrativa, de prestar colaboraci\u00f3n \u2013es decir, ayudar, auxiliar,\u00a0 asistir, asesorar- a los administrados \u2013ya sean interesados, representantes o gestores- en la realizaci\u00f3n de los tr\u00e1mites vinculados a la obtenci\u00f3n de los beneficios otorgados y reconocidos por la legislaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Al contrario, a trav\u00e9s de las reglas detalladas en el documento PRES-11-01, la ANSES \u2013lejos de prever y regular mecanismos tendientes a asegurar la percepci\u00f3n de los beneficios previsionales dispuestos por el ordenamiento\u2013 ha establecido limitaciones irrazonables que no hacen m\u00e1s que impedir la actuaci\u00f3n diligente y eficaz de los representantes, quienes en las nuevas condiciones dispuestas no podr\u00e1n cumplir con los plazos que la situaci\u00f3n previsional de cada titular reclama.<\/span><\/p>\n

Por ello, vale traer a colaci\u00f3n \u201cel principio de jerarqu\u00eda normativa que sobre la idea de una estructuraci\u00f3n piramidal en la edificaci\u00f3n del Derecho, determina -seg\u00fan el grado de potencia asignado a cada una de las normas jur\u00eddicas- la prevalencia de unas sobre otras\u201d<\/em> (Grecco, Carlos, \u201cV\u00edas de hecho administrativas\u201d, LL 1980-C, 1203). En efecto, \u201cla legalidad no se limita a verificar la existencia de una norma que sirva de sustento a la actuaci\u00f3n administrativa o que fundamente determinada exigencia o regulaci\u00f3n del proceso administrativo. Es necesario, adem\u00e1s, verificar que la norma bajo an\u00e1lisis se integre al ordenamiento jur\u00eddico en su conjunto, respetando en este sentido el principio de jerarqu\u00eda normativa\u201d<\/em> (Pozo Gowland, H\u00e9ctor M., \u201cLos principios generales del proceso administrativo\u201d, LL 2011-E, 785).<\/span><\/p>\n

Con base en lo anterior, se deriva que \u201c[e]n todos los casos, estas diversas regulaciones de alcance general deben respetar el principio de jerarqu\u00eda normativa, esto es: del mismo modo que el decreto debe ajustarse a la ley, las resoluciones administrativas, como las instrucciones o circulares de los organismos recaudadores, tambi\u00e9n est\u00e1n subordinadas a la ley y, a su vez, a los reglamentos ejecutivos\u201d<\/em> (Cas\u00e1s, Jos\u00e9 Osvaldo, \u201cEl principio de legalidad tributaria: decretos leyes, reglamentos y reglas generales administrativas\u201d, PET 2008 (agosto-400), 6). <\/span><\/p>\n

En suma, la ANSES no pod\u00eda apartarse del r\u00e9gimen nacional de procedimientos administrativos<\/span>, que resulta plenamente aplicable en materia previsional (cfr. art. 1\u00ba de la ley 19.549).<\/span><\/p>\n

La soluci\u00f3n que aqu\u00ed se propone fue precisamente la alcanzada \u2013en circunstancias an\u00e1logas- por la Sala II de la C\u00e1mara Federal de la Seguridad Social, al fallar la causa \u201cAsociaci\u00f3n Civil de Abogados Previsionalistas y otros c\/ Estado <\/em>Nacional \u2013 M\u00ba de Trabajo y el Empleo, Sec. Seg. Soc. y otro s\/ Amparos y sumar\u00edsimos<\/em>\u201d, expte. 37.033\/2000.<\/span><\/p>\n

En efecto, se controvert\u00eda all\u00ed una cierta reglamentaci\u00f3n de la ANSES (insisto en cuanto a que la PRES-11-01 ni siquiera llega a ser tal), en virtud de la cual se hab\u00eda adoptado un sistema de turnos que originaba \u2013como aqu\u00ed- una \u201cdilaci\u00f3n temporal, en la simple recepci\u00f3n de sus peticiones, [que] puede redundar en serio perjuicio de su inter\u00e9s<\/em>\u201d. <\/span><\/p>\n

Frente a ello, la asociaci\u00f3n actora promovi\u00f3 una acci\u00f3n de amparo a fin de que \u201cse d\u00e9 fiel cumplimiento a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N\u00ba 19.549 y su decreto reglamentario <\/em>1759\/72<\/em>\u201d, a la que se hizo lugar ya en primera instancia.<\/span><\/p>\n

Al conocer en la apelaci\u00f3n deducida por la ANSES, la C\u00e1mara sostuvo: \u201cEn este caso, el organismo a sabiendas ha desconocido la L.P.A.<\/strong> [\u2026] Por ende, lo resuelto por el juez de grado no es una simple sentencia declarativa, sino una orden clara y precisa de que el organismo cumpla con la manda legal (L.P.A. 19549), prohibi\u00e9ndole la aplicaci\u00f3n de procedimientos que dilaten de alg\u00fan modo el ejercicio regular de petici\u00f3n<\/strong><\/em>\u201d (del voto del Dr. Fern\u00e1ndez).<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se tuvo en cuenta que \u201c[e]n distintas ocasiones A.N.Se.S. ha vulnerado las directivas de tal cuerpo normativo como lo hizo en su momento, al dictar la resoluci\u00f3n 215\/95 que impon\u00eda a los jubilados que peticionaran el reajuste de sus cr\u00e9ditos practicar una liquidaci\u00f3n demostrando cual hab\u00eda sido el error en que hab\u00eda incurrido al pagar los haberes, exigencia que dio pie a diversas cr\u00edticas de parte de la doctrina (ver D.T. 1.996-A-791) \u00f3 al retacera informaci\u00f3n a los letrados que quer\u00edan conocer el estado de expedientes en tr\u00e1mite, lo que motiv\u00f3 la oportuna intervenci\u00f3n de este Tribunal (ver mi voto in re \u2018Garc\u00eda Ruiz, Marcelo Felipe c\/ A.N.Se.S\u2019 sent. 74.773 del registro de esta Sala de fecha 27\/9\/99). En el caso, la Asociaci\u00f3n Civil de Abogados Previsionalistas ha solicitado una medida concreta en defensa del derecho que le[s] asiste como letrados para peticionar en sede administrativa en defensa de los intereses de sus clientes y que no es otra que cualquier solicitud de prestaciones presentada por un abogado como mandatario de terceros sea recibida en el d\u00eda h\u00e1bil administrativo en que pretenda ser presentada<\/span> en la \u2018Unidad de Atenci\u00f3n a Profesionales\u2019 sita en la sede de Paran\u00e1 451, piso 1\u00ba, de la Capital Federal, sin estar subordinada al sistema de turnos personales telef\u00f3nicos o virtuales y entiendo que tal solicitud debe ser receptada en toda su amplitud, pues al ordenarse al Estado Nacional y sus organismos a satisfacerla no se hace otra cosa que cumplir con lo establecido por la ley sustantiva y satisfacer el derecho pol\u00edtico b\u00e1sico de peticionar a las autoridades<\/span><\/strong><\/em>\u201d (del voto del Dr. Herrero; \u00e9nfasis y subrayado propios).<\/span><\/p>\n

Con sustento en tales consideraciones, el tribunal dispuso: \u201cOrdenar a los co-demandados que las peticiones formuladas por los letrados a nombre de sus representados sean recibidas en forma inmediata<\/strong> durante los d\u00edas h\u00e1biles administrativos en la \u2018Unidad de Atenci\u00f3n a Profesionales\u2019, sita en la sede de Paran\u00e1 451 Piso 1\u00ba de esta Ciudad de Buenos Aires- \u00f3 en cualquier otra mesa de entradas y\/\u00f3 receptor\u00eda que se habilite a tales fines- sin otras exigencias sustanciales y\/o formales que las que resulten de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su reglamentaci\u00f3n<\/strong><\/em>\u201d (el destacado no pertenece al original).<\/span><\/p>\n

Se trata, entonces, del mismo resultado al que aqu\u00ed se aspira: la aplicaci\u00f3n lisa y llana de las disposiciones de la LNPA y el RLNPA<\/span>.<\/span><\/p>\n

4.6. <\/span><\/span>Ilegalidad y arbitrariedad manifiestas (4): absoluta falta de proporcionalidad del nuevo r\u00e9gimen de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites.<\/span><\/h2>\n

Fuera de la ilegalidad formal que exhibe la \u201cPRES-11-01\u201d, y su ilegalidad sustancial por la contradicci\u00f3n que guarda con el ordenamiento jur\u00eddico, debemos referirnos tambi\u00e9n a su manifiesta arbitrariedad o irrazonabilidad, desde que no est\u00e1n acreditadas ni mucho menos exteriorizadas las razones que llevaron a su implementaci\u00f3n, ni demostrada la proporcionalidad de la medida adoptada con los cometidos que se procuraron satisfacer.<\/span><\/p>\n

Desde tal perspectiva, el nuevo r\u00e9gimen de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites se presenta como totalmente antojadizo, ya que no se funda sino en la voluntad del organismo (sobre cuyas no declaradas intenciones nos explayaremos en el apartado siguiente).<\/span><\/p>\n

Rep\u00e1rese, en este sentido, en que la medida adoptada, a la vez que perjudica gravemente a los abogados como los aqu\u00ed presentados, no beneficia a nadie<\/span>; todo lo contrario, perjudica tambi\u00e9n, en estos casos, a los titulares de derechos previsionales que, en aras de presentar prontamente su tr\u00e1mite y agilizar su presentaci\u00f3n, se ver\u00e1n constre\u00f1idos a hacerlo personalmente, sin asesoramiento jur\u00eddico.<\/span><\/p>\n

Si bien la \u201cPRES-11-01\u201d estar\u00eda imprecisamente llamada a \u201cordenar la afluencia de p\u00fablico a las distintas oficinas\u201d, hay que destacar que, por un lado, la imposibilidad de aglutinar varias presentaciones en un mismo profesional y para una misma fecha es contraproducente y atenta directamente contra dicha finalidad y, por otro, que \u2013en tanto pretende erigirse, en definitiva, como una norma de polic\u00eda aplicable al ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado\u2013 la atenci\u00f3n de dicha finalidad no guarda relaci\u00f3n de causalidad, ni de proporcionalidad, con un sacrificio como el que impone a la libertad de los abogados<\/span>.<\/span><\/p>\n

En efecto, \u201c[e]l poder de polic\u00eda s\u00f3lo puede imponer limitaciones referidas a lo estrictamente necesario y oportuno, para obtener el fin deseado. As\u00ed, ser\u00eda improcedente el empleo inmediato de medidas extremas contra amenazas hipot\u00e9ticas o mal expresadas. Debe existir proporcionalidad entre los males a evitar y los medios a emplear para prevenirlos. Los medios empleados no deben ir m\u00e1s all\u00e1 de las necesidades del caso. Todo esto se explica, por cuanto la limitaci\u00f3n a un derecho \u2014ya se trate de la libertad, de la propiedad o de otro derecho\u2014 debe tender a la restricci\u00f3n m\u00ednima de la plenitud del mismo. Se ha dicho que las limitaciones a la libertad \u2014y lo propio debe decirse de la de los dem\u00e1s derechos\u2014 son de aplicaci\u00f3n restrictiva, debiendo interpret\u00e1rselas en sentido favorable al respectivo derecho\u201d<\/em> (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, tomo IV, Abeledo Perrot Argetina on line AP\/DOC\/2468\/2012).<\/span><\/p>\n

En resumen, y a pesar de ser tan da\u00f1ino, el proceder de la ANSES no aparece justificado en motivos aceptables de inter\u00e9s p\u00fablico, lo que determina su caracterizaci\u00f3n como arbitrario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 43 de la Constituci\u00f3n Nacional.<\/span><\/p>\n

4.7. <\/span><\/span>Ilegalidad y arbitrariedad manifiestas (5): desviaci\u00f3n en la finalidad.<\/span><\/h2>\n

El relato se completa cuando se advierte que, en definitiva, con la decisi\u00f3n de la ANSES se logra segregar y diferir en el tiempo la presentaci\u00f3n de tr\u00e1mites previsionales (e incluso disminuir su n\u00famero desalentando el inicio de actuaciones en el interior del pa\u00eds), desfavoreciendo la presentaci\u00f3n de derechohabientes con patrocinio letrado.<\/span><\/p>\n

De tal modo, una medida que en apariencia est\u00e1 llamada a ordenar el procedimiento administrativo y la distribuci\u00f3n de tareas entre distintas delegaciones parece entra\u00f1ar, en realidad, el prop\u00f3sito de desincentivar la participaci\u00f3n de abogados \u2013en l\u00ednea con la campa\u00f1a de desprestigio que tambi\u00e9n es objeto de esta acci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En estos casos, como explica Comadira[24]<\/span><\/span><\/span><\/a>:<\/span><\/p>\n

\u201cEl fin desviado puede responder a la b\u00fasqueda de un inter\u00e9s personal del agente o de un tercero. Puede, tambi\u00e9n, derivar de la indebida gesti\u00f3n de un inter\u00e9s p\u00fablico diferente del que debe justificar el dictado del acto, pues los agentes estatales no tienen a su cargo la gesti\u00f3n indiferenciada de las distintas exigencias del inter\u00e9s p\u00fablico\u201d.<\/span> <\/span><\/em><\/p>\n

La Corte Suprema ha dicho que ella misma \u201c<\/em><\/span>en numerosas ocasiones, [\u2026] ha reconocido la existencia del \u00abdesv\u00edo de poder\u00bb como causal de invalidez de los actos de los poderes p\u00fablicos, entendida dicha causal como el ejercicio de las facultades estatales con un objeto distinto al previsto por el legislador<\/span><\/em>\u201d[25]<\/span><\/span><\/span><\/a>, expresi\u00f3n que expone el alcance de la figura con adecuada generalidad. <\/span><\/p>\n

Cabe tener presente, al respecto, que:<\/span><\/p>\n

\u201cAtento a que el vicio en la finalidad es clandestino, pues contiene un m\u00f3vil subjetivo \u2013la venganza, un deseo personal o el af\u00e1n de lucro\u2013, faltar\u00e1 siempre una prueba directa. En consecuencia, los indicios o la prueba indirecta son suficientes para formar en el juez la convicci\u00f3n sobre la existencia del defecto. En este sentido, el Tribunal Supremo Espa\u00f1ol ha dicho: es suficiente la convicci\u00f3n moral que se forme el tribunal. Un condicionamiento mayor implicar\u00eda imponer a quien alega el vicio la carga de una prueba diab\u00f3lica. Por lo dem\u00e1s, es necesario recordar que el decisor tiende a ocultar o disimular sus verdaderos objetivos, por tales razones los indicios o la prueba indirecta son fundamentales (\u2026) En fin, para demostrar este vicio, es necesario mostrar los indicios de la desviaci\u00f3n de la finalidad\u201d[26]<\/span><\/sup><\/em><\/sup><\/a><\/span> <\/span><\/em><\/p>\n

En especial, como tambi\u00e9n se\u00f1ala la doctrina, \u201cel trato desigual de los ciudadanos, sin m\u00f3vil \u2013de inter\u00e9s general\u2013 que lo justifique, puede ser demostrativo de que la Administraci\u00f3n ha usado sus poderes con un fin ajeno a aquel por el cual le fueron concedidos\u201d<\/em>[27]<\/span><\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

En este orden de ideas, adem\u00e1s, no es ocioso recalcar que la actividad profesional de los abogados es valiosa para el inter\u00e9s p\u00fablico<\/span>, en tanto asegura la adecuada defensa de los derechos de los administrados frente a la ANSES, y contribuye a garantizar la legalidad del procedimiento administrativo, motivo por el cual \u2013incluso\u2013 resulta obligatoria<\/span> en tanto y en cuanto se trate de \u201ccuestiones jur\u00eddicas\u201d, conf. el art. 1\u00b0, inc. f) ap. 1\u00b0 de la LNPA<\/span>. <\/span><\/strong><\/p>\n

De tal modo, la finalidad que en realidad perseguir\u00eda la ANSES al restringir el procedimiento de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites (desincentivar la participaci\u00f3n de los abogados) es diferente<\/strong> a la finalidad de las normas que (supuestamente) le permitir\u00edan regular ese procedimiento. Esta circunstancia basta para declarar su invalidez, pero a lo expuesto se agrega \u2013en este caso\u2013 que la finalidad realmente perseguida por el organismo es manifiestamente contraria al inter\u00e9s p\u00fablico, que se beneficia con la participaci\u00f3n de los profesionales del Derecho en la tramitaci\u00f3n de los derechos y beneficios previsionales<\/strong>. <\/span><\/p>\n

4.8. <\/span><\/span>Ilegalidad y arbitrariedad manifiestas (6): la campa\u00f1a de desprestigio.<\/span><\/h2>\n

Por las mismas razones expuestas en el punto anterior, las manifestaciones p\u00fablicas de la ANSES (en la forma de carteles, spots publicitarios y textos en la P\u00e1gina Web) agraviantes de la actuaci\u00f3n de los abogados, en forma indiscriminada, resultan \u2013al mismo tiempo\u2013 lesivas del honor y la dignidad de la profesi\u00f3n, y contrarias al orden p\u00fablico.<\/span><\/p>\n

Reitero una vez m\u00e1s que, de acuerdo al art. 1\u00b0, inc. f) ap. 1\u00b0 de la LNPA, el patrocinio letrado es obligatorio<\/strong> en tanto y en cuanto se debatan cuestiones jur\u00eddicas (lo que da cuenta de una valoraci\u00f3n positiva de la intervenci\u00f3n profesional, claramente opuesta a la valoraci\u00f3n negativa que surge de la campa\u00f1a de prensa del organismo) y la determinaci\u00f3n del haber previsional, o con mayor raz\u00f3n el reclamo de reajustes por errores en esa determinaci\u00f3n, involucra indudablemente una cuesti\u00f3n jur\u00eddica<\/strong>.<\/span><\/p>\n

En cualquier caso, adem\u00e1s, la campa\u00f1a es irrazonable e injustificada, y permite sospechar que \u2013en rigor\u2013 lo que la ANSES prefer\u00eda es evitar <\/strong>que los solicitantes de beneficios previsionales cuenten con un asesoramiento adecuado e independiente (algo que se articula perfectamente con el nuevo sistema de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites, que claramente dificulta la iniciaci\u00f3n por apoderado<\/span>). Una persistente ilegalidad en el modo de liquidaci\u00f3n de los haberes previsionales (declarada en una cantidad significativa de sentencias firmes) podr\u00eda ser la explicaci\u00f3n de esta repentina \u201cfobia\u201d a la intervenci\u00f3n de profesionales del Derecho en materia previsional. <\/span><\/p>\n

Sea o no esa la explicaci\u00f3n, lo indudable es que la campa\u00f1a emprendida por la ANSES es agraviante, descalificadora de la profesi\u00f3n de abogado en general, y gravemente lesiva del honor y la dignidad de nuestra noble profesi\u00f3n, es decir, en resumen,\u00a0 \u201cmanifiestamente arbitraria e ileg\u00edtima\u201d, en t\u00e9rminos del art. 43 de la CN y la ley 16.986.<\/strong><\/span><\/p>\n

5. <\/span><\/span>MEDIDA CAUTELAR.<\/span><\/h1>\n

Sin perjuicio de la pretensi\u00f3n de fondo a la que se halla enderezada esta acci\u00f3n, solicito el pronto dictado de una medida cautelar en virtud de la cual se disponga la suspensi\u00f3n parcial de los efectos de la \u201cnorma\u201d identificada como \u201cPRES\u201311\u201301\u201d, a fin de que la ANSES admita inmediatamente y sin limitaci\u00f3n (tal como lo prev\u00e9 la reglamentaci\u00f3n general del procedimiento) los tr\u00e1mites previsionales presentados por letrados apoderados inscriptos en jurisdicci\u00f3n del Colegio, sin limitaci\u00f3n de cantidad ni personalmente<\/strong>.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan se acreditar\u00e1 enseguida, concurren en el caso los presupuestos de procedencia para un pedido cautelar como el formulado, a cuyo efecto debe tenerse adem\u00e1s en cuenta que su objeto (por ser provisorio, y no definitivo) no se confunde con el de la pretensi\u00f3n principal.<\/span><\/p>\n

5.1. <\/span><\/span>Verosimilitud del derecho.<\/span><\/h2>\n

Sobre el particular, y sin perjuicio de que nos remitimos a lo expuesto en los cap\u00edtulos precedentes, cabe reiterar aqu\u00ed que:<\/span><\/p>\n

a) el nuevo sistema de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites no parece contar con respaldo normativo adecuado: la \u201cPRE\u201311\u201301\u201d (si se trata efectivamente de una declaraci\u00f3n de voluntad, con contenido pretendidamente normativo) nunca fue publicada;<\/span><\/p>\n

b) adem\u00e1s, el nuevo sistema de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites es manifiestamente contrario a la letra y el esp\u00edritu de las reglas del procedimiento administrativo com\u00fan, en particular el art\u00edculo 25 del decreto 1759\/1972;<\/span><\/p>\n

c) finalmente, el sistema es manifiestamente irrazonable y desproporcionado, ya que para facilitar el acceso directo de los interesados a las oficinas m\u00e1s cercanas de la ANSES hubiera bastado con establecer esa posibilidad como alternativa, sin imponerla obligatoriamente como la \u00fanica posible; en cuanto a la limitaci\u00f3n de turnos a 4 por d\u00eda, no hay justificaci\u00f3n posible;<\/span><\/p>\n

De tal modo, la \u201cverosimilitud del derecho\u201d que aqu\u00ed se invoca es incuestionable, y surge de la simple constataci\u00f3n de los hechos de la causa.<\/span><\/p>\n

En igual sentido, se ha explicado que \u201cverosimilitud no significa la prueba terminante y plena del derecho invocado, sino, simplemente, la mera presunci\u00f3n de la apariencia\u2026\u201d<\/em> [29]<\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

5.2. <\/span><\/span>Peligro en la demora.<\/span><\/h2>\n

De cara a la concreta petici\u00f3n cautelar que se efect\u00faa, el peligro en la demora estriba en varios frentes:<\/span><\/p>\n

(i) por un lado, en los perjuicios patrimoniales derivados de la demora en la presentaci\u00f3n de los tr\u00e1mites previsionales pendientes, en la que los abogados de la jurisdicci\u00f3n han quedado forzados a incurrir (ya que la \u00fanica manera de hacerlo ser\u00eda concurrir personalmente a todas y cada una de las sedes de la ANSES que corresponden al domicilio real de sus clientes).\u00a0 Para el caso de abogados dedicados preferentemente a la atenci\u00f3n e iniciaci\u00f3n de reclamos previsionales y tr\u00e1mites jubilatorios, esta circunstancia es grav\u00edsima, y \u201csusceptible de generar un perjuicio econ\u00f3mico concreto y actual a la actora, que puede tornarse irreparable para su giro comercial por el transcurso del tiempo\u201d[30]<\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

(ii) por otro lado, aparece tambi\u00e9n un perjuicio en cabeza de los clientes, titulares de los derechos sustanciales en juego (a quienes, por otra parte, no se les puede brindar una explicaci\u00f3n satisfactoria);<\/span><\/p>\n

La Corte Suprema ha establecido una serie de directivas en esta materia que son aplicables al caso: <\/span><\/p>\n

\u201cNo debe llegarse al desconocimiento de derechos previsionales, ha reiterado V.E., sino con extrema cautela, atendiendo al car\u00e1cter alimentario y protector de riesgos de subsistencia y ancianidad que poseen los beneficios (Fallos: 321:3298; 327:1143; 329:5857; etc.) y de acuerdo con el principio in dubio pro justitia socialis (v. Fallos: 322:2926; etc.)\u201d <\/span><\/em>(Fallos: 333:143); <\/span><\/p>\n

\u201c\u2026el car\u00e1cter alimentario de todo beneficio previsional, que tiende a cubrir las necesidades primarias de los beneficiarios y su reconocida naturaleza de subsistencia, obliga a sostener el \u2018principio de favorabilidad\u2019 y a rechazar toda fundamentaci\u00f3n restrictiva.\u201d <\/span><\/em>(Fallos: 331:2006). <\/em><\/span><\/p>\n

En tales condiciones, el requisito debe tenerse por suficientemente verificado, recordando a estos efectos que \u201c\u2018como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino s\u00f3lo de su verosimilitud. Es m\u00e1s, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposici\u00f3n a la finalidad del instituto cautelar<\/strong>, que no es otra cosa que atender a aquello que no excede del marco de lo hipot\u00e9tico<\/strong>, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad<\/em>\u201d[31]<\/span><\/sup><\/sup><\/a> (\u00e9nfasis a\u00f1adido). En igual sentido, se ha explicado que \u201cverosimilitud no significa la prueba terminante y plena del derecho invocado, sino, simplemente, la mera presunci\u00f3n de la apariencia\u2026<\/em>\u201d[32]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>. <\/span><\/p>\n

En efecto, se trata del \u201caccionar preventivo de los jueces. Dicho accionar no es \u00fanicamente un signo de mayor cultura jur\u00eddica, sino tambi\u00e9n una expresi\u00f3n de que en la actual la Justicia da a cada uno lo suyo pero asimismo tambi\u00e9n puede impedir que se pierda lo propio<\/em>\u201d[33]<\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

En este sentido, <\/span>la Corte Suprema tambi\u00e9n ha expresado que \u201c[e]l examen de la concurrencia del peligro en la demora pide una apreciaci\u00f3n atenta de la realidad comprometida<\/strong>, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado por una posterior sentencia (Fallos: 319:1277). En este sentido, se ha destacado que ese peligro debe resultar en forma objetiva de los diversos efectos que podr\u00eda provocar la aplicaci\u00f3n de las disposiciones impugnadas, entre ellos su gravitaci\u00f3n econ\u00f3mica (Fallos: 318:30; 325:388)<\/em>\u201d[34]<\/span><\/sup><\/sup><\/a><\/span><\/p>\n

5.3. <\/span><\/span>Falta de afectaci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico.<\/span><\/h2>\n

Este requisito debe reputarse particularmente configurado por la sencilla raz\u00f3n de que ning\u00fan inter\u00e9s p\u00fablico se ha invocado ni aparece acreditado en la \u201cPRES-11-01\u201d. <\/span><\/p>\n

Es del caso recordar que \u201cen la evaluaci\u00f3n del peligro en la demora como requisito general de toda medida cautelar, es preciso ponderar tanto el gravamen que producir\u00eda la ejecuci\u00f3n del acto cuestionado si al cabo del proceso fuera declarado ileg\u00edtimo -para el caso inconstitucional-, como -y en relaci\u00f3n con- aqu\u00e9l que resultar\u00eda de la paralizaci\u00f3n temporal de los efectos de dicho acto, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensi\u00f3n<\/strong> (doctr. causa B. 65.168, \u2018Burgu\u00e9s\u2019, res. del 30\/IV\/03; I. 3.521 I. 68.183, ya mencionadas). Y, como se desprende de lo expuesto en los p\u00e1rrafos anteriores, tal balance arroja un saldo favorable al otorgamiento de una tutela cautelar en este juicio<\/span><\/strong>. 8. Por \u00faltimo, no se advierte que el dictado y aplicaci\u00f3n de una medida precautoria como la que ha de tener cabida pudiere causar alg\u00fan perjuicio al inter\u00e9s p\u00fablico o un severo compromiso a la actuaci\u00f3n del poder administrador<\/strong> (doctr. CSJN, Fallos: 314:1202; B. 64.745, \u2018Consorcio de Gesti\u00f3n del Puerto de Bah\u00eda Blanca\u2019, res. del 23\/X\/02; I. 3.5321, I. 68.183, a las que se hizo referencia)<\/em>\u201d (cfr. Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, \u201cLo Presti, Norma H. c\/ Banco de la Provincia de Buenos Aires<\/em>\u201d, resoluci\u00f3n del 26 de mayo de 2005; el destacado no est\u00e1 en el original).<\/span><\/p>\n

En este sentido se ha dicho con acierto que una medida cautelar s\u00f3lo \u201c\u2026puede ser denegada con fundamento en la existencia de impostergables necesidades p\u00fablicas, que por razones de cooperaci\u00f3n y solidaridad deben prevalecer sobre el inter\u00e9s individual del peticionario\u201d<\/em>[35]<\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/em><\/span><\/p>\n

A su vez, se debe tener en cuenta que la concreta petici\u00f3n cautelar que se efect\u00faa, fuera de la incomodidad pr\u00e1ctica que pueda acarrear para la ANSES (si tal fuese el caso, lo que dudamos) es insusceptible de ocasionar agravio alguno al inter\u00e9s p\u00fablico, en tanto se halla limitada a garantizar el cumplimiento de lo que ordena una norma.<\/span><\/p>\n

5.4. <\/span><\/span>Contracautela.<\/span><\/h2>\n

Sin perjuicio de lo que V.S. estime corresponder, dejo desde ahora ofrecida la cauci\u00f3n juratoria, la cual \u2013dadas las particularidades y alcances del pedido\u2013 debe reputarse suficiente.<\/span><\/p>\n

5.5. <\/span><\/span>Inconstitucionalidad de las normas de la ley 26.854.<\/span><\/h2>\n

Teniendo en cuenta que esta parte solicita, entonces, el dictado de una medida cautelar en virtud de la cual se suspenda la vigencia del actual mecanismo restrictivo de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites hasta tanto V.S. pueda expedirse sobre la cuesti\u00f3n de fondo, solicito tambi\u00e9n que se declare la inconstitucionalidad de los art\u00edculos 4\u00ba, 5\u00ba, 6\u00ba inc. 1 y 10 de la reciente ley 26.854 en cuanto all\u00ed (i) <\/strong>se contempla un informe previo que se debe requerir a la demandada, (ii) <\/strong>se acota el plazo de vigencia del decreto cautelar hasta un m\u00e1ximo de 3 y 6 meses, y (iii)<\/strong> se excluye la posibilidad de prestar la cauci\u00f3n juratoria en casos como el presente, respectivamente.<\/span><\/p>\n

La inconstitucionalidad de la norma mencionada en primer t\u00e9rmino es puesta de resalto \u2013en este caso\u2013 por la necesidad de otorgar un inmediato remedio a la progresiva afectaci\u00f3n de los derechos de los abogados, que resultar\u00eda del mantenimiento de la vigencia del r\u00e9gimen cuestionado (teniendo especialmente en cuenta que, como contrapartida, la p\u00e9rdida de vigencia cautelar de ese r\u00e9gimen no producir\u00eda ning\u00fan perjuicio al inter\u00e9s p\u00fablico, sino todo lo contrario, en tanto y en cuanto simplemente habilitar\u00eda la presentaci\u00f3n de tr\u00e1mites previsionales en las mismas oficinas en las que se ven\u00edan presentando esos tr\u00e1mites hasta el reciente cambio de rumbo de la Administraci\u00f3n).<\/span><\/p>\n

En este sentido, en un reciente fallo emitido por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de Primera Instancia N\u00ba 10 en los autos \u201cSERA JUSTICIA \u2013Inc. Med. Cautelar- c\/ EN \u2013PEN- Ley 26.855 s\/ Proceso de Conocimiento<\/em>\u201d, se declar\u00f3 la inconstitucionalidad de la exigencia del traslado previo para que la Administraci\u00f3n presente el informe previsto en el art\u00edculo 4\u00ba en cuesti\u00f3n.\u00a0 En la misma l\u00ednea, se pronunci\u00f3 el Juzgado Federal N\u00ba 1 de Neuqu\u00e9n en los autos \u201cSpinelli Ana Mar\u00eda c\/ Estado Nacional s\/ Acci\u00f3n de Inconstitucionalidad<\/em>\u201d. <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, una de las reglas esenciales en materia de medidas cautelares es que se dictan \u201cinaudita parte<\/em>\u201d. Acreditadas la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, el juez tiene elementos suficientes para trabar una medida cautelar. No olvidemos que se trata de una decisi\u00f3n esencialmente provisional, que no causa instancia y que puede ser revocada o modificada en cualquier estadio del proceso. Con ello tampoco se afecta la defensa en juicio de la contraparte, pues \u00e9sta puede defenderse ampliamente al pedir reconsideraci\u00f3n de la medida o bien apelarla.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, el art\u00edculo 4\u00b0 citado, convierte a la medida cautelar en un proceso contradictorio, dando oportunidad al Estado para que conozca de antemano el contenido de la demanda. En efecto, en el art\u00edculo 4\u00ba de la ley 26.854 se establece como tr\u00e1mite necesario para el otorgamiento de medidas cautelares el traslado del escrito inicial a la autoridad administrativa demandada por el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas.<\/span><\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de que el t\u00edtulo del art\u00edculo es \u201cInforme\u201d y que all\u00ed se indica que el juez proceder\u00e1 a \u201crequerir a la autoridad p\u00fablica demandada que dentro del plazo de cinco d\u00edas, produzca un informe<\/strong> que d\u00e9 cuenta del inter\u00e9s p\u00fablico comprometido por la solicitud<\/em>\u201d (el destacado me pertenece), lo cierto es que se trata de un verdadero traslado. Ello es as\u00ed, toda vez que se faculta a la autoridad administrativa demanda a expedirse acerca de las condiciones de admisibilidad<\/strong> y procedencia de la medida cautelar<\/strong> solicitada y acompa\u00f1ar constancias documentales que considere pertinentes, conjuntamente con la presentaci\u00f3n del informe.<\/span><\/p>\n

De este modo, se excepciona el principio general que indica que las medidas cautelares se decretan y cumplen sin intervenci\u00f3n de la otra parte[36]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>, reconocido en forma expresa en el C.P.C.C.N.[37]<\/span><\/sup><\/sup><\/a> y un\u00e1nimemente tanto por la doctrina[38]<\/span><\/sup><\/sup><\/a> como por la jurisprudencia. <\/span><\/p>\n

La C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal se ha expedido en los mismos t\u00e9rminos: <\/span><\/p>\n

\u201cEntre las caracter\u00edsticas principales, las medidas cautelares tienen las siguientes: a) Provisoriedad e interinidad; b) Mutabilidad o variabilidad en el sentido de que pueden ser revocadas o modificadas siempre que sobrevengan circunstancias que as\u00ed lo aconsejen (art\u00edculos 202 y 203); c) Accesoriedad, ya que no tienen un fin en s\u00ed mismas, sino que sirven a un proceso principal; d) se dictan sin contradictorio previo, inaudita parte<\/strong>, vale decir que el Juez resuelve en forma unilateral en base a la sola petici\u00f3n del interesado\u00bb (art\u00edculo 198)\u201d[39]<\/span><\/sup><\/strong><\/em><\/sup><\/a>. <\/em><\/p>\n

En el sub examen la bilateralizaci\u00f3n que se exige en el art\u00edculo 4 de la ley 26.854 suscita una inadmisible dilaci\u00f3n del otorgamiento de la medida cautelar solicitada por esta parte, lo que trasunta una clara afectaci\u00f3n del derecho a la tutela judicial efectiva[40]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>. <\/strong><\/span><\/p>\n

Es sabido que el derecho a la jurisdicci\u00f3n no se limita a obtener una sentencia favorable sino que \u00e9sta debe ser oportuna y tener virtualidad para resolver efectivamente la cuesti\u00f3n planteada[41]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>.\u00a0 Por lo dem\u00e1s, cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas oportunidades ha destacado la importancia de una respuesta a tiempo del servicio de justicia, destacando que la demora en llegar a una soluci\u00f3n puede llegar a constituir, por s\u00ed misma, una violaci\u00f3n de las garant\u00edas judiciales[42]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>.<\/span><\/p>\n

Lo mismo cabe predicar respecto de la exigencia contenida en los art\u00edculo 5\u00ba y 6\u00ba inc. 1 de la misma ley 26.854, pues resulta irrazonable (y contrario a la tutela judicial efectiva) que esta parte pueda quedarse sin resguardo cautelar por el solo hecho de cumplirse un plazo de tres o seis meses (arbitrariamente fijado) si en tal plazo aquella pretensi\u00f3n no es resuelta por V.S. con car\u00e1cter definitivo.<\/span><\/p>\n

En este sentido, dicha soluci\u00f3n legal luce claramente disvaliosa e injustificada. <\/span><\/p>\n

Poner un plazo de vigencia a las medidas cautelares ya es de por s\u00ed un contrasentido, pues si las mismas tienen como finalidad asegurar el cumplimiento de la sentencia de fondo, el \u00fanico modo de que esto se cumpla realmente es que permanezcan vigentes hasta que aquella sea dictada y ejecutada.<\/span><\/p>\n

Los citados preceptos desnaturalizan la esencia misma de las medidas cautelares, que es asegurar la eficacia de la sentencia definitiva que se dicte en el proceso principal[43]<\/span><\/sup><\/sup><\/a> y, de esta forma, realizar el derecho a la tutela judicial efectiva. Es que, \u201cdebido a que entre la iniciaci\u00f3n del proceso (y aun antes del mismo) y el eventual otorgamiento de la pretensi\u00f3n perseguida transcurre un tiempo en el cual la misma puede resultar de dificultosa o imposible concreci\u00f3n, para evitar este efecto y sostener la posibilidad de realizar el objeto del proceso se han regulado las medidas cautelares<\/em>\u201d[44]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>.<\/span><\/p>\n

Es por ello que en la medida en que no se dicte la sentencia definitiva o, eventualmente, no desaparezca el peligro en la demora invocado por esta parte, el decaimiento de la medida cautelar no tendr\u00e1 fundamento alguno y no producir\u00e1 otro efecto m\u00e1s que poner en riesgo el efectivo cumplimiento de la sentencia de fondo, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva. <\/span><\/p>\n

Con gran claridad explica Kielmanovich que \u201c[l]as medidas cautelares se caracterizan, a su turno, por su provisionalidad, por lo que ellas habr\u00e1n de subsistir hasta el momento en que la <\/em>sentencia definitiva adquiera firmeza o ejecutoriedad \u2013verific\u00e1ndose su conversi\u00f3n luego, en todo caso, en ejecutorias\u2013 , o mientras duren las<\/em> circunstancias f\u00e1cticas que las determinaron (rebus sic stantibus), pudiendo entonces as\u00ed solicitarse su levantamiento en tanto esos presupuestos sufriesen alguna alteraci\u00f3n<\/em>\u201d[45]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>. Este temperamento es receptado por el CPCCN, en cuyo art\u00edculo 202 se prescribe que \u201c[l]as medidas cautelares subsistir\u00e1n mientras duren las circunstancias que las determinaron<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n

En consecuencia, el \u00fanico modo de que realmente se asegure el cumplimiento de la sentencia de fondo es que las medidas cautelares permanezcan vigentes hasta que aquella sea dictada y ejecutada.<\/span><\/p>\n

Cabe destacar a esta altura, que en el Mensaje de Elevaci\u00f3n 377 del proyecto que deriv\u00f3 en la ley 26.854 falazmente se sostiene que el deber de los jueces o tribunales de establecer un plazo de duraci\u00f3n a las medidas cautelares se funda en el car\u00e1cter provisional que tienen las medidas cautelares. Nada m\u00e1s err\u00f3neo. Al contrario de lo sostenido por el Poder Ejecutivo, como se ha visto, el car\u00e1cter de provisional de las medidas cautelares implica que \u00e9stas pueden ser modificadas en tanto se modifiquen las circunstancias de hecho que la justificaron o, desde otro \u00e1ngulo, que ellas deben mantenerse (hasta que se dicte la sentencia definitiva) en la medida en que no se alteren las circunstancias que la justificaron (cl\u00e1usula rebus sic stantibus<\/em>)[46]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>.<\/span><\/p>\n

Ahora bien, naturalmente, transcurridos los breves plazos previstos en la norma no desaparecen ipso iure <\/em>ni la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora invocado. Esto es, se mantiene la misma posibilidad cierta de que la sentencia definitiva que se dicte en el proceso principal se vea privada de toda efectividad, de igual manera que como se est\u00e1 invocando en este escrito inicial. Es que, \u00bfcu\u00e1l ser\u00eda la raz\u00f3n para que se diluya el periculum in mora<\/em> autom\u00e1ticamente transcurrido el plazo legal? <\/em>Claramente ninguna.<\/span><\/p>\n

Entonces, cabr\u00eda preguntarse con qu\u00e9 fundamento el legislador ha entendido que merece ser dejado sin protecci\u00f3n el derecho que invoca el particular una vez transcurrido seis o tres meses[47]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>. <\/span><\/p>\n

En suma, la efectividad de la tutela judicial presupone, desde la perspectiva de las medidas cautelares, garantizar que el derecho que se pretende hacer valer en el proceso no se perder\u00e1 a consecuencia de la inevitable duraci\u00f3n de su t\u00e9rmino. Tal prop\u00f3sito exigir\u00e1 anticipar la tutela del derecho sustancial invocado en la presente demanda de amparo hasta tanto dure el periculum in mora<\/em> y no se dicte la sentencia definitiva dado que, de lo contrario, se producir\u00e1n los perjuicios temidos por los abogados de la jurisdicci\u00f3n, que no podr\u00e1n ser adecuadamente reparados en la sentencia definitiva.<\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, y teniendo en cuenta que p\u00e1rrafos m\u00e1s arriba se dej\u00f3 ofrecida la cauci\u00f3n juratoria, solicito a V.S. que tambi\u00e9n declare la inconstitucionalidad del art\u00edculo 10 de la ley 26.854.<\/span><\/p>\n

En efecto, el precepto citado consagra otra grave restricci\u00f3n al dictado de medidas cautelares que, adem\u00e1s, limita inconstitucionalmente el arbitrio judicial en la evaluaci\u00f3n de las circunstancias del caso y viola por ello la divisi\u00f3n de poderes (arg. art. 1\u00ba CN). <\/span><\/p>\n

Es claro, que lo que el legislador puede establecer \u2013y de hecho as\u00ed figura en el CPCCN\u2013 la obligaci\u00f3n de imponer una contracautela, pero la naturaleza de la misma es algo que s\u00f3lo concierne al juez evaluar, y de cara a las espec\u00edficas y particulares circunstancias del caso<\/span>; esto es, en funci\u00f3n de la mayor o menor verosimilitud en el derecho y el mayor o menor peligro en la demora que el peticionante haya podido acreditar, y las dem\u00e1s caracter\u00edsticas del caso \u2013entre las cuales adquiere especial relevancia, en el sub lite<\/em>, la naturaleza de mi mandante (como persona de derecho p\u00fablico no estatal) y la naturaleza de los intereses tutelados<\/strong>. <\/span><\/p>\n

Pero repito: se trata de un examen que le concierne al juez, y que constituye actividad intr\u00ednsecamente jurisdiccional.<\/span><\/p>\n

El derecho a obtener una medida cautelar mediante una cauci\u00f3n juratoria no debe ser considerado solamente como una protecci\u00f3n especial para los sectores considerados socialmente vulnerables o bien para la protecci\u00f3n de ciertos derechos solamente, sino que es un derecho que toda persona debe tener a su alcance como parte necesaria del acceso a la justicia (m\u00e1xime cuando sus derechos, cualquiera sea su \u00edndole, resulten evidentes y se encuentren manifiestamente amenazados).<\/span><\/p>\n

A partir de all\u00ed, y sobre la base de las constancias de la causa, es al juez interviniente a quien le corresponde hacer m\u00e9rito de ellas y decidir el car\u00e1cter de la cauci\u00f3n. Cualquier soluci\u00f3n generalizada y anticipada por v\u00eda legislativa debe, entonces, reputarse inconstitucional.<\/span><\/p>\n

Por lo dem\u00e1s, en el caso de autos, el dictado de la medida no es susceptible de producir ning\u00fan tipo de perjuicio patrimonial a la ANSES, del que sea necesario precaverse mediante otro tipo de cauci\u00f3n que no sea la que se propone. <\/span><\/p>\n

Por todas las razones expuestas, solicitamos a V.S. que \u2013previa declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de los art\u00edculos de la ley 26.854 mencionados\u2013 decrete la medida cautelar solicitada.<\/span><\/p>\n

5.6. <\/span><\/span><\/strong>Precedente favorable. Colegio Abogados de Rosario.<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

El pasado 16 de septiembre de 2013, el Juzgado Federal N\u00b0 1, Secretar\u00eda C de Rosario, en los autos \u201cCOLEGIO DE ABOGADOS DE ROSARIO C\/ ANSES S\/ AMPARO\u201d (Expte. 11.882\/2013)<\/em> hizo lugar a una demanda del Colegio de Abogados de Rosario, y orden\u00f3 a la Administraci\u00f3n Nacional de la Seguridad Social (ANSES) el inmediato retiro de carteles injuriosos contra los profesionales del derecho que exhibe en sus dependencias.<\/span> <\/span><\/strong><\/p>\n

El fallo corresponde a una acci\u00f3n de amparo interpuesta por la instituci\u00f3n profesional en la que se reclama el retiro de los carteles, que se encuentran en lugar p\u00fablico, porque denigran e injurian a los abogados sin justificativo alguno.<\/span><\/p>\n

El juez hizo lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia orden\u00f3 a la ANSES:\u201c\u2026\u00a0 a los fines de que arbitre los medios necesarios y proceda a retirar de manera inmediata todos los carteles y\/o leyendas que hagan referencia a abogados y que se encuentren en lugar p\u00fablico\u201d<\/em>.<\/span><\/p>\n

La sentencia se apoya en el art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n nacional, que garantiza el derecho a trabajar a todos los habitantes de la Naci\u00f3n y espec\u00edficamente el fallo menciona la protecci\u00f3n del ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado establecido en leyes que regulan su actividad para proteger a la profesi\u00f3n con libertad y dignidad. <\/span><\/p>\n

El texto deja en claro que la ANSES persigue como objetivo que los profesionales no asistan a las personas que inician o contin\u00faan los tr\u00e1mites jubilatorios o de pensi\u00f3n. <\/span><\/p>\n

Como mejor recaudo se transcribe el texto del fallo:<\/span><\/p>\n

\u201cY considerando que:<\/span><\/em><\/p>\n

Primero: En primer lugar, el derecho a trabajar se encuentra garantizado por nuestra carta magna, en su art\u00edculo 14, al disponer que: \u00abTodos los habitantes de la Naci\u00f3n gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria licita…\u00bb. <\/span><\/em><\/p>\n

Mas espec\u00edficamente, encontramos la protecci\u00f3n del ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado en el dictado de leyes que regulan su actividad \u2013tendientes proteger – con libertad y dignidad la profesi\u00f3n \u2013siendo aplicable en el \u00e1mbito de la justicia federal con asiento en las provincias, la ley 22.192. Su art\u00edculo 13 enumera los derechos y funciones de los abogados, siendo los de patrocinar y representar a quienes requieran sus servicios<\/span><\/em><\/p>\n

en el \u00e1mbito judicial o extrajudicial, prestar asesoramiento jur\u00eddico y practicar los dem\u00e1s actos relacionados con la abogac\u00eda. Asimismo, su art\u00edculo 12 \u2013al igual que el art. 58 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y Comercial de la Naci\u00f3n -ordenan que, en el ejercicio de su profesi\u00f3n, el abogado estar\u00e1 asimilado a los magistrados judiciales en cuanto al respeto y consideraci\u00f3n que debe guard\u00e1rsele.<\/span><\/em><\/p>\n

Ante la inobservancia de estas normas, puede el abogado afectado efectuar un reclamo y comunicar este hecho al Colegio de Abogados de su jurisdicci\u00f3n, quien puede constituirse en parte en dichas actuaciones, ya que una de las finalidades de su creaci\u00f3n es la de defender a sus miembros para asegurarles el libre ejercicio de la profesi\u00f3n conforme a las leyes, velar por la dignidad y el decoro profesional de los abogados. <\/span><\/em><\/p>\n

Por otro lado, el C\u00f3digo de \u00c9tica, aplicable a los matriculados en el ejercicio de la de abogado ante la Capital Federal y\/o ante Tribunales Federales adopta como principio general para la interpretaci\u00f3n de sus disposiciones que: \u00abla protecci\u00f3n de la libertad y dignidad de la profesi\u00f3n de abogado forma parte de las finalidades de esta ley y ninguna de sus disposiciones podr\u00e1n entenderse en un sentido que las menoscabe r o restrinja.\u00bb<\/span><\/em><\/p>\n

En el caso concreto, y de acuerdo a las constancias del mandamiento diligenciado por la oficial de justicia a fs. 40 se advierte que en el edificio constatado la existencia de carteles en lugar p\u00fablico, lo que podr\u00eda afectar, en principio, el ejercicio del derecho constitucional de trabajar. Ante ello y sin perjuicio de las ulterioridades de la causa, advierto la existencia de verosimilitud en el derecho invocado, toda vez que frente a las circunstancias apuntadas surge la necesidad de protecci\u00f3n de los derechos de 1a actora que podr\u00edan\u00a0 ser conculcados.<\/span><\/em><\/p>\n

En cuanto a la existencia del peligro en la demora, el mismo surge ante\u00a0 la limitaci\u00f3n, en el ejercicio del derecho constitucional de trabajar, como as\u00ed tambi\u00e9n de la consiguiente afectaci\u00f3n moral.<\/span><\/em><\/p>\n

En consecuencia, estimo que la cautelar resulta procedente ante la concurrencia de los requisitos previamente verificados, bajo cauci\u00f3n juratoria la que se tiene por prestada con el escrito de demanda (art. 199, 2do. p\u00e1rrafo del C.P.C.C.N.).<\/span><\/em><\/p>\n

En su merito, RESUELVO:<\/span><\/em><\/p>\n

Primero: Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia ordenar a la Administraci\u00f3n Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con Sede en Rosario, Provincia de Santa Fe, conformada por las delegaciones UDAI Centro de calle Rioja 1120, UDAI Norte de calle Avda. Alberdi 651 y UDAI Oeste de calle Avda. Provincias Unidas 571, a los fines que arbitre los medios necesarios y proceda a retirar de manera inmediata todos los carteles y\/o leyendas que hagan referencia a abogados que se encuentren en lugar p\u00fablico\u201d. <\/span><\/em> <\/span><\/em><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

6. <\/span><\/span><\/strong>PRUEBA DOCUMENTAL<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Se acompa\u00f1a la siguiente:<\/span><\/p>\n

Anexo I: Acta N\u00ba 692 del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.<\/strong><\/span><\/p>\n

Anexo II: Copia de la \u201cresoluci\u00f3n\u201d o \u201ccircular\u201d identificada como \u201cPRE\u201311\u201301\u201d;<\/span><\/p>\n

Anexo III: Actas de constataci\u00f3n notarial.<\/span><\/p>\n

Anexo IV: Ley 5177 de la Provincia de Buenos Aires;<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

7. <\/span><\/span><\/strong>RESERVA DEL CASO DEFERAL.<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Para el hipot\u00e9tico e improbable caso que V.S. no acceda a lo solicitado en autos, formulo expresa reserva de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, por la v\u00eda que contempla el art\u00edculo 14 de la ley 48, por cuanto un pronunciamiento contrario a las pretensiones de \u00e9sta parte importar\u00eda una violaci\u00f3n a sus derechos de ejercer la industria l\u00edcita y de peticionar ante las autoridades, as\u00ed como tambi\u00e9n de las garant\u00eda de propiedad y de debido proceso (arts. 14, 17, 18 y 75 inc. 22 de la Constituci\u00f3n Nacional).<\/span><\/p>\n

<\/span><\/strong><\/p>\n

8. <\/span><\/span><\/strong>AUTORIZACIONES.<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Autorizo expresamente al Dr. Fernando Levene, Pedro Herranz, Manuel Fernandez y Enrique Sarav\u00ed a consultar el expediente, pudiendo retirar el mismo, y quedando facultados para retirar copias de escritos, c\u00e9dulas, oficios, testimonios, o cualquier otra documentaci\u00f3n, y en general, para realizar cualquier otra diligencia que resulte necesaria para la prosecuci\u00f3n de la presente acci\u00f3n, pudiendo cualquiera de los mencionados, dejar nota en el libro de asistencia del tribunal los d\u00edas correspondientes.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

9. <\/span><\/span><\/strong>PETITORIO.<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:<\/span><\/p>\n

(i) me tenga por presentado, por derecho propio, y en por representaci\u00f3n invocada, por acreditada la personer\u00eda (en este \u00faltimo caso) y por constituido el domicilio en el lugar arriba indicado;<\/span><\/p>\n

(ii)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 agregue la documentaci\u00f3n acompa\u00f1ada; <\/span><\/p>\n

(iii) \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0tenga presente las autorizaciones conferidas y el planteo del caso federal;<\/span><\/p>\n

(iv)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 decrete la medida cautelar solicitada;<\/span><\/p>\n

(v) \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0oportunamente, haga lugar a la acci\u00f3n de amparo aqu\u00ed promovida contra la medida identificada como \u201cPRE\u201311\u201301\u201d (y\/o la conducta administrativa que restringe indebidamente la presentaci\u00f3n de tr\u00e1mites ante la ANSES) y ordene al organismo que reciba los tr\u00e1mites previsionales de cualquier \u00edndole por parte de los abogados afiliados al Colegio, sin restricci\u00f3n de n\u00famero;<\/span><\/p>\n

(vi) similarmente, ordene a la ANSES que cese inmediatamente la campa\u00f1a de desprestigio contra la actuaci\u00f3n de los abogados en tr\u00e1mites previsionales, y en particular que retire las manifestaciones publicitarias de todas las dependencias del Organismo que se encuentran en la Provincia de Buenos Aires.<\/span><\/p>\n

Proveer de conformidad,<\/span><\/p>\n

SER\u00c1 JUSTICIA.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

<\/p>\n
\n
\n

[1]<\/span><\/span><\/a> CNACAF, Sala IV, Federaci\u00f3n Argentina de Colegios de Abogados c. EN, sentencia del 17\/08\/2010 (AR\/JUR\/53029\/2010).<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[2]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> Fallos: 308:987; 324:448 y 331:2406.<\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[3]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> Fallos: 320:691; 323:1339; 325:524; 326:2150, entre otros. <\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[4]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> Fallos: 335:23. <\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[5]<\/span><\/span><\/a> Causa R. 369. XLIX, sentencia del 18 de junio de 2013.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[6]<\/span><\/span><\/a> \u201c\u2026cuando la v\u00eda de hecho de la Administraci\u00f3n trae aparejada la violaci\u00f3n de un derecho constitucional, el amparo aparece como el procedimiento adecuado para restaurar el derecho conculcado\u201d (Salgado, Al\u00ed J., Verdaguer, Alejandro C., Juicio de amparo y acci\u00f3n constitucional, Buenos Aires, ed. Astrea, 2000, 2\u00aa ed., p\u00e1g. 102).<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[7]<\/span><\/span><\/a> BADENI, Gregorio, Tratado de derecho constitucional, t. II, La Ley, Buenos Aires, 2010, p. 413; \u00e9nfasis propio<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[8]<\/span><\/span><\/a> LNPA, art. 1\u00b0: \u201cLas normas del procedimiento que se aplicar\u00e1 ante la Administraci\u00f3n P\u00fablica Nacional centralizada y descentralizada, inclusive entes aut\u00e1rquicos<\/span>, con excepci\u00f3n de los organismos militares y de defensa y seguridad, se ajustar\u00e1n a las propias de la presente ley y a los siguientes requisitos\u2026\u201d, etc.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[9]<\/span><\/span><\/a> Fallos 325:1808 y 333:666.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[10]<\/span><\/span><\/a> CNSS, Sala II, \u201cAsociaci\u00f3n Civil de Abogados Previsionalistas y otros c\/ Estado Nacional \u2013 M\u00ba de Trabajo y el Empleo, Sec. Seg. Soc. y otro s\/ Amparos y sumar\u00edsimos<\/em>\u201d, resoluci\u00f3n del 28 de mayo de 2002.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[11]<\/span><\/span><\/a> SES\u00cdN, Domingo J, \u201cEl principio del formalismo atenuado y sus consecuencias pr\u00e1cticas<\/em>\u201d, en la Obra Coletiva Cuestiones del Procedimiento Administrativo, Jornadas organizadas por la Universidad Austral, ed. RAP, 2005, p\u00e1g. 67.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[12]<\/span><\/span><\/a> PERRINO, Pablo E., El derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa\u201d, Revista de Derecho P\u00fablico, editada por Rubinzal-Culzoni, a\u00f1o 2003-I, Proceso administrativo-I, ps. 275\/294.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[13]<\/span><\/span><\/a> CASSAGNE, Juan Carlos, Curso de Derecho Administrativo<\/em>, Tomo II, 10\u00b0 Edici\u00f3n, ed. La Ley, p\u00e1g. 18.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[14]<\/span><\/span><\/a> S\u00c1ENZ, Jorge A., \u201cPrincipios Generales del Procedimiento Administrativo<\/em>\u201d, en la Obra Colectiva Procedimiento Administrativo<\/em> \u2013Directores: POZO GOWLAND, H\u00e9ctor, HALPERIN, David, AGUILAR VALDEZ, Oscar, LIMA, Fernando Juan y CANOSA, Armando- Tomo I, ed. La Ley, p\u00e1g. 356.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[15]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> CASSAGNE, Juan Carlos, Curso de Derecho Administrativo<\/em>, Tomo II, 10\u00ba edici\u00f3n, ed. Abeledo Perrot, p\u00e1g. 21; ABERASTURY, Pedro-Cilurzo, Mar\u00eda Rosa, Curso de Procedimiento administrativo<\/em>, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, p\u00e1g 31\/32; GORDILLO, Agust\u00edn-Daniele Mabel (directores), Procedimiento administrativo<\/em>, 2ed, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p\u00e1g. 369.<\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[16]<\/span><\/span><\/a> Fallos 292:485; 238:550; 303:1535, entre muchos otros.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[17]<\/span><\/span><\/a> Fallos 199:177; 246:177; 251:469; entre otros.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[18]<\/span><\/span><\/a> S\u00c1ENZ, Jorge A., \u201cPrincipios Generales del Procedimiento Administrativo<\/em>\u201d, en la Obra Colectiva Procedimiento Administrativo<\/em> \u2013POZO GOWLAND, H\u00e9ctor, HALPERIN, David, AGUILAR VALDEZ, Oscar, LIMA, Fernando Juan y CANOSA, Armando (directores)- Tomo I, ed. La Ley, p\u00e1g. 360.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[19]<\/span><\/span><\/a> GORDILLO, Agust\u00edn \u2013DANIELE, Mabel (Directores), Procedimiento Administrativo<\/em>, 2\u00ba edici\u00f3n, Ed. Lexis Nexis, p\u00e1g. 369.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[20]<\/span><\/span><\/a> Decreto Ley 17.040, art\u00edculo 6.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[21]<\/span><\/span><\/a> CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo<\/em>, Tomo II, p\u00e1g. 28.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[22]<\/span><\/span><\/a> P\u00c9REZ HUALDE, Alejandro, \u201cDesviaci\u00f3n de poder como \u00absistema\u00bb y un instrumento necesario: las lealtades personales\u201d, La Ley, Sup. Adm. 2013 (febrero).<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[23]<\/span><\/span><\/a> JEANNERET DE P\u00c9REZ CORT\u00c9S, Mar\u00eda, \u201cLa finalidad como elemento esencial del acto administrativo, y la desviaci\u00f3n de poder\u201d, LL 2002-D , 1408.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[24]<\/span><\/span><\/a> COMADIRA, Julio R., El acto administrativo,<\/em> La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 125-127.<\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[25]<\/span><\/span><\/a> Fallos, 316:365.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[26]<\/span><\/span><\/a> BARRAZA, Javier I., \u201cFinalidad del acto administrativo y la desviaci\u00f3n de poder\u201d, LL 2012-B, 1053<\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[27]<\/span><\/span><\/a> JEANNERET DE P\u00c9REZ CORT\u00c9S, Mar\u00eda, \u201cLa finalidad como elemento esencial del acto administrativo, y la desviaci\u00f3n de poder\u201d, LL 2002-D , 1408.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[28]<\/span><\/span><\/a> CSJN, \u201cForestadora Tapebicu\u00e1 S.A v. Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos \u2013AFIP-<\/span><\/em><\/span>\u201d, 22 de diciembre de 2008.<\/span><\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[29]<\/span><\/span><\/a> Comadira, Julio; \u201cLas medidas cautelares en el proceso administrativo (Con especial referencia a la suspensi\u00f3n de los efectos del acto)\u201d, LL 1994-C, 699.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[30]<\/span><\/span><\/a> CNCCF, Sala I, \u201cTelecentro S.A. c\/ Telecom Argentina Stet France S.A. y otro<\/em>\u201d, resoluci\u00f3n del 23 de septiembre de 2003.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[31]<\/span><\/span><\/a> CSJN, \u201cForestadora Tapebicu\u00e1 S.A v. Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos \u2013AFIP-\u201d, 22 de diciembre de 2008.<\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[32]<\/span><\/span><\/a> COMADIRA, Julio R.; \u201cLas medidas cautelares en el proceso administrativo (Con especial referencia a la suspensi\u00f3n de los efectos del acto)\u201d, LL 1994-C, 699.<\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[33]<\/span><\/span><\/a> <\/sup>PEYRANO, Jorge W., \u201cLa jurisdicci\u00f3n preventiva, Diario La Ley del 1\u00ba de julio de 2013.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[34]<\/span><\/sup><\/sup><\/a> Fallos: 329:5160.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[35]<\/span><\/span><\/a> Palacio, Lino Enrique; Derecho Procesal Civil<\/em>, Tomo VIII, p\u00e1g. 193.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[36]<\/span><\/span><\/a> Parece importante, a ese respecto, recordar que la regla general que establece que las medidas cautelares se decretan inaudita parte no trasunta una derogaci\u00f3n del principio de contradicci\u00f3n (el cual constituye una proyecci\u00f3n de la garant\u00eda constitucional de la defensa en juicio) sino una postergaci\u00f3n moment\u00e1nea de su vigencia justificada en obvias razones de efectividad (cfr. Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, t. VIII, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1985, p\u00e1g. 69).<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[37]<\/span><\/span><\/a> En su art\u00edculo 198 puede leerse: \u201cLas medidas precautorias se decretar\u00e1n y cumplir\u00e1n sin audiencia de la otra parte<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[38]<\/span><\/span><\/a> CAMPS<\/span>, Carlos Enrique, C\u00f3digo Procesal Civil y Comercial De La Provincia De Buenos Aires (Anotado – Comentado – Concordado), Depalma, 2004, Abeledo Perrot N\u00ba: 8009\/006364.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[39]<\/span><\/span><\/a> CNCAF, Sala V, in re \u201cS.A. Organizaci\u00f3n Coordinadora Argentina c\/ C\u00e1mara Nac. de Correos y Tel\u00e9grafos s\/ Amparo Ley 16.986\u201d, Abeledo Perrot N\u00ba 8\/7153. En el mismo sentido: Sala V, in re \u201cHalper\u00edn, David Eduardo -Incidente- c\/E.N. -M\u00ba de Econom\u00eda y Servicios P\u00fablicos s\/ Empleo p\u00fablico\u201d, Abeledo Perrot N\u00ba 8\/7275; y Sala II, in re \u201cTorre,\u00a0 Hugo Mario c\/ Aguas Argentinas S.A. y otro s\/ da\u00f1os y perjuicios\u201d, sentencia del 17\/07\/2010 (in\u00e9dito) y \u201cH\u00e9ctor Enrique Perino s\/ Medida Precautoria\u201d, Abeledo Perrot N\u00ba 8\/4084.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[40]<\/span><\/span><\/a> SIM\u00d3N PADR\u00d3S<\/span>, Ramiro, La tutela cautelar en la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa, 1\u00aa. ed., Lexis Nexis, Buenos Aires, 2004,\u00a0 p\u00e1g. 139.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[41]<\/span><\/span><\/a> CNCAF, Sala IV, in re \u201cTrujillo Nu\u00f1ez, Filiberto c\/ Dir.Nac. de Migraciones -Disp. 3490\/96\u201d, Abeledo Perrot N\u00ba 8\/1472 con cita de C.Fed.Gral.Roca, 23\/9\/97, \u201cHelou, Juan C.\u201d, JA. 18\/2\/98.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[42]<\/span><\/span><\/a> Corte I.D.H., Sentencia de la \u201cMasacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas\u201d, del 24 de noviembre de 2009, Serie C N\u00ba 211; Sentencia \u201cRadilla Pacheco Vs. M\u00e9xico. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas,\u201d del 23 de noviembre de 2009, Serie C N\u00ba 209; Sentencia \u201cHeliodoro Portugal Vs. Panam\u00e1. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas,\u201d del 12 de agosto de 2008. Serie C N\u00ba 186, entre muchos otros.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[43]<\/span><\/span><\/a> CALAMANDREI<\/span>, Piero, Providencias cautelares, <\/em>El Foro, Buenos Aires, p. 45; el autor explica que las medidas cautelares tiene \u201cla finalidad inmediata de asegurar la eficacia de la providencia definitiva que servir\u00e1 a su vez para actuar el derecho\u201d. En igual sentido Palacio (Palacio<\/span>, Lino E., Derecho Procesal Civil<\/em>, t. VIII, Abeledo Perrot, 1992, Abeledo Perrot N\u00ba 2511\/000250) destaca que finalidad de los procesos cautelares \u201cse reduce a asegurar la eficacia pr\u00e1ctica de la sentencia o resoluci\u00f3n que debe recaer en otro proceso<\/em>\u201d.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[44]<\/span><\/span><\/a> FALC\u00d3N<\/span>, Enrique M., Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, <\/em>t. IV: Sistemas cautelares (Medidas cautelares. Tutela anticipada), Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, p\u00e1g.86.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[45]<\/span><\/span><\/a> KIELMANOVICH<\/span>, Jorge L., Medidas Cautelares<\/em>, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, p\u00e1g. 43.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[46]<\/span><\/span><\/a> Ver el pasaje citado de KIELMANOVICH<\/span> y el art\u00edculo 202 del CPCCN. En el mismo sentido CASSAGNE<\/span>, Ezequiel (\u201cLas medidas cautelares contra la administraci\u00f3n\u201d en CASSAGNE<\/span>, Juan Carlos (dir.), Tratado de Derecho Procesal Administrativo<\/em>, La Ley, Buenos Aires, 2007.)<\/em> al referirse al car\u00e1cter provisional afirma \u201cLas medidas cautelares subsistir\u00e1n mientras duren las circunstancias que fueron tenidas en cuenta en sus momento para su dictado<\/em>\u201d.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[47]<\/span><\/span><\/a> En similar sentido, CASSAGNE<\/span>, Ezequiel, \u201cEl error de la insistencia en la aplicaci\u00f3n de un plazo a las medidas cautelares\u201d, LL 2011-C, 1306: \u201cEn tal entendimiento, es impensado fijar en t\u00e9rminos generales un \u00abplazo razonable\u00bb para las medidas cautelares, que prescinda del peligro en la demora que motiva cada dictado. Es m\u00e1s, si en un caso concreto pudiera establecerse un plazo, la concesi\u00f3n realizada de dicha medida cautelar generar\u00eda dudas porque el peligro tendr\u00eda que justificarse \u00fanicamente para cierto plazo de tiempo. \u00bfY luego? O desaparece el peligro y la ur<\/em>PROMUEVE ACCI\u00d3N DE AMPARO. SOLICITA MEDIDA CAUTELAR. CASO FEDERAL.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Se\u00f1or Juez Federal:<\/span><\/strong><\/p>\n

<\/span><\/strong>Bienvenido RODR\u00cdGUEZ BASALO<\/span><\/strong> (abogado, Tomo 71, Folio 215 de la C.F.A.L.P.) en mi car\u00e1cter de Presidente del COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y del COLEGIO DE ABOGADOS DE QUILMES, con domicilio real en calle 14 N\u00ba 747, de La Plata, con el patrocinio letrado del Dr. Francisco Roberto BRUMAT <\/strong>(a<\/span>bogado, T\u00b0 67 y F\u00b0 414, C.F.L.P.)<\/span>, y constituyendo domicilio procesal en calle 14 N\u00ba 747 (esquina 47), de la ciudad de La Plata, ante V.S. nos presentamos y respetuosamente decimos:<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

1. <\/span><\/span><\/strong>PERSONERIA.<\/span><\/strong><\/p>\n

Como surge del testimonio del Acta n\u00famero 692<\/strong> que se acompa\u00f1a, correspondiente a la sesi\u00f3n del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires<\/strong>, llevada a cabo el d\u00eda 6 de junio de 2012 (ver Anexo I<\/strong>), he sido designado presidente de dicho organismo profesional, hasta el d\u00eda 31 de mayo de 2014, de acuerdo a lo prescripto en el art\u00edculo 52, segundo p\u00e1rrafo, de la Ley 5177 (t. o. Decreto 2885\/01). <\/span><\/p>\n

Esta designaci\u00f3n implica, por s\u00ed sola, un mandato para representar al COLPROBA de los que habilita al art\u00edculo 50, inc. k), de la Ley 5177 (t.o. Decreto 2885\/01), debiendo se\u00f1alarse, a su vez, que el art\u00edculo 49 de la misma norma establece que \u201c<\/em>…la representaci\u00f3n<\/strong> del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires estar\u00e1 a cargo de un Consejo Superior, integrado por los Presidentes de los Colegios Departamentales que funcionen en el territorio de la Provincia de Buenos Aires\u2026<\/em>\u201d, en tanto que el art\u00edculo 52 prescribe que dicho Consejo Superior \u201c\u2026 designar\u00e1 de entre sus miembros un Presidente\u2026<\/em>\u201d. <\/span><\/p>\n

Como ya lo ha reconocido la jurisprudencia, los representantes legales de las asociaciones, corporaciones u otras entidades (como las simples asociaciones que tienen capacidad para estar en juicio: SCBA, La Ley<\/em>, 75-769, Jurisprudencia Argentina<\/em>, 1954-IV-174; C\u00e1mara 2\u00aa La Plata, D.J.<\/em> 64-78; C\u00e1mara 1\u00aa La Plata, La Ley<\/em>, 51-11; Jurisprudencia Argentina<\/em>, 1948-I-456, y otros), pueden acreditar el car\u00e1cter que invisten por medio de documentos, como el testimonio de los estatutos o acta de su designaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En virtud de ello y en el car\u00e1cter invocado, comparezco en estos actuados en nombre y representaci\u00f3n de la entidad colegial, y solicito ser tenido por presentado, parte, y con el domicilio procesal constituido en el arriba indicado.<\/span><\/p>\n

2. <\/span><\/span>OBJETO<\/span><\/h1>\n

Esta presentaci\u00f3n tiene por objeto:<\/span><\/p>\n

a) Promover acci\u00f3n de amparo<\/strong> \u2013en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 43 de la Constituci\u00f3n Nacional, y la ley nacional 16.986\u2013 contra los siguientes \u201cactos u omisiones\u201d de la Administraci\u00f3n Nacional de la Seguridad Social (en adelante, ANSES<\/span>) que lesionan de manera arbitraria y manifiesta derechos constitucionalmente protegidos del suscripto, y de todos los abogados de la jurisdicci\u00f3n del Colegio, a saber:<\/span><\/p>\n

(i) el acto de la ANSES (identificado como \u201cresoluci\u00f3n o \u201ccircular\u201d \u201cPRE\u201311\u201301\u201d, que se adjunta como Anexo II) en virtud del cual se dispuso implementar un nuevo sistema de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites previsionales por parte de abogados, condicionando esa presentaci\u00f3n a la previa obtenci\u00f3n de un turno, limitando esos turnos a un m\u00e1ximo de 4 por d\u00eda, exigiendo que los tr\u00e1mites sean presentados personalmente por el apoderado, <\/strong>y con exclusi\u00f3n de su remisi\u00f3n por correspondencia; y<\/span><\/p>\n

(ii) las reiteradas manifestaciones agraviantes a la dignidad de los profesionales del Derecho, en la forma de carteles, spots publicitarios y textos en la P\u00e1gina Web (conf. las constancias adjuntas como Anexo III) que dan cuenta de la existencia de una verdadera campa\u00f1a administrativa de desprestigio de la profesi\u00f3n del abogado<\/span>, manifiestamente injustificada y lesiva de nuestros derechos constitucionales.<\/span><\/p>\n

b) Solicitar el dictado de una medida cautelar<\/strong> que disponga:<\/span><\/p>\n

(i) la inmediata suspensi\u00f3n de efectos de la citada \u201cresoluci\u00f3n\u201d o \u201ccircular\u201d PRE\u201311\u201301\u201d, en lo que aqu\u00ed se ataca, en atenci\u00f3n a su manifiesta ilegitimidad y arbitrariedad, y en consecuencia, ordene a la ANSES que permita a los profesionales matriculados en los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires la presentaci\u00f3n de tr\u00e1mites previsionales sin limitaci\u00f3n de cantidad.<\/strong><\/span><\/p>\n

(ii) <\/span>proceda a retirar de manera inmediata <\/span>textos en la P\u00e1gina Web, spots publicitarios, carteles, banners y afiches de las dependencias del ANSES <\/strong><\/span>de la toda la Provincia<\/span><\/strong><\/span>, <\/span><\/span>que hagan referencias <\/span>agraviantes a la dignidad de los abogados.<\/span><\/span><\/p>\n

Denuncio el domicilio de la demandada (ANSES) en calle 9 N\u00ba 1279 de la ciudad de La Plata.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

3. <\/span><\/span><\/strong>REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA ACCI\u00d3N.<\/span><\/strong><\/p>\n

3.1.<\/span> Legitimaci\u00f3n activa<\/span><\/span><\/h2>\n

La Ley 5177 de la Provincia de Buenos Aires\u00a0 (acompa\u00f1ado como Anexo IV) reglamenta el ejercicio profesional de la abogac\u00eda en el \u00e1mbito de esa\u00a0 Provincia. En su art\u00edculo 18 prev\u00e9 que los colegios departamentales (como el Colegio que represento) funcionar\u00e1n \u201ccon el car\u00e1cter, derechos y obligaciones de las personas jur\u00eddicas de derecho p\u00fablico no estatal\u201d<\/em>.<\/span><\/p>\n

La legitimaci\u00f3n del Colegio para promover la presente acci\u00f3n de amparo resulta esencialmente de esta Ley, y en particular de su art. 19, que incluye \u2013entre otras funciones de los colegios departamentales\u2013 las siguientes:<\/span><\/p>\n

4.<\/span><\/em><\/strong> Asistir y defender a los miembros del Colegio, ejerciendo las acciones pertinentes<\/span>, administrativas y\/o judiciales<\/span>, para asegurarles el libre ejercicio de la profesi\u00f3n<\/span>. Velar por el decoro de los matriculados<\/span> y afianzar la armon\u00eda entre \u00e9stos.<\/span><\/em><\/p>\n

(\u2026) <\/span><\/em><\/p>\n

9.<\/span><\/em><\/strong> Cumplir y hacer cumplir el mandato \u00e9tico superior de la abogac\u00eda, de defender la justicia, la democracia, el estado de derecho y las instituciones republicanas<\/span> en toda situaci\u00f3n en la que \u00e9stos valores se encuentren comprometidos, conforme a los derechos y garant\u00edas constitucionales<\/span>.
10.<\/strong> Hacer conocer a los matriculados, a las autoridades p\u00fablicas y a la comunidad, las irregularidades y deficiencias que se advirtieren en el funcionamiento de los organismos p\u00fablicos<\/span>, y las situaciones en las que se requiera la defensa del valor justicia para el aseguramiento de los derechos constitucionales<\/span>.<\/span><\/em><\/p>\n

(\u2026)<\/span><\/em><\/p>\n

23.<\/span><\/em><\/strong> Propender, en general, al mejoramiento y atenci\u00f3n del bienestar del matriculado<\/span> y su familia, en relaci\u00f3n a sus necesidades f\u00edsica y espiritual, dentro del marco de confraternidad que emana de esta ley <\/span><\/em>(el destacado no est\u00e1 en el original).<\/span><\/p>\n

Al final de ese mismo art\u00edculo, adem\u00e1s, se aclara que la enunciaci\u00f3n de estas facultades no es limitativa:<\/span><\/p>\n

Las facultades enunciadas en los incisos precedentes, no se entender\u00e1n como negaci\u00f3n de otras atribuciones que correspondan a la capacidad reconocida por la ley a las personas jur\u00eddicas, o se relacionen con el ejercicio de la abogac\u00eda y procuraci\u00f3n considerado como problema provincial o nacional<\/span>, con la instituci\u00f3n de la\u00a0 justicia, con el estudio y progreso de la legislaci\u00f3n y la\u00a0 jurisprudencia su actualizaci\u00f3n, perfeccionamientos cient\u00edfico-jur\u00eddicos de los profesionales <\/span><\/em>(el destacado no est\u00e1 en el original).<\/em><\/span><\/p>\n

A mayor abundamiento, el art\u00edculo 42 de la misma Ley, al definir las incumbencias del Consejo Directivo de cada colegio departamental, precisa que corresponde a los mismos (y por l\u00f3gica consecuencia al respectivo Colegio):<\/span><\/p>\n

4.<\/span><\/em><\/strong> Representar a los matriculados en ejercicio, dictando las disposiciones necesarias y ejerciendo las acciones judiciales<\/span> y administrativas pertinentes, para asegurarles el leg\u00edtimo desempe\u00f1o de su profesi\u00f3n<\/span>.<\/span><\/em><\/p>\n

5.<\/span><\/em><\/strong> Defender los derechos e intereses profesionales leg\u00edtimos, el honor y la dignidad de los abogados, velando por el decoro e independencia de la profesi\u00f3n<\/span>.<\/span><\/em><\/p>\n

La pretensi\u00f3n que se deduce en el sub lite <\/em>persigue, por un lado, la defensa de los derechos individuales homog\u00e9neos de los abogados, matriculados en la jurisdicci\u00f3n departamental que corresponde al Colegio (y los propios del suscripto) afectados por el arbitrario e ileg\u00edtimo sistema de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites de la ANSES, y por el otro, la defensa de la dignidad y el honor de la profesi\u00f3n de abogado frente a las injustificadas y arbitrarias agresiones p\u00fablicas del organismo, en el marco de una indudable campa\u00f1a de desprestigio que V.S. debe hacer cesar.<\/span><\/p>\n

De las normas transcriptas se deduce que el Colegio se halla plenamente facultado para defender \u2013incluso judicialmente\u2013 el libre y pleno ejercicio de los derechos de los profesionales de la abogac\u00eda matriculados en su jurisdicci\u00f3n, as\u00ed como la dignidad y el prestigio de la profesi\u00f3n del abogado, frente a cualquier interferencia de las autoridades p\u00fablicas. M\u00e1s a\u00fan, las citadas normas de la Ley 5177 funcionan como una verdadera encomienda de responsabilidad, de forma tal que el Colegio, al promover la presente acci\u00f3n de amparo, est\u00e1 cumpliendo con su cometido espec\u00edfico, y actuando en defensa de los intereses que la norma le manda proteger<\/span>.<\/span><\/p>\n

Se\u00f1alado lo anterior, corresponde destacar que la legitimaci\u00f3n de los colegios profesionales para intervenir en juicio en defensa de los derechos de sus asociados \u2013ya se trate de intereses colectivos, o incluso de intereses individuales homog\u00e9neos\u2013 ha sido tradicionalmente admitida por la jurisprudencia en cuestiones an\u00e1logas a la presente, que comprometen el regular desempe\u00f1o de la profesi\u00f3n y el respeto de su dignidad y prestigio. <\/span><\/p>\n

As\u00ed, por ejemplo, la Sala IV de la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal admiti\u00f3 la legitimaci\u00f3n de la FACA, federaci\u00f3n que nuclea a los Colegios Provinciales del pa\u00eds (en un caso en el que se impugnaba la legitimidad de la Ley 26.080) considerando que en ese caso \u201c\u2026se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, existe una homogeneidad f\u00e1ctica y normativa que lleva a considerar razonable la realizaci\u00f3n de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada, en tanto el inter\u00e9s individual considerado aisladamente no justifica la promoci\u00f3n de una demanda, con lo cual podr\u00eda verse afectado el acceso a la justicia\u201d<\/em>. Y agreg\u00f3 a continuaci\u00f3n que \u201cla pretensi\u00f3n no se circunscribe a procurar, una tutela de los intereses de la Federaci\u00f3n sino que, por la \u00edndole de los derechos en juego, es representativa de los intereses de todos los abogados, conforme surge del estatuto y especialmente de las actas de fs. 216\/218 y 230\/238\u201d[1]<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/a><\/em>.<\/span><\/p>\n

Por otra parte la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, en varias oportunidades, al reconocerle legitimaci\u00f3n al Colegio P\u00fablico de Abogados de la Capital Federal, ha se\u00f1alado que es \u201cuna persona de derecho p\u00fablico, desde que no se la concibe como una asociaci\u00f3n de derecho com\u00fan, a la cual se es libre de asociarse o de no asociarse, para la defensa de intereses sectoriales, sino como el \u00f3rgano que en el \u00e1mbito de la delegaci\u00f3n transestructural de las funciones estaduales es revestido de naturaleza p\u00fablica para llevar adelante el cumplimiento de un cometido p\u00fablico que se le encomienda, cual es el de controlar el ejercicio de la profesi\u00f3n con arreglo a las pautas preestablecidas en resguardo de los intereses, no de los abogados individual y sectorialmente, sino de la comunidad que necesita del concurso de \u00e9stos para garantir el afianzamiento de la justicia, de la que los abogados son auxiliares, motivo principal por el que dicho \u00f3rgano ha de gobernar la matr\u00edcula\u201d <\/span><\/em>[2]<\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/span> <\/span><\/p>\n

Del mismo modo, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha reconocido en diversos precedentes la legitimaci\u00f3n del Colegio de Abogados de la Provincia (que nuclea a los colegios departamentales) para deducir acciones en defensa de los intereses de sus representados. Al dictar resoluci\u00f3n en la causa Ac. B-64474, del 19 de marzo de 2003, en los autos caratulados \u201cColegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires c\/ Provincia de Buenos Aires s\/ Amparo\u201d, tuvo oportunidad de manifestar \u2013frente a un planteo de falta de legitimaci\u00f3n activa de los representantes del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires para promover la acci\u00f3n intentada\u2013 que esa oposici\u00f3n no resultaba fundada (voto del Dr. Juan Carlos Hitters), agregando que \u201clos letrados presentados en autos (Presidente y Secretario de la instituci\u00f3n) han acreditado la representaci\u00f3n que invisten y alegan en la demanda, conforme lo requerido por el Tribunal en los t\u00e9rminos de los arts. 49, 50 inc. \u00abk\u00bb y 52 de la ley 5.177 -t.o. dec. N\u00b0 2.885\/01- (res. de fs. 29). En efecto, adjuntaron documentaci\u00f3n de la que surge que el Consejo Superior de la entidad profesional aprob\u00f3 la actuaci\u00f3n judicial as\u00ed como tambi\u00e9n, en lo esencial, el tenor del libelo inicial (escrito de fs. 36\/36 cta.., actas de fs. 31 y 32 y proyecto de fs. 33\/35)<\/em>. Tal como se dice m\u00e1s adelante en ese mismo fallo, el actor era una \u201cpersona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico no estatal (art. 48 ley 5.177, t.o. por decreto 2.885\/01)\u201d<\/em>, entre cuyos deberes y atribuciones se cuenta \u00abactuar judicial o administrativamente en defensa de los intereses profesionales, pudiendo otorgar mandatos a tal efecto\u00bb<\/em> (art. 50 inc. \u00abk\u00bb, ley cit.). En esas condiciones \u2013concluy\u00f3\u2013 \u201cno resulta dudosa la aptitud del Colegio de Abogados de la Provincia para deducir acci\u00f3n de amparo en defensa de los intereses que invoca: el derecho al trabajo de los colegiados -arts. 14, Const. Nac. y 27, Const. prov.- y la tutela judicial continua y efectiva en materia contencioso administrativa de sus representados y de los habitantes de la Provincia -arts. 15, 166 y 215, Const. prov.- (fs. 18, 19 cta.. y 36). Circunscribir la legitimaci\u00f3n procesal a los l\u00edmites \u00abindividuales\u00bb que pretend\u00eda entonces el se\u00f1or Fiscal de Estado, implicar\u00eda desconocer, no s\u00f3lo las referidas normas legales que la confieren (ley 5.177, cit.), sino los alcances constitucionales de la tutela judicial en general y de la garant\u00eda del amparo en particular (arts. 18, 43, 75 inc. 22 y concs. Constituci\u00f3n nacional; 11, 15, 20 inc. 2\u00ba y concs., Constituci\u00f3n provincial). No s\u00f3lo los derechos e intereses individuales sino tambi\u00e9n los colectivos reciben protecci\u00f3n expl\u00edcita a trav\u00e9s de las mentadas garant\u00edas (cfr. normas cits.)\u201d.<\/em><\/span><\/p>\n

A mayor abundamiento, la legitimaci\u00f3n del Colegio demandante encuentra tambi\u00e9n sustento en lo dispuesto en el art\u00edculo 43 de la\u00a0 CN y los art\u00edculos 8 y 25, inciso 1) de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos \u2013con jerarqu\u00eda constitucional conforme art\u00edculo 75 inc. 22 de la CN. Con invocaci\u00f3n de tales normas el M\u00e1ximo Tribunal ha admitido en forma reiterada y pac\u00edfica la legitimaci\u00f3n activa de las asociaciones especiales, tanto cuando estas demandan por v\u00eda de amparo como por v\u00eda de acciones declarativas de inconstitucionalidad[3]<\/span><\/span><\/span><\/a>. As\u00ed, por ejemplo, recientemente la Corte Suprema ha reconocido legitimaci\u00f3n colectiva a un colegio profesional en una demanda declarativa iniciada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 322 del CPCCN contra una normativa impositiva provincial[4]<\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

\u00daltimamente, distintos fallos en todo el pa\u00eds admitieron la legitimaci\u00f3n de los Colegios de Abogados en causas cuya pretensi\u00f3n guardaban similitud con los autos: \u201c<\/span>Rizzo, Jorge Gabriel (apoderado Lista 3 Gente de Derecho) s\/ acci\u00f3n de amparo c\/ Poder Ejecutivo Nacional, Ley 26.855, medida cautelar\u201d<\/span><\/em><\/span>, en la que la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n dict\u00f3 sentencia definitiva sobre el fondo de la controversia<\/span>[5]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/em><\/span> <\/span><\/span> <\/span><\/span><\/p>\n

All\u00ed, al resolver definitivamente la controversia, el m\u00e1ximo tribunal tuvo oportunidad de respaldar la actuaci\u00f3n de los distintos magistrados federales del pa\u00eds que han aceptado su competencia y han resuelto favorablemente los planteos de inconstitucionalidad y pedidos de medidas cautelares contra la Ley 26.855 llevados a su conocimiento.<\/span><\/span> <\/span><\/span><\/p>\n

En cuanto a la legitimaci\u00f3n del suscripto a t\u00edtulo propio, la misma resulta evidente a partir de mi condici\u00f3n de abogado matriculado, y en tanto (i) el sistema de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites de la ANSES limita severamente las posibilidades de ejercicio de la profesi\u00f3n en materia previsional ante la Administraci\u00f3n, restringiendo mi libertad de un modo absolutamente irrazonable, y (ii) la campa\u00f1a de desprestigio me afecta de manera directa, y como integrante del colectivo atacado.<\/span><\/p>\n

3.2.<\/span> Legitimaci\u00f3n pasiva<\/span><\/span><\/h2>\n

La legitimaci\u00f3n pasiva corresponde a la Administraci\u00f3n Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en su car\u00e1cter de emisor de la supuesta reglamentaci\u00f3n que dispone restricciones injustificadas para la presentaci\u00f3n de tr\u00e1mites ante el organismo (identificada como \u201cPRE\u201311\u201301\u201d) o, en caso que no se trate de una verdadera reglamentaci\u00f3n, en su car\u00e1cter de responsable de la implementaci\u00f3n de ese sistema (que en tal caso ser\u00eda susceptible de ser calificado como una \u201cv\u00eda de hecho\u201d), as\u00ed como tambi\u00e9n en su condici\u00f3n de autor responsable de la campa\u00f1a de desprestigio de la que dan cuenta las constancias del Anexo II. <\/span><\/p>\n

3.3. <\/span><\/span>Competencia<\/span><\/h2>\n

La acci\u00f3n de amparo aqu\u00ed promovida est\u00e1 dirigida contra la ANSES, ente descentralizado del Estado Nacional, en la \u00f3rbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Naci\u00f3n (art. 1\u00ba del decreto 2741\/1991), es decir, un sujeto con derecho al fuero federal.<\/span><\/p>\n

La lesi\u00f3n de derechos constitucionales que aqu\u00ed se alega es causada por un acto de aquella repartici\u00f3n (el referido PRES\u201311\u201301) o en todo caso una v\u00eda de hecho en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 9\u00ba, inc. a), de la ley 19.549 (la implementaci\u00f3n de un sistema de turnos manifiestamente arbitrario e ileg\u00edtimo); del mismo modo, la vulneraci\u00f3n de la dignidad y el honor de la profesi\u00f3n de abogados se imputa a una campa\u00f1a implementada por la ANSES, y exteriorizada en signos y se\u00f1ales provenientes de ese organismo.<\/span><\/p>\n

En todos los casos, resulta claro que la controversia deber\u00e1 ser resuelta mediante la aplicaci\u00f3n preponderante de normas de derecho administrativo, circunstancia determinante de la competencia de V.S. (art. 4\u00ba ley 16.986). En efecto, \u201cpuntualizamos sumariamente que el criterio que se ha afirmado en la jurisprudencia del fuero es el que postula que es contencioso administrativa toda causa en la cual para la resoluci\u00f3n de la cuesti\u00f3n de fondo, resulten de preponderante aplicaci\u00f3n normas de derecho p\u00fablico\u201d<\/em> (cfr. CANDA, Fabi\u00e1n, \u201cEl Ministerio P\u00fablico Fiscal en el proceso contencioso administrativo federal\u201d, en CASSAGNE, Juan Carlos (dir.), Tratado General de Derecho Procesal Administrativo, La Ley, Buenos Aires, 2011, p\u00e1g. 349).<\/span><\/p>\n

Sobre el particular, es importante aclarar que, teniendo en cuenta el objeto y los sujetos (particularmente, los actores) de esta acci\u00f3n, la materia a ser examinada no se refiere a la seguridad social, ni al alcance de derechos de naturaleza previsional, ni a las condiciones en que tales derechos deben o no ser reconocidos en un caso particular. Por el contrario, lo que aqu\u00ed se halla en juego es el derecho al ejercicio pleno de la profesi\u00f3n de abogado, y el adecuado resguardo de su honor y dignidad.<\/span><\/p>\n

Finalmente, la acci\u00f3n se promueve ante el magistrado competente en el territorio en el que los actos cuestionados producen sus efectos propios, ya que la implementaci\u00f3n de un sistema restrictivo de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites impide a los abogados de esta jurisdicci\u00f3n<\/span> iniciar por ante las oficinas locales de la ANSES los tr\u00e1mites de sus clientes domiciliados en otro lugar, del mismo modo que la campa\u00f1a de desprestigio \u2013cuyas constataciones fueron obtenidas en las oficinas de las ANSES en jurisdicci\u00f3n de V.S. \u2013 produce sus efectos propios en este territorio.<\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, no puede dejar de remarcarse que incluso cuando existiera alg\u00fan margen de duda sobre la competencia material de V.S., debe estarse a lo dispuesto por el art\u00edculo 4\u00b0 de la ley 16.986, que establece con suma claridad que, en caso de duda sobre la competencia material, debe prevalecer la competencia del juez requerido. Es que en las acciones de amparo en general, y en \u00e9sta en particular, se encuentran en juego derechos constitucionales gravemente afectados y la tutela requerida no admite las dilaciones propias de un conflicto de competencias.<\/span><\/p>\n

3.4. <\/span><\/span>Procedencia de la v\u00eda de amparo<\/span><\/h2>\n

En el caso concurren todos los requisitos de admisibilidad de una acci\u00f3n de amparo<\/strong>, en los t\u00e9rminos del art. 43 de la CN, y la ley 16.986, de acuerdo a lo que seguidamente se expone.<\/span><\/p>\n

3.4.1. <\/span><\/span><\/strong>Obrar antijur\u00eddico<\/span><\/strong><\/h3>\n

Como se explicar\u00e1 en detalle m\u00e1s adelante, la conducta de la ANSES es manifiestamente ileg\u00edtima y arbitraria. En el caso de la modalidad de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites, el sistema vigente implica:<\/span><\/p>\n

\u00b7 <\/span><\/span>la previa solicitud de turnos (que en s\u00ed misma no ser\u00eda objetable, si constituyera una reglamentaci\u00f3n justificada y razonable del derecho a peticionar a las autoridades);<\/span><\/p>\n

\u00b7 <\/span><\/span>una limitaci\u00f3n (para los abogados<\/span>) a un m\u00e1ximo de 4 turnos otorgados por d\u00eda;<\/span><\/p>\n

\u00b7 <\/span><\/span>la necesidad de concurrir personalmente<\/span> a esa oficina para iniciar el tr\u00e1mite;<\/span><\/p>\n

\u00b7 <\/span><\/span>la negativa de la ANSES a recibir cualquier tr\u00e1mite que no haya cumplido con todos los requerimientos antes expuestos.<\/span><\/p>\n

De resultas de todo lo anterior, la \u00fanica posibilidad que tienen los abogados es presentar personalmente el tr\u00e1mite previsional de sus mandantes \u2013una vez cumplidos los dem\u00e1s requisitos \u2013. <\/span><\/p>\n

Esta soluci\u00f3n introduce una restricci\u00f3n evidentemente irrazonable en materia de procedimiento, que provoca una severa reducci\u00f3n del \u00e1mbito de libertad en el ejercicio de la profesi\u00f3n, sin ning\u00fan fundamento v\u00e1lido.<\/span><\/p>\n

Aparentemente, la fuente de esta exigencia es una \u201ccircular\u201d o \u201cresoluci\u00f3n\u201d identificada como \u201cPRE\u201311\u201301\u201d (al menos, en el documento al que hemos tenido acceso, que adjuntamos como Anexo II). <\/span><\/p>\n

Si se considera que se trata de un \u201creglamento\u201d (aunque ser\u00eda manifiestamente ileg\u00edtimo, en virtud de su contenido, y de sus grav\u00edsimos defectos formales \u2013comenzando por la falta de publicaci\u00f3n) es ese acto<\/span> el que genera la lesi\u00f3n a los derechos constitucionales de los abogados, y por eso la acci\u00f3n de amparo se dirige contra el mismo. Para el caso en que se concluya que esa \u201ccircular\u201d o \u201cdisposici\u00f3n\u201d no alcanza siquiera la condici\u00f3n aparente de reglamento (por ejemplo, porque no ha existido una verdadera declaraci\u00f3n de voluntad de los \u00f3rganos competentes de la ANSES en ese sentido) la metodolog\u00eda impuesta para la asignaci\u00f3n de turnos a abogados representar\u00eda una simple \u201cv\u00eda de hecho\u201d, y la acci\u00f3n de amparo \u2013que en subsidio tambi\u00e9n se dirige contra esa conducta material sin respaldo normativo\u2013 ser\u00eda igualmente procedente<\/span>[6]<\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

Tal como se advierte a simple vista, y se confirmar\u00e1 luego al desarrollar in extenso <\/em>los fundamentos del amparo, en cualquiera de ambos casos estamos frente a una actividad manifiestamente arbitraria e ileg\u00edtima.<\/span><\/span><\/p>\n

Lo mismo puede decirse, sin mayores dificultades, respecto de la campa\u00f1a agraviante que lleva a cabo la ANSES, en la que parece identificar al ejercicio de la abogac\u00eda con pr\u00e1cticas ilegales que \u2013de existir efectivamente\u2013 deber\u00e1n ser en\u00e9rgicamente sancionadas en cada caso particular, pero no justifican dar a publicidad una ofensa a la dignidad y el honor de todos los abogados indiscriminadamente, procurando excluirlos de los tr\u00e1mites previsionales como si su intervenci\u00f3n fuese per se <\/em>da\u00f1ina o inconveniente.<\/span><\/p>\n

3.4.2. <\/span><\/span><\/strong>Car\u00e1cter manifiesto (la cuesti\u00f3n no requiere mayor debate o prueba)<\/span><\/strong><\/h3>\n

Se satisface tambi\u00e9n el car\u00e1cter manifiesto<\/strong> de la ilegitimidad que reclama el art\u00edculo 43 de la Constituci\u00f3n Nacional, pues ella surge del solo contraste entre las caracter\u00edsticas del nuevo \u201cr\u00e9gimen de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites\u201d y las garant\u00edas constitucionales afectadas.<\/span><\/p>\n

Otro tanto puede decirse con relaci\u00f3n a la campa\u00f1a de difusi\u00f3n agraviante, para cuyo an\u00e1lisis basta con las constancias adjuntas como Anexo III.<\/span><\/p>\n

A resultas de lo expuesto, no ser\u00e1 necesario para V.S. abrir el debate a otros temas secundarios, ni adentrarse en consideraciones probatorias, bast\u00e1ndole el solo cotejo de lo actuado por la ANSES (a cuyo efecto resulta suficiente la documentaci\u00f3n acompa\u00f1ada) con las normas que regulan los procedimientos administrativos a nivel nacional y con aquellas que reconocen y tutelan los derechos invocados, empezando por la Constituci\u00f3n Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella. <\/span><\/p>\n

Tampoco \u2013vale la pena aclararlo\u2013 se pretende aqu\u00ed que V.S. se involucre en una cuesti\u00f3n que corresponda a la \u201coportunidad, m\u00e9rito y conveniencia\u201d de la autoridad administrativa. <\/span><\/p>\n

Ciertamente, la ANSES puede dictar las normas internas de funcionamiento que crea convenientes (en principio, sin interferencias irrazonables del Poder Judicial) pero de ning\u00fan modo puede \u2013escud\u00e1ndose en esa supuesta facultad\u2013 establecer requisitos irrazonables, en \u201cnormas\u201d manifiestamente inv\u00e1lidas, con perjuicio a los derechos constitucionalmente garantizados de los administrados. <\/span><\/p>\n

Frente a un escenario como el descripto, es indudable que V.S. cuenta \u2013en el marco del \u201ccontrol judicial suficiente\u201d de la actividad administrativa al que hace referencia la Corte Suprema\u2013 con facultades suficientes para verificar la legalidad y razonabilidad del pretendido \u201creglamento\u201d y de la conducta administrativa cuestionada, y adoptar los remedios que considere pertinentes para restablecer la legalidad y los derechos afectados. <\/span><\/p>\n

3.4.3. <\/span><\/span><\/strong>Derechos constitucionales afectados.<\/span><\/strong><\/h3>\n

El primer derecho que resulta evidentemente afectados por el sistema de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites de la ANSES es el derecho de los abogados (en concreto: del suscripto, y de los integrantes del Colegio) de \u201cejercer toda industria l\u00edcita\u201d previsto en el art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n Nacional.<\/span><\/p>\n

La conducta atribuida a la ANSES afecta gravemente la libertad de los abogados, en particular, la denominada \u201clibertad econ\u00f3mica\u201d, que \u2013tal como se ha dicho\u2013 \u201c<\/span>abarca toda actividad humana destinada a generar riqueza mediante el desarrollo de los factores productivos. Las libertades de contratar, de comercio e industria, de ejercer profesiones liberales y toda actividad susceptible de producir bienes, quedan englobadas en la libertad econ\u00f3mica cuando persiguen una finalidad de tal \u00edndole.<\/strong> Si bien la Constituci\u00f3n no menciona de manera expresa a la libertad econ\u00f3mica, en varias de sus cl\u00e1usulas encontramos referencias a actividades que la configuran. La ley fundamental reconoce a los habitantes de la Naci\u00f3n el derecho de trabajar y ejercer toda industria l\u00edcita, as\u00ed como bien el de navegar y comerciar (art. 14)<\/span><\/em>\u201d[7]<\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

Como la presente acci\u00f3n busca preservar el \u00e1mbito de libertad de los abogados en el ejercicio de su profesi\u00f3n, es oportuno recordar que el art. 56 de la citada Ley 5177 establece que:<\/span><\/p>\n

\u201cEl ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado comprende las siguientes funciones:<\/span><\/em><\/p>\n

a) Defender, patrocinar o representar causas propias o ajenas, en juicio o proceso o fuera de ellos, en el \u00e1mbito judicial o administrativo<\/span> y en cualquier otro donde se controviertan derechos o intereses leg\u00edtimos.<\/span><\/em><\/p>\n

b) Evacuar consultas y prestar todo tipo de asesoramiento en cuestiones en que se encuentren involucrados problemas jur\u00eddicos.<\/span><\/em><\/p>\n

Dichas funciones le son propias y exclusivas, salvo lo dispuesto en relaci\u00f3n al ejercicio de la procuraci\u00f3n.<\/span><\/em><\/p>\n

En el desempe\u00f1o de su profesi\u00f3n, el abogado ser\u00e1 asimilado a los magistrados en cuanto ata\u00f1e al respeto y consideraci\u00f3n que debe guard\u00e1rsele<\/span>. Cometer\u00e1 falta grave quien no respete esta disposici\u00f3n, y su violaci\u00f3n podr\u00e1 dar lugar a la pertinente denuncia ante el superior jer\u00e1rquico del infractor\u2026\u201d<\/span><\/em><\/p>\n

De este modo la ley define cu\u00e1l es, en el caso de los abogados, el contenido concreto del derecho a \u201cejercer (su) industria l\u00edcita\u201d, y en esa inteligencia menciona de manera expresa la posibilidad de representar clientes en sede administrativa<\/span>, que el mecanismo de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites de la ANSES restringe de manera arbitraria e injustificada. <\/span><\/p>\n

Como consecuencia de esta ileg\u00edtima restricci\u00f3n, se ve tambi\u00e9n agraviado el derecho de propiedad de los abogados afectados, en raz\u00f3n del impacto que esta restricci\u00f3n tiene en su actividad profesional, al limitar el tipo de casos con relaci\u00f3n a los cuales podr\u00e1n prestar sus servicios t\u00edpicos. <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, la conducta de la ANSES desvirt\u00faa tambi\u00e9n el contenido del \u201cderecho a ser o\u00eddo\u201d, ya que el art. 1\u00b0 inc. f), ap, 1\u00b0 de la LNPA dispone que todo administrado tiene el derecho:<\/span><\/p>\n

1) De exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisi\u00f3n de actos que se refieren a sus derechos subjetivos o intereses leg\u00edtimos, interponer recursos y hacerse patrocinar y representar profesionalmente<\/span> (\u2026)<\/span><\/em><\/p>\n

Finalmente, al implementar un sistema irrazonable y restrictivo de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites, se ha infringido de manera directa e inmediata el \u201cderecho de peticionar a las autoridades\u201d de los titulares de los derechos previsionales, contemplado en la misma norma constitucional (y en los tratados incorporados a trav\u00e9s del art. 75, inc. 22), y reglamentado en el art\u00edculo 1\u00ba y cc.\u00a0 del Decreto-ley\u00a0 19.549 (en adelante, LNPA). <\/span><\/p>\n

3.4.4. <\/span><\/span><\/strong>Lesi\u00f3n actual.<\/span><\/strong><\/h3>\n

No hace falta aclarar que la lesi\u00f3n que vengo describiendo tiene car\u00e1cter actual<\/strong> y, adem\u00e1s, vocaci\u00f3n de permanencia, dados los t\u00e9rminos de la \u201cPRES-11-01\u201d, a la que se le ha pretendido imprimir \u2013con muy mala t\u00e9cnica\u2013 car\u00e1cter normativo. A resultas de lo expuesto se mantiene subsistente \u2013y con car\u00e1cter urgente\u2013 el inter\u00e9s de esta parte en una pronta remediaci\u00f3n judicial por esta v\u00eda. <\/span><\/p>\n

3.4.5. <\/span><\/span><\/strong>Inexistencia de un medio judicial m\u00e1s id\u00f3neo.<\/span><\/strong><\/h3>\n

La situaci\u00f3n descripta representa una grav\u00edsima alteraci\u00f3n a los derechos constitucionalmente garantizados del suscripto, y de los abogados del Colegio, que pone en serio riesgo la continuidad de la actividad de muchos de ellos, dedicados espec\u00edficamente a la materia previsional.<\/span><\/p>\n

El amparo es indudablemente procedente en este caso por la inoperancia de todos los dem\u00e1s tr\u00e1mites procesales legislados, para atender id\u00f3neamente al problema planteado, y la innecesariedad de recurrir a un proceso m\u00e1s complejo o extenso.<\/span><\/p>\n

La notoria arbitrariedad del comportamiento lesivo de la ANSES y la urgencia con que deben ser adoptadas medidas correctivas (en orden a garantizar la regular presentaci\u00f3n de tr\u00e1mites previsionales en dicho organismo, impidiendo de ese modo que los aqu\u00ed actores sigan sufriendo la violaci\u00f3n a sus derechos constitucionales) conduce a concluir que no haya un medio judicial m\u00e1s id\u00f3neo que esta acci\u00f3n de amparo. <\/span><\/p>\n

Lo mismo cabe decir respecto de la campa\u00f1a agraviante que lleva a cabo la demandada.<\/span><\/p>\n

Por otra parte, es del caso puntualizar que (i) el amparo es el \u00e1mbito natural para repeler las \u201cv\u00edas de hecho\u201d administrativas\u00a0 y la conducta manifiestamente ileg\u00edtima y arbitraria, y que (ii) la curiosa instrumentaci\u00f3n que presenta la \u201cPRES-11-01\u201d hace cuanto menos dudosa su calificaci\u00f3n como acto de alcance general, a resultas de lo cual no se presenta como id\u00f3nea la v\u00eda prevista en el art\u00edculo 24, inc. a), de la ley 19.549.<\/span><\/p>\n

3.4.6. <\/span><\/span><\/strong>La demanda se interpone en plazo.<\/span><\/strong><\/h3>\n

El proceder de la ANSES genera una restricci\u00f3n continua (progresivamente m\u00e1s grave, en raz\u00f3n de sus caracter\u00edsticas) cuyos efectos perduran en el tiempo. De este modo, no ser\u00eda aplicable el plazo perentorio de quince (15) d\u00edas h\u00e1biles indicado en la Ley 16.986 en la medida en que la ANSES mantenga vigente este sistema irrazonable (y su campa\u00f1a agraviante) aunque a todo evento esta acci\u00f3n ha sido iniciada dentro del referido plazo de 15 d\u00edas h\u00e1biles, contado desde el momento en el que llegaron a conocimiento del Colegio \u2013en el marco de los reclamos recibidos de numerosos matriculados\u2013 el texto de la \u201cresoluci\u00f3n\u201d o \u201ccircular\u201d identificada como \u201cPRES\u201311\u201301\u201d (adjunta como Anexo II), y las constancias de las manifestaciones agraviantes que se adjuntaron como Anexo III<\/span>. <\/span><\/p>\n

En conclusi\u00f3n, a la luz de las consideraciones expuestas se observa que los requisitos de admisibilidad de este amparo se encuentran plenamente cumplidos.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

4. <\/span><\/span><\/strong>FUNDAMENTOS DEL AMPARO.<\/span><\/strong><\/p>\n

4.1. <\/span><\/span>Antecedentes<\/span><\/h2>\n

Es sabido que la ANSES tiene a su cargo la administraci\u00f3n del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y, en consecuencia, el reconocimiento de las prestaciones previsionales contempladas en la ley 24.241 (cfr. arts. 1\u00ba y 36 ley cit., y arts. 1\u00ba y 2\u00ba, inc. a) del decreto 2741\/1991).<\/span><\/p>\n

A ra\u00edz de lo anterior, la ANSES es la repartici\u00f3n administrativa ante la cual deben presentarse y tramitarse las solicitudes del beneficio jubilatorio o de reajuste de haberes, entre varias otras referidas a la cuesti\u00f3n previsional.<\/span><\/p>\n

Desde siempre \u2013como lo prev\u00e9 gen\u00e9ricamente el art. 56, inc. a) de la Ley 5177, y el art. 1\u00b0, inc.f), ap. 1\u00b0 de la Ley 19.549\u2013 estos tr\u00e1mites pueden ser promovidos por abogados, en representaci\u00f3n del titular del derecho. <\/span><\/p>\n

El art. 1\u00ba, inc. b), del decreto ley 17040\/1966 dispone:<\/span><\/p>\n

\u201cArt. 1.- La representaci\u00f3n ante los organismos nacionales de previsi\u00f3n de los afiliados o sus derechohabientes, s\u00f3lo <\/span><\/em><\/p>\n

<\/span><\/em><\/p>\n

podr\u00e1 ejercerse por las siguientes personas: <\/span><\/em><\/p>\n

(\u2026)<\/span><\/em><\/p>\n

b) Los abogados y procuradores de la matr\u00edcula;\u201d<\/span><\/em><\/p>\n

A tales fines, incluso, la ANSES ha previsto el apoderamiento que se otorga a trav\u00e9s de la carta-poder aprobada como Formulario PS6.4.<\/span><\/p>\n

En su momento, mediante la resoluci\u00f3n 753\/2007 el Director Ejecutivo de la ANSES dispuso la implementaci\u00f3n de un \u201caplicativo inform\u00e1tico\u201d para la asignaci\u00f3n de turnos de atenci\u00f3n al p\u00fablico a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web del organismo, que los afiliados del Colegio cumplieron sin mayores dificultades, con el fin de articular los tr\u00e1mites previsionales de sus clientes o de sus empleados, seg\u00fan el caso. <\/span><\/p>\n

Es muy importante destacar que, bajo dicho r\u00e9gimen, (i) no<\/span> se hab\u00eda previsto un n\u00famero m\u00e1ximo de turnos que pod\u00edan ser otorgados para un mismo d\u00eda y (ii) la delegaci\u00f3n u oficina para la recepci\u00f3n del tr\u00e1mite se asignaba \u2013en el caso de presentaciones por cuenta de terceros\u2013 en funci\u00f3n del c\u00f3digo postal del apoderado<\/span> (v. anexo II de la citada resoluci\u00f3n).<\/span><\/p>\n

En alg\u00fan momento \u2013y de un modo aparentemente irregular, ya que no se derog\u00f3 expresamente la norma anterior, ni se public\u00f3 una que la reemplace\u2013 el r\u00e9gimen aplicable a la iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites por parte de abogados fue modificado en forma repentina, para limitar de hecho el n\u00famero de turnos que pod\u00edan ser otorgados para un mismo d\u00eda a un m\u00e1ximo de 4 (cuatro), exigiendo la presencia personal del abogado para la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite en la delegaci\u00f3n de ANSES m\u00e1s cercana al domicilio del titular registrado en la base de datos de dicho organismo (seg\u00fan su c\u00f3digo postal).<\/strong><\/span><\/p>\n

Advertidos de estas novedosas limitaciones que presentaba el aplicativo inform\u00e1tico, los abogados reclamaron en\u00e9rgicamente la intervenci\u00f3n del Colegio, lo que deriv\u00f3 en esta presentaci\u00f3n urgente. <\/span><\/p>\n

Seg\u00fan nos consta, lo mismo ha ocurrido en otras jurisdicciones, incluyendo la Capital Federal, ya que la conducta descripta de la ANSES ha provocado una reacci\u00f3n generalizada. En ese contexto, varios de los abogados involucrados en estos tr\u00e1mites tomaron conocimiento de la existencia de una \u201cnorma\u201d \u2013tal como se la denomina en el mismo texto\u2013 o m\u00e1s bien una \u201ccircular\u201d o \u201ccomunicado\u201d de ANSES (cuyo valor normativo se desconoce) que obviamente no fue publicado oficialmente, ni siquiera notificado o dado a difusi\u00f3n en forma alguna. <\/span><\/p>\n

Se trata del documento identificado como \u201cPRES-11-01\u201d que lleva el t\u00edtulo \u201cOtorgamiento de Turnos v\u00eda WEB para UDAT\/UDAI\/Oficinas e Iniciaci\u00f3n (caratulaci\u00f3n) por excepci\u00f3n\u201d, cuyo emisor y\/o procedencia tambi\u00e9n se desconocen, en el que aparecen plasmadas las nuevas pautas, descriptas del siguiente modo: <\/span><\/p>\n

(i) \u201cSi el solicitantes es un apoderado<\/span> el sistema de turnos asignar\u00e1 un m\u00e1ximo de 4 turnos para un mismo d\u00eda<\/span>\u201d <\/span><\/p>\n

y <\/span><\/p>\n

(ii) \u201c\u2026Los turnos ser\u00e1n asignados a las delegaciones m\u00e1s cercanas al domicilio, de acuerdo al c\u00f3digo postal acreditado en la base de datos de ANSES del titular<\/span>\u201d (v. Anexo II; \u00e9nfasis propio).<\/span><\/p>\n

Adelanto desde ahora que de esta supuesta \u201cnorma\u201d s\u00f3lo tenemos el texto impreso que se adjunta como Anexo II, obtenido en las propias dependencias de la ANSES, que por su formato m\u00e1s bien parece una \u201ccircular\u201d o un \u201cinstructivo interno\u201d que un reglamento. De todos modos, su contenido pretende establecer ciertas reglas generales destinadas a producir efectos respecto de terceros, es decir, pretende una condici\u00f3n \u201creglamentaria\u201d Sin embargo, el texto, hasta donde nos consta, nunca ha sido objeto de publicaci\u00f3n en el Bolet\u00edn Oficial (lo que basta para descartar su obligatoriedad)<\/strong>. Adem\u00e1s, como el texto no lo indica, no sabemos cu\u00e1l ser\u00eda el organismo emisor ni el funcionario responsable, cu\u00e1les fueron las normas invocadas para este supuesto ejercicio de la competencia reglamentaria, o \u2013mucho menos\u2013 cu\u00e1l ha sido el expediente administrativo en cuyo marco se dict\u00f3 el supuesto acto.<\/span><\/p>\n

Si es que efectivamente puede consider\u00e1rselo como una declaraci\u00f3n de voluntad de la Administraci\u00f3n destinada a establecer una norma general y obligatoria, en virtud de su falta de publicaci\u00f3n y los dem\u00e1s defectos formales apuntados, se trata de un acto manifiesta e insanablemente ineficaz.<\/span><\/p>\n

4.2. <\/span><\/span>Consecuencias pr\u00e1cticas del nuevo r\u00e9gimen de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites.<\/span><\/h2>\n

A resultas de este nuevo r\u00e9gimen, el suscripto, y los abogados del Colegio que por su \u00e1rea de pr\u00e1ctica deben presentar tr\u00e1mites ante la ANSES a nombre de los beneficiarios del sistema previsional, ven injustificadamente limitada la posibilidad de actuar en representaci\u00f3n de sus clientes (es decir, en definitiva, ven cercenado un aspecto relevante de su campo de actuaci\u00f3n profesional) en la medida en que no pueden iniciar m\u00e1s de 4 (cuatro) tr\u00e1mites en un mismo d\u00eda, y \u2013peor a\u00fan\u2013 deben concurrir personalmente a la sede de ANSES m\u00e1s pr\u00f3xima al domicilio de cada mandante.<\/strong><\/span><\/p>\n

En la pr\u00e1ctica, esta restricci\u00f3n limita severamente el ejercicio profesional en materia previsional, con el agravante de que la ANSES ha impedido incluso la presentaci\u00f3n de esos tr\u00e1mites por correspondencia<\/strong> (pr\u00e1ctica que de todos modos ser\u00eda riesgosa, en atenci\u00f3n a la importancia de la documentaci\u00f3n que habitualmente se incluye al momento de la iniciaci\u00f3n de estos tr\u00e1mites). Para rechazar esta posibilidad la ANSES ha alegado que en tanto el tr\u00e1mite es \u201cpresencial\u201d, era necesaria la concurrencia personal del apoderado en la oficina asignada. Esta \u00faltima exigencia \u2013adem\u00e1s de ser completamente irrazonable\u2013 viola un derecho expresamente reconocido en una norma de jerarqu\u00eda superior a cualquier resoluci\u00f3n del organismo previsional, como es el art. 25 del RLNPA, que permite de manera incondicionada e inequ\u00edvoca la presentaci\u00f3n por correo<\/span>:<\/span><\/p>\n

25. \u2013 Presentaci\u00f3n de escrito, fecha y cargo.\u2013 Todo escrito<\/span> inicial o en el que se deduzca un recurso deber\u00e1 presentarse en Mesa de Entradas o Receptor\u00eda del organismo competente o podr\u00e1 remitirse por correo<\/span>. Los escritos posteriores podr\u00e1n presentarse o remitirse igualmente a la oficina donde se encuentre el expediente.<\/span><\/em><\/p>\n

De este modo se vulneran tambi\u00e9n los derechos constitucionalmente garantizados de trabajar y ejercer industria l\u00edcita, de propiedad, y de peticionar a las autoridades, tal como fuera explicado ut supra.<\/em><\/span><\/p>\n

Explicados los efectos perjudiciales de la conducta cuestionada, veamos ahora con mayor detalle cu\u00e1les son las razones por las cuales el nuevo r\u00e9gimen de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites es manifiestamente arbitrario e ileg\u00edtimo.<\/span><\/p>\n

4.3. <\/span><\/span>Ilegalidad y arbitrariedad manifiestas: la ANSES carece de facultades suficientes de reglamentaci\u00f3n del procedimiento.<\/span><\/h2>\n

En efecto, el art. 36 de la Ley 24.241 s\u00f3lo se faculta a la ANSES para dictar normas reglamentarias acerca de los siguientes temas<\/span>: a) la certificaci\u00f3n de los requisitos necesarios para acceder a las prestaciones estatuidas en el presente t\u00edtulo; b) la instrumentaci\u00f3n de normas y procedimientos para dar cumplimiento a la percepci\u00f3n unificada; c) el requerimiento de toda informaci\u00f3n peri\u00f3dica u ocasional a los responsables de la declaraci\u00f3n e ingreso de los aportes y contribuciones, necesaria para un adecuado cumplimiento de sus funciones de control; d) la concesi\u00f3n de las prestaciones establecidas en la ley y e) el procedimiento para la tramitaci\u00f3n de las denuncias previstas en el art\u00edculo 13 de dicho cuerpo normativo<\/span>.<\/span><\/p>\n

N\u00f3tese que, en lo que hace al procedimiento administrativo, la disposici\u00f3n mencionada \u00fanicamente habilita a la referida entidad a reglamentar un tr\u00e1mite espec\u00edfico<\/span>: el que corresponde a las denuncias contempladas en el art\u00edculo 13 de la Ley 24.241.<\/span><\/p>\n

Si bien en la parte final de la disposici\u00f3n se establece que la \u201cenunciaci\u00f3n es meramente enunciativa, pudiendo el citado organismo realizar todas aquellas funciones no especificadas que hagan al normal ejercicio de sus facultades de administraci\u00f3n del Sistema \u00danico de Seguridad Social\u201d<\/em>, esto de forma alguna podr\u00eda ser interpretado como una norma habilitadora de competencia para el dictado de disposiciones vinculadas al procedimiento com\u00fan ante el organismo, en tanto dicha tarea corresponde al legislador nacional y, en cuanto tal, ha quedado cumplida con la sanci\u00f3n de la LNPA y del Decreto 1759\/72. <\/span><\/p>\n

De all\u00ed que la \u201cPRES-11-01\u201d \u2013para el caso en que se la considere una declaraci\u00f3n formal de voluntad de la ANSES, con contenido normativo\u2013 no puede reputarse emitida en ejercicio de atribuciones normativas propias y legalmente conferidas. <\/span><\/p>\n

Sabido es que \u201c[e]l principio de legalidad pauta globalmente la actividad administrativa y, consecuentemente, todos los actos de la Administraci\u00f3n p\u00fablica est\u00e1n subordinados a una norma habilitadora, aunque no necesariamente de rango legal\u201d<\/em> (cfr. Hutchinson, Tom\u00e1s, op. cit., p\u00e1g. 62; \u00e9nfasis propio). En igual sentido, se ha expresado que \u201c[e]l postulado del principio de legalidad exige que toda la actividad de la Administraci\u00f3n encuentre fundamento en una norma. Toda aquella actuaci\u00f3n que cuente con sustento normativo ser\u00e1 considerada v\u00e1lida, mientras que, al contrario, la actividad que no tenga antecedente en norma alguna ser\u00e1 irregular.\u201d<\/em> (cfr. Gordillo, Agust\u00edn – Daniele, Mabel (dirs.), Procedimiento Administrativo, LexisNexis, Buenos Aires, Segunda Edici\u00f3n, p\u00e1g. 143). <\/span><\/p>\n

4.4. <\/span><\/span>Ilegalidad y arbitrariedad manifiestas (2): la \u201cPRES\u201311\u201301\u201d, en tanto \u201creglamento\u201d, ser\u00eda evidentemente inv\u00e1lido<\/span><\/h2>\n

Asumiendo que la ANSES tuviera facultades reglamentarias en materia de procedimiento, y que la \u201cPRES\u201311\u201301\u201d constituya una pretendida declaraci\u00f3n de voluntad de la ANSES en ejercicio de esa supuesta competencia reglamentaria (lo que ya es mucho suponer) lo cierto es que, incluso en tal caso, estar\u00edamos frente a un acto de alcance general manifiesta, insalvable y absolutamente inv\u00e1lido<\/strong>.<\/span><\/p>\n

En primer lugar \u2013y suficiente para fundar la conclusi\u00f3n expuesta\u2013 porque no ha sido objeto de \u201cpublicaci\u00f3n oficial\u201d, tal como lo exige de manera expresa el art. 2 del C\u00f3d. Civil como condici\u00f3n de validez de cualquier norma general<\/strong>.<\/span><\/p>\n

Al respecto, corresponde recordar que conforme surge del art\u00edculo 11 de la LNPA, para que los actos administrativos de alcance general adquieran eficacia \u2013esto es, produzcan efectos jur\u00eddicos directos con relaci\u00f3n a terceros\u2013 los mismos deben ser publicados<\/strong>.<\/span><\/p>\n

Al respecto, el art\u00edculo 103 del Decreto N\u00ba 1579\/72, reglamentario de la citada LNPA, dispone que dicha clase de actos \u201cproducir\u00e1n efectos a partir de su publicaci\u00f3n oficial<\/span> y desde el d\u00eda que en ellos se determine; si no designan tiempo, producir\u00e1n efectos despu\u00e9s de los ocho d\u00edas, computados desde el d\u00eda siguiente al de su publicaci\u00f3n oficial.\u201d<\/strong><\/span><\/p>\n

Dado que la \u201cPRES-11-01\u201d no ha sido publicada<\/strong>, la misma no es susceptible de producir ning\u00fan efecto jur\u00eddico con relaci\u00f3n a terceros<\/strong>, como son en este caso los sujetos interesados en los tr\u00e1mites previsionales y los abogados.<\/span><\/p>\n

Por aplicaci\u00f3n de tales pautas, y en circunstancias an\u00e1logas que tambi\u00e9n involucraban a la ANSES, se calific\u00f3 como \u201creprochable la conducta del organismo pues el <\/em><\/span>administrado<\/span><\/em> tiene el derecho de conocer las normas que regulan el procedimiento para encarar los tr\u00e1mites ante la Administraci\u00f3n, de otro modo, nada impedir\u00eda dejar al arbitrio de la <\/strong><\/span><\/em>autoridad<\/span><\/em><\/strong> de turno la modificaci\u00f3n incluso espor\u00e1dica o moment\u00e1nea seg\u00fan la situaci\u00f3n que se presente<\/span><\/em><\/strong>\u201d[10]<\/span><\/span><\/span><\/a>. <\/em><\/strong><\/span><\/p>\n

Como consecuencia de lo hasta aqu\u00ed indicado, se concluye, de forma preliminar, que si el documento PRES-11-01 es susceptible de ser calificado como un reglamento administrativo, no goza a\u00fan de eficacia, toda vez que no ha sido publicado en el Bolet\u00edn Oficial. Si no lo es, la restricci\u00f3n a la iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites carece absolutamente de causa jur\u00eddica. <\/span><\/p>\n

En segundo lugar, este pretendido reglamento no es el producto de un procedimiento administrativo regular, en el que se hayan ponderado los antecedentes de hecho y de derecho, se hayan evaluado soluciones alternativas, y se haya recabado el dictamen jur\u00eddico previo.<\/span><\/p>\n

Lo expuesto basta para descalificar definitivamente la validez de la supuesta norma, y confirmar la arbitrariedad e ilegalidad manifiestas de la conducta de la ANSES en tanto restringe la iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites previsionales. Como veremos, en adici\u00f3n a estos argumentos existen otros \u2013que desarrollamos en subsidio, a partir del punto siguiente\u2013 en virtud de los cuales la supuesta norma resulta igualmente inv\u00e1lida \u2013manifiestamente ileg\u00edtima y arbitraria, en la terminolog\u00eda de la acci\u00f3n de amparo\u2013 por razones sustanciales, vinculadas a lo que ella decide y regula. <\/span><\/p>\n

4.5. <\/span><\/span>Ilegalidad y arbitrariedad manifiestas (3): la \u201cPRES\u201311\u201301\u201d contrar\u00eda normas de superior jerarqu\u00eda.<\/span><\/h2>\n

Hemos dicho en el apartado anterior que la supuesta \u201cPRES\u201311\u201301\u201d es evidentemente inv\u00e1lida, por falta de publicaci\u00f3n y por insalvables defectos de forma.<\/span><\/p>\n

Aun obviando hipot\u00e9ticamente todo lo expuesto, para el caso que se imagine a la \u201cPRES-11-01\u201d como un acto de naturaleza reglamentaria hipot\u00e9ticamente v\u00e1lido desde el punto de vista formal, y debidamente publicado (quod non) <\/em>lo cierto es que la soluci\u00f3n all\u00ed consagrada se opone a reglas y principios de la LNPA y su decreto reglamentario 1759\/1972, normas que evidentemente tienen mayor jerarqu\u00eda que cualquier resoluci\u00f3n de la ANSES.<\/strong><\/span><\/p>\n

En virtud de las caracter\u00edsticas propias que demanda la actividad administrativa, la legislaci\u00f3n ha reconocido, adem\u00e1s de la conocida \u201ctutela administrativa efectiva\u201d[12]<\/span><\/sup><\/sup><\/a> \u2013dentro de cuyo concepto se encuentran abarcados los derechos constitucionales de debido proceso adjetivo y defensa en juicio\u2013 ciertos principios de car\u00e1cter general que rigen el procedimiento. Aquellos constituyen derivaciones imprescindibles de la propia funci\u00f3n que ejerce la Administraci\u00f3n la cual requiere ser llevada a cabo en forma intermitente para satisfacer el inter\u00e9s general o bien com\u00fan[13]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>. <\/span><\/p>\n

Al respecto, el art\u00edculo 1\u00b0 de la LNPA consagra como requisitos propios del Procedimiento, entre otros: a)<\/strong> la celeridad, sencillez y eficacia en los tr\u00e1mites; y b)<\/strong> el informalismo a favor del administrado.<\/span><\/p>\n

El principio de celeridad<\/strong> impone la tramitaci\u00f3n y decisi\u00f3n por parte del \u00f3rgano administrativo correspondiente en los menores plazos razonables posibles[14]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>. Ello, de conformidad con lo dispuesto por la Constituci\u00f3n Nacional y los Tratados Internacionales de igual jerarqu\u00eda.<\/span><\/p>\n

Dicho principio se complementa con los requisitos de sencillez<\/strong> y eficacia<\/strong>, los cuales no tienen otra finalidad que el de evitar el entorpecimiento de las actuaciones en virtud de formalidades o exigencias que impiden a los administrados ejercer sus derechos y obtener aquellos beneficios reconocidos y autorizados por una norma jur\u00eddica vigente.<\/span><\/p>\n

En un sentido similar, el principio de informalismo a favor del interesado, tambi\u00e9n llamado de \u201cformalidad atenuada<\/em>\u201d, establece el deber de la Administraci\u00f3n de resolver las peticiones de los administrados con criterios de benignidad respecto de la calificaci\u00f3n err\u00f3nea de los recursos y la imperfecci\u00f3n t\u00e9cnica o literaria de planteos y peticiones, la subsanaci\u00f3n de fallas en los escritos (incluso en el lugar de la presentaci\u00f3n), como asimismo contemplar la inocuidad en muchos casos del incumplimiento de los plazos[15]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>.<\/span><\/p>\n

Aquella regla rectora del procedimiento tiene indiscutible parentesco con dos construcciones de la Corte Suprema: la primera, la de la causal de arbitrariedad que descalifica como sentencias v\u00e1lidas a las que han incurrido en \u201cexceso ritual manifiesto<\/em>\u201d[16]<\/span><\/sup><\/sup><\/a> y la segunda, la admisi\u00f3n de los recursos in forma pauperis[17]<\/span><\/sup><\/strong><\/sup><\/a><\/em>, criterios ambos que suponen que nunca los \u00f3rganos estatales de decisi\u00f3n (tanto judiciales como \u2013con m\u00e1s raz\u00f3n\u2013 administrativos) pueden subordinar la existencia o el reconocimiento de un derecho o inter\u00e9s al cumplimiento de formas estrictas y excesivas, debiendo prevalecer, sin excepciones, el principio general in dubio pro accione[18]<\/span><\/sup><\/strong><\/sup><\/a><\/em>.<\/span><\/p>\n

En l\u00ednea con estas directrices, la LNPA y su reglamento consagran el principio del \u201cinformalismo a favor del administrado\u201d (art. 1\u00ba) y la obligaci\u00f3n de toda repartici\u00f3n p\u00fablica de recibir y dar tr\u00e1mite a toda presentaci\u00f3n inicial en su mesa de entradas<\/span>, o incluso por correo<\/span> (art. 25, RLNPA), a lo que se suma la posibilidad de hacer las ulteriores presentaciones en cualquier oficina donde se encuentre el expediente<\/span>; todo lo cual sienta un principio de libre presentaci\u00f3n que informa todo el sistema y que se halla en l\u00ednea \u2013evidentemente\u2013 con los derechos de peticionar ante las autoridades (art. 14 C.N.) y de ser o\u00eddo en sede administrativa (art. 1, inc. f, ap. 1, de la ley 19.549) .<\/span><\/p>\n

Al respecto se ha expresado, con gran acierto, que \u201cel principio de informalismo y del debido proceso adjetivo [\u2026] hacen que el rechazo de los escritos, en cuanto a la inadmisibilidad f\u00edsica o material de su presentaci\u00f3n resulte totalmente inaceptable en el tr\u00e1mite administrativo<\/em>[19]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>\u201d.<\/span><\/p>\n

Similarmente se ha resuelto \u2013por ejemplo\u2013 que \u201c[n]o obsta a la procedencia del amparo por mora la circunstancia de que el pedido de vista de las actuaciones administrativas haya sido presentado en una dependencia en la que no se encontraba, en ese momento, el expediente en cuesti\u00f3n, pues de acuerdo al principio establecido en el art. 1\u00ba, inc. c) de la ley 19.549 \u2013informalismo a favor del administrado-, no es irrazonable interpretar que la Administraci\u00f3n deber\u00eda encauzar el pedido y resolverlo dentro del plazo previsto al efecto. Cabe se\u00f1alar tambi\u00e9n que en el art. 38 del decreto 1759\/72 (t.o. 1991) no se establece que el pedido de vista debe hacerse en la oficina en que se encuentre el expediente, sino que la vista solicitada se conceder\u00e1 en la oficina\u201d<\/em> (cfr. CCont. Adm. Fed., Sala IV, \u201cMeza, Oscar Ram\u00f3n c\/Min. de Cultura y Educaci\u00f3n s\/amparo por mora\u201d, del 24-VIII-1992). <\/span><\/p>\n

Se observa as\u00ed claramente que la soluci\u00f3n adoptada por la ANSES no s\u00f3lo es radicalmente opuesta a la consagrada en el art\u00edculo 25 del decreto 1759\/1972 (que habilita toda y cualquier presentaci\u00f3n a trav\u00e9s de la mesa de entradas del organismo, o por correo) sino que adem\u00e1s se halla en franca contradicci\u00f3n con los dem\u00e1s principios que rigen la materia y que est\u00e1n en su conjunto enderezados a garantizar el \u201cderecho a ser o\u00eddo\u201d del interesado.<\/span><\/p>\n

A mayor abundamiento, y en l\u00ednea con lo anterior corresponde se\u00f1alar que la disposici\u00f3n analizada vulnera adem\u00e1s, lo establecido\u00a0 en el art\u00edculo 6 del Decreto-Ley 17.040 \u2013que rige la actividad administrativa de la ANSES\u2013 y lo dispuesto en la \u201cCarta Compromiso Ciudadano<\/em>\u201d aprobada por el Decreto 229\/00.<\/span> <\/span>A trav\u00e9s de la referida disposici\u00f3n se establece, en lo que aqu\u00ed interesa, que \u201clos organismos nacionales de previsi\u00f3n est\u00e1n obligados a<\/em> prestar a los interesados, representantes y gestores<\/strong>, gratuitamente el asesoramiento y colaboraci\u00f3n<\/strong> necesaria para la realizaci\u00f3n de los tr\u00e1mites relativos a la obtenci\u00f3n de sus prestaciones<\/em>\u201d[20]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>. <\/span><\/p>\n

De forma concordante, el art\u00edculo 3, inciso b) de la Carta Compromiso Ciudadano antes aludida, dispone que los administrados tienen derecho a \u201cser asesorado sobre los tr\u00e1mites y requisitos que debe cumplir en sus actuaciones ante la Administraci\u00f3n<\/em>\u201d. As\u00ed las cosas, y de la propia lectura de las normas transcriptas, se desprende, la obligaci\u00f3n insoslayable de la autoridad administrativa, de prestar colaboraci\u00f3n \u2013es decir, ayudar, auxiliar,\u00a0 asistir, asesorar- a los administrados \u2013ya sean interesados, representantes o gestores- en la realizaci\u00f3n de los tr\u00e1mites vinculados a la obtenci\u00f3n de los beneficios otorgados y reconocidos por la legislaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

Al contrario, a trav\u00e9s de las reglas detalladas en el documento PRES-11-01, la ANSES \u2013lejos de prever y regular mecanismos tendientes a asegurar la percepci\u00f3n de los beneficios previsionales dispuestos por el ordenamiento\u2013 ha establecido limitaciones irrazonables que no hacen m\u00e1s que impedir la actuaci\u00f3n diligente y eficaz de los representantes, quienes en las nuevas condiciones dispuestas no podr\u00e1n cumplir con los plazos que la situaci\u00f3n previsional de cada titular reclama.<\/span><\/p>\n

Por ello, vale traer a colaci\u00f3n \u201cel principio de jerarqu\u00eda normativa que sobre la idea de una estructuraci\u00f3n piramidal en la edificaci\u00f3n del Derecho, determina -seg\u00fan el grado de potencia asignado a cada una de las normas jur\u00eddicas- la prevalencia de unas sobre otras\u201d<\/em> (Grecco, Carlos, \u201cV\u00edas de hecho administrativas\u201d, LL 1980-C, 1203). En efecto, \u201cla legalidad no se limita a verificar la existencia de una norma que sirva de sustento a la actuaci\u00f3n administrativa o que fundamente determinada exigencia o regulaci\u00f3n del proceso administrativo. Es necesario, adem\u00e1s, verificar que la norma bajo an\u00e1lisis se integre al ordenamiento jur\u00eddico en su conjunto, respetando en este sentido el principio de jerarqu\u00eda normativa\u201d<\/em> (Pozo Gowland, H\u00e9ctor M., \u201cLos principios generales del proceso administrativo\u201d, LL 2011-E, 785).<\/span><\/p>\n

Con base en lo anterior, se deriva que \u201c[e]n todos los casos, estas diversas regulaciones de alcance general deben respetar el principio de jerarqu\u00eda normativa, esto es: del mismo modo que el decreto debe ajustarse a la ley, las resoluciones administrativas, como las instrucciones o circulares de los organismos recaudadores, tambi\u00e9n est\u00e1n subordinadas a la ley y, a su vez, a los reglamentos ejecutivos\u201d<\/em> (Cas\u00e1s, Jos\u00e9 Osvaldo, \u201cEl principio de legalidad tributaria: decretos leyes, reglamentos y reglas generales administrativas\u201d, PET 2008 (agosto-400), 6). <\/span><\/p>\n

En suma, la ANSES no pod\u00eda apartarse del r\u00e9gimen nacional de procedimientos administrativos<\/span>, que resulta plenamente aplicable en materia previsional (cfr. art. 1\u00ba de la ley 19.549).<\/span><\/p>\n

La soluci\u00f3n que aqu\u00ed se propone fue precisamente la alcanzada \u2013en circunstancias an\u00e1logas- por la Sala II de la C\u00e1mara Federal de la Seguridad Social, al fallar la causa \u201cAsociaci\u00f3n Civil de Abogados Previsionalistas y otros c\/ Estado <\/em>Nacional \u2013 M\u00ba de Trabajo y el Empleo, Sec. Seg. Soc. y otro s\/ Amparos y sumar\u00edsimos<\/em>\u201d, expte. 37.033\/2000.<\/span><\/p>\n

En efecto, se controvert\u00eda all\u00ed una cierta reglamentaci\u00f3n de la ANSES (insisto en cuanto a que la PRES-11-01 ni siquiera llega a ser tal), en virtud de la cual se hab\u00eda adoptado un sistema de turnos que originaba \u2013como aqu\u00ed- una \u201cdilaci\u00f3n temporal, en la simple recepci\u00f3n de sus peticiones, [que] puede redundar en serio perjuicio de su inter\u00e9s<\/em>\u201d. <\/span><\/p>\n

Frente a ello, la asociaci\u00f3n actora promovi\u00f3 una acci\u00f3n de amparo a fin de que \u201cse d\u00e9 fiel cumplimiento a la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N\u00ba 19.549 y su decreto reglamentario <\/em>1759\/72<\/em>\u201d, a la que se hizo lugar ya en primera instancia.<\/span><\/p>\n

Al conocer en la apelaci\u00f3n deducida por la ANSES, la C\u00e1mara sostuvo: \u201cEn este caso, el organismo a sabiendas ha desconocido la L.P.A.<\/strong> [\u2026] Por ende, lo resuelto por el juez de grado no es una simple sentencia declarativa, sino una orden clara y precisa de que el organismo cumpla con la manda legal (L.P.A. 19549), prohibi\u00e9ndole la aplicaci\u00f3n de procedimientos que dilaten de alg\u00fan modo el ejercicio regular de petici\u00f3n<\/strong><\/em>\u201d (del voto del Dr. Fern\u00e1ndez).<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se tuvo en cuenta que \u201c[e]n distintas ocasiones A.N.Se.S. ha vulnerado las directivas de tal cuerpo normativo como lo hizo en su momento, al dictar la resoluci\u00f3n 215\/95 que impon\u00eda a los jubilados que peticionaran el reajuste de sus cr\u00e9ditos practicar una liquidaci\u00f3n demostrando cual hab\u00eda sido el error en que hab\u00eda incurrido al pagar los haberes, exigencia que dio pie a diversas cr\u00edticas de parte de la doctrina (ver D.T. 1.996-A-791) \u00f3 al retacera informaci\u00f3n a los letrados que quer\u00edan conocer el estado de expedientes en tr\u00e1mite, lo que motiv\u00f3 la oportuna intervenci\u00f3n de este Tribunal (ver mi voto in re \u2018Garc\u00eda Ruiz, Marcelo Felipe c\/ A.N.Se.S\u2019 sent. 74.773 del registro de esta Sala de fecha 27\/9\/99). En el caso, la Asociaci\u00f3n Civil de Abogados Previsionalistas ha solicitado una medida concreta en defensa del derecho que le[s] asiste como letrados para peticionar en sede administrativa en defensa de los intereses de sus clientes y que no es otra que cualquier solicitud de prestaciones presentada por un abogado como mandatario de terceros sea recibida en el d\u00eda h\u00e1bil administrativo en que pretenda ser presentada<\/span> en la \u2018Unidad de Atenci\u00f3n a Profesionales\u2019 sita en la sede de Paran\u00e1 451, piso 1\u00ba, de la Capital Federal, sin estar subordinada al sistema de turnos personales telef\u00f3nicos o virtuales y entiendo que tal solicitud debe ser receptada en toda su amplitud, pues al ordenarse al Estado Nacional y sus organismos a satisfacerla no se hace otra cosa que cumplir con lo establecido por la ley sustantiva y satisfacer el derecho pol\u00edtico b\u00e1sico de peticionar a las autoridades<\/span><\/strong><\/em>\u201d (del voto del Dr. Herrero; \u00e9nfasis y subrayado propios).<\/span><\/p>\n

Con sustento en tales consideraciones, el tribunal dispuso: \u201cOrdenar a los co-demandados que las peticiones formuladas por los letrados a nombre de sus representados sean recibidas en forma inmediata<\/strong> durante los d\u00edas h\u00e1biles administrativos en la \u2018Unidad de Atenci\u00f3n a Profesionales\u2019, sita en la sede de Paran\u00e1 451 Piso 1\u00ba de esta Ciudad de Buenos Aires- \u00f3 en cualquier otra mesa de entradas y\/\u00f3 receptor\u00eda que se habilite a tales fines- sin otras exigencias sustanciales y\/o formales que las que resulten de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su reglamentaci\u00f3n<\/strong><\/em>\u201d (el destacado no pertenece al original).<\/span><\/p>\n

Se trata, entonces, del mismo resultado al que aqu\u00ed se aspira: la aplicaci\u00f3n lisa y llana de las disposiciones de la LNPA y el RLNPA<\/span>.<\/span><\/p>\n

4.6. <\/span><\/span>Ilegalidad y arbitrariedad manifiestas (4): absoluta falta de proporcionalidad del nuevo r\u00e9gimen de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites.<\/span><\/h2>\n

Fuera de la ilegalidad formal que exhibe la \u201cPRES-11-01\u201d, y su ilegalidad sustancial por la contradicci\u00f3n que guarda con el ordenamiento jur\u00eddico, debemos referirnos tambi\u00e9n a su manifiesta arbitrariedad o irrazonabilidad, desde que no est\u00e1n acreditadas ni mucho menos exteriorizadas las razones que llevaron a su implementaci\u00f3n, ni demostrada la proporcionalidad de la medida adoptada con los cometidos que se procuraron satisfacer.<\/span><\/p>\n

Desde tal perspectiva, el nuevo r\u00e9gimen de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites se presenta como totalmente antojadizo, ya que no se funda sino en la voluntad del organismo (sobre cuyas no declaradas intenciones nos explayaremos en el apartado siguiente).<\/span><\/p>\n

Rep\u00e1rese, en este sentido, en que la medida adoptada, a la vez que perjudica gravemente a los abogados como los aqu\u00ed presentados, no beneficia a nadie<\/span>; todo lo contrario, perjudica tambi\u00e9n, en estos casos, a los titulares de derechos previsionales que, en aras de presentar prontamente su tr\u00e1mite y agilizar su presentaci\u00f3n, se ver\u00e1n constre\u00f1idos a hacerlo personalmente, sin asesoramiento jur\u00eddico.<\/span><\/p>\n

Si bien la \u201cPRES-11-01\u201d estar\u00eda imprecisamente llamada a \u201cordenar la afluencia de p\u00fablico a las distintas oficinas\u201d, hay que destacar que, por un lado, la imposibilidad de aglutinar varias presentaciones en un mismo profesional y para una misma fecha es contraproducente y atenta directamente contra dicha finalidad y, por otro, que \u2013en tanto pretende erigirse, en definitiva, como una norma de polic\u00eda aplicable al ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado\u2013 la atenci\u00f3n de dicha finalidad no guarda relaci\u00f3n de causalidad, ni de proporcionalidad, con un sacrificio como el que impone a la libertad de los abogados<\/span>.<\/span><\/p>\n

En efecto, \u201c[e]l poder de polic\u00eda s\u00f3lo puede imponer limitaciones referidas a lo estrictamente necesario y oportuno, para obtener el fin deseado. As\u00ed, ser\u00eda improcedente el empleo inmediato de medidas extremas contra amenazas hipot\u00e9ticas o mal expresadas. Debe existir proporcionalidad entre los males a evitar y los medios a emplear para prevenirlos. Los medios empleados no deben ir m\u00e1s all\u00e1 de las necesidades del caso. Todo esto se explica, por cuanto la limitaci\u00f3n a un derecho \u2014ya se trate de la libertad, de la propiedad o de otro derecho\u2014 debe tender a la restricci\u00f3n m\u00ednima de la plenitud del mismo. Se ha dicho que las limitaciones a la libertad \u2014y lo propio debe decirse de la de los dem\u00e1s derechos\u2014 son de aplicaci\u00f3n restrictiva, debiendo interpret\u00e1rselas en sentido favorable al respectivo derecho\u201d<\/em> (Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, tomo IV, Abeledo Perrot Argetina on line AP\/DOC\/2468\/2012).<\/span><\/p>\n

En resumen, y a pesar de ser tan da\u00f1ino, el proceder de la ANSES no aparece justificado en motivos aceptables de inter\u00e9s p\u00fablico, lo que determina su caracterizaci\u00f3n como arbitrario en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 43 de la Constituci\u00f3n Nacional.<\/span><\/p>\n

4.7. <\/span><\/span>Ilegalidad y arbitrariedad manifiestas (5): desviaci\u00f3n en la finalidad.<\/span><\/h2>\n

El relato se completa cuando se advierte que, en definitiva, con la decisi\u00f3n de la ANSES se logra segregar y diferir en el tiempo la presentaci\u00f3n de tr\u00e1mites previsionales (e incluso disminuir su n\u00famero desalentando el inicio de actuaciones en el interior del pa\u00eds), desfavoreciendo la presentaci\u00f3n de derechohabientes con patrocinio letrado.<\/span><\/p>\n

De tal modo, una medida que en apariencia est\u00e1 llamada a ordenar el procedimiento administrativo y la distribuci\u00f3n de tareas entre distintas delegaciones parece entra\u00f1ar, en realidad, el prop\u00f3sito de desincentivar la participaci\u00f3n de abogados \u2013en l\u00ednea con la campa\u00f1a de desprestigio que tambi\u00e9n es objeto de esta acci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En estos casos, como explica Comadira[24]<\/span><\/span><\/span><\/a>:<\/span><\/p>\n

\u201cEl fin desviado puede responder a la b\u00fasqueda de un inter\u00e9s personal del agente o de un tercero. Puede, tambi\u00e9n, derivar de la indebida gesti\u00f3n de un inter\u00e9s p\u00fablico diferente del que debe justificar el dictado del acto, pues los agentes estatales no tienen a su cargo la gesti\u00f3n indiferenciada de las distintas exigencias del inter\u00e9s p\u00fablico\u201d.<\/span> <\/span><\/em><\/p>\n

La Corte Suprema ha dicho que ella misma \u201c<\/em><\/span>en numerosas ocasiones, [\u2026] ha reconocido la existencia del \u00abdesv\u00edo de poder\u00bb como causal de invalidez de los actos de los poderes p\u00fablicos, entendida dicha causal como el ejercicio de las facultades estatales con un objeto distinto al previsto por el legislador<\/span><\/em>\u201d[25]<\/span><\/span><\/span><\/a>, expresi\u00f3n que expone el alcance de la figura con adecuada generalidad. <\/span><\/p>\n

Cabe tener presente, al respecto, que:<\/span><\/p>\n

\u201cAtento a que el vicio en la finalidad es clandestino, pues contiene un m\u00f3vil subjetivo \u2013la venganza, un deseo personal o el af\u00e1n de lucro\u2013, faltar\u00e1 siempre una prueba directa. En consecuencia, los indicios o la prueba indirecta son suficientes para formar en el juez la convicci\u00f3n sobre la existencia del defecto. En este sentido, el Tribunal Supremo Espa\u00f1ol ha dicho: es suficiente la convicci\u00f3n moral que se forme el tribunal. Un condicionamiento mayor implicar\u00eda imponer a quien alega el vicio la carga de una prueba diab\u00f3lica. Por lo dem\u00e1s, es necesario recordar que el decisor tiende a ocultar o disimular sus verdaderos objetivos, por tales razones los indicios o la prueba indirecta son fundamentales (\u2026) En fin, para demostrar este vicio, es necesario mostrar los indicios de la desviaci\u00f3n de la finalidad\u201d[26]<\/span><\/sup><\/em><\/sup><\/a><\/span> <\/span><\/em><\/p>\n

En especial, como tambi\u00e9n se\u00f1ala la doctrina, \u201cel trato desigual de los ciudadanos, sin m\u00f3vil \u2013de inter\u00e9s general\u2013 que lo justifique, puede ser demostrativo de que la Administraci\u00f3n ha usado sus poderes con un fin ajeno a aquel por el cual le fueron concedidos\u201d<\/em>[27]<\/span><\/span><\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n

En este orden de ideas, adem\u00e1s, no es ocioso recalcar que la actividad profesional de los abogados es valiosa para el inter\u00e9s p\u00fablico<\/span>, en tanto asegura la adecuada defensa de los derechos de los administrados frente a la ANSES, y contribuye a garantizar la legalidad del procedimiento administrativo, motivo por el cual \u2013incluso\u2013 resulta obligatoria<\/span> en tanto y en cuanto se trate de \u201ccuestiones jur\u00eddicas\u201d, conf. el art. 1\u00b0, inc. f) ap. 1\u00b0 de la LNPA<\/span>. <\/span><\/strong><\/p>\n

De tal modo, la finalidad que en realidad perseguir\u00eda la ANSES al restringir el procedimiento de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites (desincentivar la participaci\u00f3n de los abogados) es diferente<\/strong> a la finalidad de las normas que (supuestamente) le permitir\u00edan regular ese procedimiento. Esta circunstancia basta para declarar su invalidez, pero a lo expuesto se agrega \u2013en este caso\u2013 que la finalidad realmente perseguida por el organismo es manifiestamente contraria al inter\u00e9s p\u00fablico, que se beneficia con la participaci\u00f3n de los profesionales del Derecho en la tramitaci\u00f3n de los derechos y beneficios previsionales<\/strong>. <\/span><\/p>\n

4.8. <\/span><\/span>Ilegalidad y arbitrariedad manifiestas (6): la campa\u00f1a de desprestigio.<\/span><\/h2>\n

Por las mismas razones expuestas en el punto anterior, las manifestaciones p\u00fablicas de la ANSES (en la forma de carteles, spots publicitarios y textos en la P\u00e1gina Web) agraviantes de la actuaci\u00f3n de los abogados, en forma indiscriminada, resultan \u2013al mismo tiempo\u2013 lesivas del honor y la dignidad de la profesi\u00f3n, y contrarias al orden p\u00fablico.<\/span><\/p>\n

Reitero una vez m\u00e1s que, de acuerdo al art. 1\u00b0, inc. f) ap. 1\u00b0 de la LNPA, el patrocinio letrado es obligatorio<\/strong> en tanto y en cuanto se debatan cuestiones jur\u00eddicas (lo que da cuenta de una valoraci\u00f3n positiva de la intervenci\u00f3n profesional, claramente opuesta a la valoraci\u00f3n negativa que surge de la campa\u00f1a de prensa del organismo) y la determinaci\u00f3n del haber previsional, o con mayor raz\u00f3n el reclamo de reajustes por errores en esa determinaci\u00f3n, involucra indudablemente una cuesti\u00f3n jur\u00eddica<\/strong>.<\/span><\/p>\n

En cualquier caso, adem\u00e1s, la campa\u00f1a es irrazonable e injustificada, y permite sospechar que \u2013en rigor\u2013 lo que la ANSES prefer\u00eda es evitar <\/strong>que los solicitantes de beneficios previsionales cuenten con un asesoramiento adecuado e independiente (algo que se articula perfectamente con el nuevo sistema de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites, que claramente dificulta la iniciaci\u00f3n por apoderado<\/span>). Una persistente ilegalidad en el modo de liquidaci\u00f3n de los haberes previsionales (declarada en una cantidad significativa de sentencias firmes) podr\u00eda ser la explicaci\u00f3n de esta repentina \u201cfobia\u201d a la intervenci\u00f3n de profesionales del Derecho en materia previsional. <\/span><\/p>\n

Sea o no esa la explicaci\u00f3n, lo indudable es que la campa\u00f1a emprendida por la ANSES es agraviante, descalificadora de la profesi\u00f3n de abogado en general, y gravemente lesiva del honor y la dignidad de nuestra noble profesi\u00f3n, es decir, en resumen,\u00a0 \u201cmanifiestamente arbitraria e ileg\u00edtima\u201d, en t\u00e9rminos del art. 43 de la CN y la ley 16.986.<\/strong><\/span><\/p>\n

5. <\/span><\/span>MEDIDA CAUTELAR.<\/span><\/h1>\n

Sin perjuicio de la pretensi\u00f3n de fondo a la que se halla enderezada esta acci\u00f3n, solicito el pronto dictado de una medida cautelar en virtud de la cual se disponga la suspensi\u00f3n parcial de los efectos de la \u201cnorma\u201d identificada como \u201cPRES\u201311\u201301\u201d, a fin de que la ANSES admita inmediatamente y sin limitaci\u00f3n (tal como lo prev\u00e9 la reglamentaci\u00f3n general del procedimiento) los tr\u00e1mites previsionales presentados por letrados apoderados inscriptos en jurisdicci\u00f3n del Colegio, sin limitaci\u00f3n de cantidad ni personalmente<\/strong>.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan se acreditar\u00e1 enseguida, concurren en el caso los presupuestos de procedencia para un pedido cautelar como el formulado, a cuyo efecto debe tenerse adem\u00e1s en cuenta que su objeto (por ser provisorio, y no definitivo) no se confunde con el de la pretensi\u00f3n principal.<\/span><\/p>\n

5.1. <\/span><\/span>Verosimilitud del derecho.<\/span><\/h2>\n

Sobre el particular, y sin perjuicio de que nos remitimos a lo expuesto en los cap\u00edtulos precedentes, cabe reiterar aqu\u00ed que:<\/span><\/p>\n

a) el nuevo sistema de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites no parece contar con respaldo normativo adecuado: la \u201cPRE\u201311\u201301\u201d (si se trata efectivamente de una declaraci\u00f3n de voluntad, con contenido pretendidamente normativo) nunca fue publicada;<\/span><\/p>\n

b) adem\u00e1s, el nuevo sistema de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites es manifiestamente contrario a la letra y el esp\u00edritu de las reglas del procedimiento administrativo com\u00fan, en particular el art\u00edculo 25 del decreto 1759\/1972;<\/span><\/p>\n

c) finalmente, el sistema es manifiestamente irrazonable y desproporcionado, ya que para facilitar el acceso directo de los interesados a las oficinas m\u00e1s cercanas de la ANSES hubiera bastado con establecer esa posibilidad como alternativa, sin imponerla obligatoriamente como la \u00fanica posible; en cuanto a la limitaci\u00f3n de turnos a 4 por d\u00eda, no hay justificaci\u00f3n posible;<\/span><\/p>\n

De tal modo, la \u201cverosimilitud del derecho\u201d que aqu\u00ed se invoca es incuestionable, y surge de la simple constataci\u00f3n de los hechos de la causa.<\/span><\/p>\n

En igual sentido, se ha explicado que \u201cverosimilitud no significa la prueba terminante y plena del derecho invocado, sino, simplemente, la mera presunci\u00f3n de la apariencia\u2026\u201d<\/em> [29]<\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

5.2. <\/span><\/span>Peligro en la demora.<\/span><\/h2>\n

De cara a la concreta petici\u00f3n cautelar que se efect\u00faa, el peligro en la demora estriba en varios frentes:<\/span><\/p>\n

(i) por un lado, en los perjuicios patrimoniales derivados de la demora en la presentaci\u00f3n de los tr\u00e1mites previsionales pendientes, en la que los abogados de la jurisdicci\u00f3n han quedado forzados a incurrir (ya que la \u00fanica manera de hacerlo ser\u00eda concurrir personalmente a todas y cada una de las sedes de la ANSES que corresponden al domicilio real de sus clientes).\u00a0 Para el caso de abogados dedicados preferentemente a la atenci\u00f3n e iniciaci\u00f3n de reclamos previsionales y tr\u00e1mites jubilatorios, esta circunstancia es grav\u00edsima, y \u201csusceptible de generar un perjuicio econ\u00f3mico concreto y actual a la actora, que puede tornarse irreparable para su giro comercial por el transcurso del tiempo\u201d[30]<\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

(ii) por otro lado, aparece tambi\u00e9n un perjuicio en cabeza de los clientes, titulares de los derechos sustanciales en juego (a quienes, por otra parte, no se les puede brindar una explicaci\u00f3n satisfactoria);<\/span><\/p>\n

La Corte Suprema ha establecido una serie de directivas en esta materia que son aplicables al caso: <\/span><\/p>\n

\u201cNo debe llegarse al desconocimiento de derechos previsionales, ha reiterado V.E., sino con extrema cautela, atendiendo al car\u00e1cter alimentario y protector de riesgos de subsistencia y ancianidad que poseen los beneficios (Fallos: 321:3298; 327:1143; 329:5857; etc.) y de acuerdo con el principio in dubio pro justitia socialis (v. Fallos: 322:2926; etc.)\u201d <\/span><\/em>(Fallos: 333:143); <\/span><\/p>\n

\u201c\u2026el car\u00e1cter alimentario de todo beneficio previsional, que tiende a cubrir las necesidades primarias de los beneficiarios y su reconocida naturaleza de subsistencia, obliga a sostener el \u2018principio de favorabilidad\u2019 y a rechazar toda fundamentaci\u00f3n restrictiva.\u201d <\/span><\/em>(Fallos: 331:2006). <\/em><\/span><\/p>\n

En tales condiciones, el requisito debe tenerse por suficientemente verificado, recordando a estos efectos que \u201c\u2018como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino s\u00f3lo de su verosimilitud. Es m\u00e1s, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposici\u00f3n a la finalidad del instituto cautelar<\/strong>, que no es otra cosa que atender a aquello que no excede del marco de lo hipot\u00e9tico<\/strong>, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad<\/em>\u201d[31]<\/span><\/sup><\/sup><\/a> (\u00e9nfasis a\u00f1adido). En igual sentido, se ha explicado que \u201cverosimilitud no significa la prueba terminante y plena del derecho invocado, sino, simplemente, la mera presunci\u00f3n de la apariencia\u2026<\/em>\u201d[32]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>. <\/span><\/p>\n

En efecto, se trata del \u201caccionar preventivo de los jueces. Dicho accionar no es \u00fanicamente un signo de mayor cultura jur\u00eddica, sino tambi\u00e9n una expresi\u00f3n de que en la actual la Justicia da a cada uno lo suyo pero asimismo tambi\u00e9n puede impedir que se pierda lo propio<\/em>\u201d[33]<\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

En este sentido, <\/span>la Corte Suprema tambi\u00e9n ha expresado que \u201c[e]l examen de la concurrencia del peligro en la demora pide una apreciaci\u00f3n atenta de la realidad comprometida<\/strong>, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado por una posterior sentencia (Fallos: 319:1277). En este sentido, se ha destacado que ese peligro debe resultar en forma objetiva de los diversos efectos que podr\u00eda provocar la aplicaci\u00f3n de las disposiciones impugnadas, entre ellos su gravitaci\u00f3n econ\u00f3mica (Fallos: 318:30; 325:388)<\/em>\u201d[34]<\/span><\/sup><\/sup><\/a><\/span><\/p>\n

5.3. <\/span><\/span>Falta de afectaci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico.<\/span><\/h2>\n

Este requisito debe reputarse particularmente configurado por la sencilla raz\u00f3n de que ning\u00fan inter\u00e9s p\u00fablico se ha invocado ni aparece acreditado en la \u201cPRES-11-01\u201d. <\/span><\/p>\n

Es del caso recordar que \u201cen la evaluaci\u00f3n del peligro en la demora como requisito general de toda medida cautelar, es preciso ponderar tanto el gravamen que producir\u00eda la ejecuci\u00f3n del acto cuestionado si al cabo del proceso fuera declarado ileg\u00edtimo -para el caso inconstitucional-, como -y en relaci\u00f3n con- aqu\u00e9l que resultar\u00eda de la paralizaci\u00f3n temporal de los efectos de dicho acto, en el supuesto de arribarse a una sentencia adversa a la pretensi\u00f3n<\/strong> (doctr. causa B. 65.168, \u2018Burgu\u00e9s\u2019, res. del 30\/IV\/03; I. 3.521 I. 68.183, ya mencionadas). Y, como se desprende de lo expuesto en los p\u00e1rrafos anteriores, tal balance arroja un saldo favorable al otorgamiento de una tutela cautelar en este juicio<\/span><\/strong>. 8. Por \u00faltimo, no se advierte que el dictado y aplicaci\u00f3n de una medida precautoria como la que ha de tener cabida pudiere causar alg\u00fan perjuicio al inter\u00e9s p\u00fablico o un severo compromiso a la actuaci\u00f3n del poder administrador<\/strong> (doctr. CSJN, Fallos: 314:1202; B. 64.745, \u2018Consorcio de Gesti\u00f3n del Puerto de Bah\u00eda Blanca\u2019, res. del 23\/X\/02; I. 3.5321, I. 68.183, a las que se hizo referencia)<\/em>\u201d (cfr. Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, \u201cLo Presti, Norma H. c\/ Banco de la Provincia de Buenos Aires<\/em>\u201d, resoluci\u00f3n del 26 de mayo de 2005; el destacado no est\u00e1 en el original).<\/span><\/p>\n

En este sentido se ha dicho con acierto que una medida cautelar s\u00f3lo \u201c\u2026puede ser denegada con fundamento en la existencia de impostergables necesidades p\u00fablicas, que por razones de cooperaci\u00f3n y solidaridad deben prevalecer sobre el inter\u00e9s individual del peticionario\u201d<\/em>[35]<\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/em><\/span><\/p>\n

A su vez, se debe tener en cuenta que la concreta petici\u00f3n cautelar que se efect\u00faa, fuera de la incomodidad pr\u00e1ctica que pueda acarrear para la ANSES (si tal fuese el caso, lo que dudamos) es insusceptible de ocasionar agravio alguno al inter\u00e9s p\u00fablico, en tanto se halla limitada a garantizar el cumplimiento de lo que ordena una norma.<\/span><\/p>\n

5.4. <\/span><\/span>Contracautela.<\/span><\/h2>\n

Sin perjuicio de lo que V.S. estime corresponder, dejo desde ahora ofrecida la cauci\u00f3n juratoria, la cual \u2013dadas las particularidades y alcances del pedido\u2013 debe reputarse suficiente.<\/span><\/p>\n

5.5. <\/span><\/span>Inconstitucionalidad de las normas de la ley 26.854.<\/span><\/h2>\n

Teniendo en cuenta que esta parte solicita, entonces, el dictado de una medida cautelar en virtud de la cual se suspenda la vigencia del actual mecanismo restrictivo de iniciaci\u00f3n de tr\u00e1mites hasta tanto V.S. pueda expedirse sobre la cuesti\u00f3n de fondo, solicito tambi\u00e9n que se declare la inconstitucionalidad de los art\u00edculos 4\u00ba, 5\u00ba, 6\u00ba inc. 1 y 10 de la reciente ley 26.854 en cuanto all\u00ed (i) <\/strong>se contempla un informe previo que se debe requerir a la demandada, (ii) <\/strong>se acota el plazo de vigencia del decreto cautelar hasta un m\u00e1ximo de 3 y 6 meses, y (iii)<\/strong> se excluye la posibilidad de prestar la cauci\u00f3n juratoria en casos como el presente, respectivamente.<\/span><\/p>\n

La inconstitucionalidad de la norma mencionada en primer t\u00e9rmino es puesta de resalto \u2013en este caso\u2013 por la necesidad de otorgar un inmediato remedio a la progresiva afectaci\u00f3n de los derechos de los abogados, que resultar\u00eda del mantenimiento de la vigencia del r\u00e9gimen cuestionado (teniendo especialmente en cuenta que, como contrapartida, la p\u00e9rdida de vigencia cautelar de ese r\u00e9gimen no producir\u00eda ning\u00fan perjuicio al inter\u00e9s p\u00fablico, sino todo lo contrario, en tanto y en cuanto simplemente habilitar\u00eda la presentaci\u00f3n de tr\u00e1mites previsionales en las mismas oficinas en las que se ven\u00edan presentando esos tr\u00e1mites hasta el reciente cambio de rumbo de la Administraci\u00f3n).<\/span><\/p>\n

En este sentido, en un reciente fallo emitido por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de Primera Instancia N\u00ba 10 en los autos \u201cSERA JUSTICIA \u2013Inc. Med. Cautelar- c\/ EN \u2013PEN- Ley 26.855 s\/ Proceso de Conocimiento<\/em>\u201d, se declar\u00f3 la inconstitucionalidad de la exigencia del traslado previo para que la Administraci\u00f3n presente el informe previsto en el art\u00edculo 4\u00ba en cuesti\u00f3n.\u00a0 En la misma l\u00ednea, se pronunci\u00f3 el Juzgado Federal N\u00ba 1 de Neuqu\u00e9n en los autos \u201cSpinelli Ana Mar\u00eda c\/ Estado Nacional s\/ Acci\u00f3n de Inconstitucionalidad<\/em>\u201d. <\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, una de las reglas esenciales en materia de medidas cautelares es que se dictan \u201cinaudita parte<\/em>\u201d. Acreditadas la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, el juez tiene elementos suficientes para trabar una medida cautelar. No olvidemos que se trata de una decisi\u00f3n esencialmente provisional, que no causa instancia y que puede ser revocada o modificada en cualquier estadio del proceso. Con ello tampoco se afecta la defensa en juicio de la contraparte, pues \u00e9sta puede defenderse ampliamente al pedir reconsideraci\u00f3n de la medida o bien apelarla.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, el art\u00edculo 4\u00b0 citado, convierte a la medida cautelar en un proceso contradictorio, dando oportunidad al Estado para que conozca de antemano el contenido de la demanda. En efecto, en el art\u00edculo 4\u00ba de la ley 26.854 se establece como tr\u00e1mite necesario para el otorgamiento de medidas cautelares el traslado del escrito inicial a la autoridad administrativa demandada por el t\u00e9rmino de cinco d\u00edas.<\/span><\/p>\n

M\u00e1s all\u00e1 de que el t\u00edtulo del art\u00edculo es \u201cInforme\u201d y que all\u00ed se indica que el juez proceder\u00e1 a \u201crequerir a la autoridad p\u00fablica demandada que dentro del plazo de cinco d\u00edas, produzca un informe<\/strong> que d\u00e9 cuenta del inter\u00e9s p\u00fablico comprometido por la solicitud<\/em>\u201d (el destacado me pertenece), lo cierto es que se trata de un verdadero traslado. Ello es as\u00ed, toda vez que se faculta a la autoridad administrativa demanda a expedirse acerca de las condiciones de admisibilidad<\/strong> y procedencia de la medida cautelar<\/strong> solicitada y acompa\u00f1ar constancias documentales que considere pertinentes, conjuntamente con la presentaci\u00f3n del informe.<\/span><\/p>\n

De este modo, se excepciona el principio general que indica que las medidas cautelares se decretan y cumplen sin intervenci\u00f3n de la otra parte[36]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>, reconocido en forma expresa en el C.P.C.C.N.[37]<\/span><\/sup><\/sup><\/a> y un\u00e1nimemente tanto por la doctrina[38]<\/span><\/sup><\/sup><\/a> como por la jurisprudencia. <\/span><\/p>\n

La C\u00e1mara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal se ha expedido en los mismos t\u00e9rminos: <\/span><\/p>\n

\u201cEntre las caracter\u00edsticas principales, las medidas cautelares tienen las siguientes: a) Provisoriedad e interinidad; b) Mutabilidad o variabilidad en el sentido de que pueden ser revocadas o modificadas siempre que sobrevengan circunstancias que as\u00ed lo aconsejen (art\u00edculos 202 y 203); c) Accesoriedad, ya que no tienen un fin en s\u00ed mismas, sino que sirven a un proceso principal; d) se dictan sin contradictorio previo, inaudita parte<\/strong>, vale decir que el Juez resuelve en forma unilateral en base a la sola petici\u00f3n del interesado\u00bb (art\u00edculo 198)\u201d[39]<\/span><\/sup><\/strong><\/em><\/sup><\/a>. <\/em><\/p>\n

En el sub examen la bilateralizaci\u00f3n que se exige en el art\u00edculo 4 de la ley 26.854 suscita una inadmisible dilaci\u00f3n del otorgamiento de la medida cautelar solicitada por esta parte, lo que trasunta una clara afectaci\u00f3n del derecho a la tutela judicial efectiva[40]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>. <\/strong><\/span><\/p>\n

Es sabido que el derecho a la jurisdicci\u00f3n no se limita a obtener una sentencia favorable sino que \u00e9sta debe ser oportuna y tener virtualidad para resolver efectivamente la cuesti\u00f3n planteada[41]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>.\u00a0 Por lo dem\u00e1s, cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas oportunidades ha destacado la importancia de una respuesta a tiempo del servicio de justicia, destacando que la demora en llegar a una soluci\u00f3n puede llegar a constituir, por s\u00ed misma, una violaci\u00f3n de las garant\u00edas judiciales[42]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>.<\/span><\/p>\n

Lo mismo cabe predicar respecto de la exigencia contenida en los art\u00edculo 5\u00ba y 6\u00ba inc. 1 de la misma ley 26.854, pues resulta irrazonable (y contrario a la tutela judicial efectiva) que esta parte pueda quedarse sin resguardo cautelar por el solo hecho de cumplirse un plazo de tres o seis meses (arbitrariamente fijado) si en tal plazo aquella pretensi\u00f3n no es resuelta por V.S. con car\u00e1cter definitivo.<\/span><\/p>\n

En este sentido, dicha soluci\u00f3n legal luce claramente disvaliosa e injustificada. <\/span><\/p>\n

Poner un plazo de vigencia a las medidas cautelares ya es de por s\u00ed un contrasentido, pues si las mismas tienen como finalidad asegurar el cumplimiento de la sentencia de fondo, el \u00fanico modo de que esto se cumpla realmente es que permanezcan vigentes hasta que aquella sea dictada y ejecutada.<\/span><\/p>\n

Los citados preceptos desnaturalizan la esencia misma de las medidas cautelares, que es asegurar la eficacia de la sentencia definitiva que se dicte en el proceso principal[43]<\/span><\/sup><\/sup><\/a> y, de esta forma, realizar el derecho a la tutela judicial efectiva. Es que, \u201cdebido a que entre la iniciaci\u00f3n del proceso (y aun antes del mismo) y el eventual otorgamiento de la pretensi\u00f3n perseguida transcurre un tiempo en el cual la misma puede resultar de dificultosa o imposible concreci\u00f3n, para evitar este efecto y sostener la posibilidad de realizar el objeto del proceso se han regulado las medidas cautelares<\/em>\u201d[44]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>.<\/span><\/p>\n

Es por ello que en la medida en que no se dicte la sentencia definitiva o, eventualmente, no desaparezca el peligro en la demora invocado por esta parte, el decaimiento de la medida cautelar no tendr\u00e1 fundamento alguno y no producir\u00e1 otro efecto m\u00e1s que poner en riesgo el efectivo cumplimiento de la sentencia de fondo, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva. <\/span><\/p>\n

Con gran claridad explica Kielmanovich que \u201c[l]as medidas cautelares se caracterizan, a su turno, por su provisionalidad, por lo que ellas habr\u00e1n de subsistir hasta el momento en que la <\/em>sentencia definitiva adquiera firmeza o ejecutoriedad \u2013verific\u00e1ndose su conversi\u00f3n luego, en todo caso, en ejecutorias\u2013 , o mientras duren las<\/em> circunstancias f\u00e1cticas que las determinaron (rebus sic stantibus), pudiendo entonces as\u00ed solicitarse su levantamiento en tanto esos presupuestos sufriesen alguna alteraci\u00f3n<\/em>\u201d[45]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>. Este temperamento es receptado por el CPCCN, en cuyo art\u00edculo 202 se prescribe que \u201c[l]as medidas cautelares subsistir\u00e1n mientras duren las circunstancias que las determinaron<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n

En consecuencia, el \u00fanico modo de que realmente se asegure el cumplimiento de la sentencia de fondo es que las medidas cautelares permanezcan vigentes hasta que aquella sea dictada y ejecutada.<\/span><\/p>\n

Cabe destacar a esta altura, que en el Mensaje de Elevaci\u00f3n 377 del proyecto que deriv\u00f3 en la ley 26.854 falazmente se sostiene que el deber de los jueces o tribunales de establecer un plazo de duraci\u00f3n a las medidas cautelares se funda en el car\u00e1cter provisional que tienen las medidas cautelares. Nada m\u00e1s err\u00f3neo. Al contrario de lo sostenido por el Poder Ejecutivo, como se ha visto, el car\u00e1cter de provisional de las medidas cautelares implica que \u00e9stas pueden ser modificadas en tanto se modifiquen las circunstancias de hecho que la justificaron o, desde otro \u00e1ngulo, que ellas deben mantenerse (hasta que se dicte la sentencia definitiva) en la medida en que no se alteren las circunstancias que la justificaron (cl\u00e1usula rebus sic stantibus<\/em>)[46]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>.<\/span><\/p>\n

Ahora bien, naturalmente, transcurridos los breves plazos previstos en la norma no desaparecen ipso iure <\/em>ni la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora invocado. Esto es, se mantiene la misma posibilidad cierta de que la sentencia definitiva que se dicte en el proceso principal se vea privada de toda efectividad, de igual manera que como se est\u00e1 invocando en este escrito inicial. Es que, \u00bfcu\u00e1l ser\u00eda la raz\u00f3n para que se diluya el periculum in mora<\/em> autom\u00e1ticamente transcurrido el plazo legal? <\/em>Claramente ninguna.<\/span><\/p>\n

Entonces, cabr\u00eda preguntarse con qu\u00e9 fundamento el legislador ha entendido que merece ser dejado sin protecci\u00f3n el derecho que invoca el particular una vez transcurrido seis o tres meses[47]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>. <\/span><\/p>\n

En suma, la efectividad de la tutela judicial presupone, desde la perspectiva de las medidas cautelares, garantizar que el derecho que se pretende hacer valer en el proceso no se perder\u00e1 a consecuencia de la inevitable duraci\u00f3n de su t\u00e9rmino. Tal prop\u00f3sito exigir\u00e1 anticipar la tutela del derecho sustancial invocado en la presente demanda de amparo hasta tanto dure el periculum in mora<\/em> y no se dicte la sentencia definitiva dado que, de lo contrario, se producir\u00e1n los perjuicios temidos por los abogados de la jurisdicci\u00f3n, que no podr\u00e1n ser adecuadamente reparados en la sentencia definitiva.<\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, y teniendo en cuenta que p\u00e1rrafos m\u00e1s arriba se dej\u00f3 ofrecida la cauci\u00f3n juratoria, solicito a V.S. que tambi\u00e9n declare la inconstitucionalidad del art\u00edculo 10 de la ley 26.854.<\/span><\/p>\n

En efecto, el precepto citado consagra otra grave restricci\u00f3n al dictado de medidas cautelares que, adem\u00e1s, limita inconstitucionalmente el arbitrio judicial en la evaluaci\u00f3n de las circunstancias del caso y viola por ello la divisi\u00f3n de poderes (arg. art. 1\u00ba CN). <\/span><\/p>\n

Es claro, que lo que el legislador puede establecer \u2013y de hecho as\u00ed figura en el CPCCN\u2013 la obligaci\u00f3n de imponer una contracautela, pero la naturaleza de la misma es algo que s\u00f3lo concierne al juez evaluar, y de cara a las espec\u00edficas y particulares circunstancias del caso<\/span>; esto es, en funci\u00f3n de la mayor o menor verosimilitud en el derecho y el mayor o menor peligro en la demora que el peticionante haya podido acreditar, y las dem\u00e1s caracter\u00edsticas del caso \u2013entre las cuales adquiere especial relevancia, en el sub lite<\/em>, la naturaleza de mi mandante (como persona de derecho p\u00fablico no estatal) y la naturaleza de los intereses tutelados<\/strong>. <\/span><\/p>\n

Pero repito: se trata de un examen que le concierne al juez, y que constituye actividad intr\u00ednsecamente jurisdiccional.<\/span><\/p>\n

El derecho a obtener una medida cautelar mediante una cauci\u00f3n juratoria no debe ser considerado solamente como una protecci\u00f3n especial para los sectores considerados socialmente vulnerables o bien para la protecci\u00f3n de ciertos derechos solamente, sino que es un derecho que toda persona debe tener a su alcance como parte necesaria del acceso a la justicia (m\u00e1xime cuando sus derechos, cualquiera sea su \u00edndole, resulten evidentes y se encuentren manifiestamente amenazados).<\/span><\/p>\n

A partir de all\u00ed, y sobre la base de las constancias de la causa, es al juez interviniente a quien le corresponde hacer m\u00e9rito de ellas y decidir el car\u00e1cter de la cauci\u00f3n. Cualquier soluci\u00f3n generalizada y anticipada por v\u00eda legislativa debe, entonces, reputarse inconstitucional.<\/span><\/p>\n

Por lo dem\u00e1s, en el caso de autos, el dictado de la medida no es susceptible de producir ning\u00fan tipo de perjuicio patrimonial a la ANSES, del que sea necesario precaverse mediante otro tipo de cauci\u00f3n que no sea la que se propone. <\/span><\/p>\n

Por todas las razones expuestas, solicitamos a V.S. que \u2013previa declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad de los art\u00edculos de la ley 26.854 mencionados\u2013 decrete la medida cautelar solicitada.<\/span><\/p>\n

5.6. <\/span><\/span><\/strong>Precedente favorable. Colegio Abogados de Rosario.<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

El pasado 16 de septiembre de 2013, el Juzgado Federal N\u00b0 1, Secretar\u00eda C de Rosario, en los autos \u201cCOLEGIO DE ABOGADOS DE ROSARIO C\/ ANSES S\/ AMPARO\u201d (Expte. 11.882\/2013)<\/em> hizo lugar a una demanda del Colegio de Abogados de Rosario, y orden\u00f3 a la Administraci\u00f3n Nacional de la Seguridad Social (ANSES) el inmediato retiro de carteles injuriosos contra los profesionales del derecho que exhibe en sus dependencias.<\/span> <\/span><\/strong><\/p>\n

El fallo corresponde a una acci\u00f3n de amparo interpuesta por la instituci\u00f3n profesional en la que se reclama el retiro de los carteles, que se encuentran en lugar p\u00fablico, porque denigran e injurian a los abogados sin justificativo alguno.<\/span><\/p>\n

El juez hizo lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia orden\u00f3 a la ANSES:\u201c\u2026\u00a0 a los fines de que arbitre los medios necesarios y proceda a retirar de manera inmediata todos los carteles y\/o leyendas que hagan referencia a abogados y que se encuentren en lugar p\u00fablico\u201d<\/em>.<\/span><\/p>\n

La sentencia se apoya en el art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n nacional, que garantiza el derecho a trabajar a todos los habitantes de la Naci\u00f3n y espec\u00edficamente el fallo menciona la protecci\u00f3n del ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado establecido en leyes que regulan su actividad para proteger a la profesi\u00f3n con libertad y dignidad. <\/span><\/p>\n

El texto deja en claro que la ANSES persigue como objetivo que los profesionales no asistan a las personas que inician o contin\u00faan los tr\u00e1mites jubilatorios o de pensi\u00f3n. <\/span><\/p>\n

Como mejor recaudo se transcribe el texto del fallo:<\/span><\/p>\n

\u201cY considerando que:<\/span><\/em><\/p>\n

Primero: En primer lugar, el derecho a trabajar se encuentra garantizado por nuestra carta magna, en su art\u00edculo 14, al disponer que: \u00abTodos los habitantes de la Naci\u00f3n gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria licita…\u00bb. <\/span><\/em><\/p>\n

Mas espec\u00edficamente, encontramos la protecci\u00f3n del ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado en el dictado de leyes que regulan su actividad \u2013tendientes proteger – con libertad y dignidad la profesi\u00f3n \u2013siendo aplicable en el \u00e1mbito de la justicia federal con asiento en las provincias, la ley 22.192. Su art\u00edculo 13 enumera los derechos y funciones de los abogados, siendo los de patrocinar y representar a quienes requieran sus servicios<\/span><\/em><\/p>\n

en el \u00e1mbito judicial o extrajudicial, prestar asesoramiento jur\u00eddico y practicar los dem\u00e1s actos relacionados con la abogac\u00eda. Asimismo, su art\u00edculo 12 \u2013al igual que el art. 58 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y Comercial de la Naci\u00f3n -ordenan que, en el ejercicio de su profesi\u00f3n, el abogado estar\u00e1 asimilado a los magistrados judiciales en cuanto al respeto y consideraci\u00f3n que debe guard\u00e1rsele.<\/span><\/em><\/p>\n

Ante la inobservancia de estas normas, puede el abogado afectado efectuar un reclamo y comunicar este hecho al Colegio de Abogados de su jurisdicci\u00f3n, quien puede constituirse en parte en dichas actuaciones, ya que una de las finalidades de su creaci\u00f3n es la de defender a sus miembros para asegurarles el libre ejercicio de la profesi\u00f3n conforme a las leyes, velar por la dignidad y el decoro profesional de los abogados. <\/span><\/em><\/p>\n

Por otro lado, el C\u00f3digo de \u00c9tica, aplicable a los matriculados en el ejercicio de la de abogado ante la Capital Federal y\/o ante Tribunales Federales adopta como principio general para la interpretaci\u00f3n de sus disposiciones que: \u00abla protecci\u00f3n de la libertad y dignidad de la profesi\u00f3n de abogado forma parte de las finalidades de esta ley y ninguna de sus disposiciones podr\u00e1n entenderse en un sentido que las menoscabe r o restrinja.\u00bb<\/span><\/em><\/p>\n

En el caso concreto, y de acuerdo a las constancias del mandamiento diligenciado por la oficial de justicia a fs. 40 se advierte que en el edificio constatado la existencia de carteles en lugar p\u00fablico, lo que podr\u00eda afectar, en principio, el ejercicio del derecho constitucional de trabajar. Ante ello y sin perjuicio de las ulterioridades de la causa, advierto la existencia de verosimilitud en el derecho invocado, toda vez que frente a las circunstancias apuntadas surge la necesidad de protecci\u00f3n de los derechos de 1a actora que podr\u00edan\u00a0 ser conculcados.<\/span><\/em><\/p>\n

En cuanto a la existencia del peligro en la demora, el mismo surge ante\u00a0 la limitaci\u00f3n, en el ejercicio del derecho constitucional de trabajar, como as\u00ed tambi\u00e9n de la consiguiente afectaci\u00f3n moral.<\/span><\/em><\/p>\n

En consecuencia, estimo que la cautelar resulta procedente ante la concurrencia de los requisitos previamente verificados, bajo cauci\u00f3n juratoria la que se tiene por prestada con el escrito de demanda (art. 199, 2do. p\u00e1rrafo del C.P.C.C.N.).<\/span><\/em><\/p>\n

En su merito, RESUELVO:<\/span><\/em><\/p>\n

Primero: Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia ordenar a la Administraci\u00f3n Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con Sede en Rosario, Provincia de Santa Fe, conformada por las delegaciones UDAI Centro de calle Rioja 1120, UDAI Norte de calle Avda. Alberdi 651 y UDAI Oeste de calle Avda. Provincias Unidas 571, a los fines que arbitre los medios necesarios y proceda a retirar de manera inmediata todos los carteles y\/o leyendas que hagan referencia a abogados que se encuentren en lugar p\u00fablico\u201d. <\/span><\/em> <\/span><\/em><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

6. <\/span><\/span><\/strong>PRUEBA DOCUMENTAL<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Se acompa\u00f1a la siguiente:<\/span><\/p>\n

Anexo I: Acta N\u00ba 692 del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.<\/strong><\/span><\/p>\n

Anexo II: Copia de la \u201cresoluci\u00f3n\u201d o \u201ccircular\u201d identificada como \u201cPRE\u201311\u201301\u201d;<\/span><\/p>\n

Anexo III: Actas de constataci\u00f3n notarial.<\/span><\/p>\n

Anexo IV: Ley 5177 de la Provincia de Buenos Aires;<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

7. <\/span><\/span><\/strong>RESERVA DEL CASO DEFERAL.<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Para el hipot\u00e9tico e improbable caso que V.S. no acceda a lo solicitado en autos, formulo expresa reserva de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, por la v\u00eda que contempla el art\u00edculo 14 de la ley 48, por cuanto un pronunciamiento contrario a las pretensiones de \u00e9sta parte importar\u00eda una violaci\u00f3n a sus derechos de ejercer la industria l\u00edcita y de peticionar ante las autoridades, as\u00ed como tambi\u00e9n de las garant\u00eda de propiedad y de debido proceso (arts. 14, 17, 18 y 75 inc. 22 de la Constituci\u00f3n Nacional).<\/span><\/p>\n

<\/span><\/strong><\/p>\n

8. <\/span><\/span><\/strong>AUTORIZACIONES.<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Autorizo expresamente al Dr. Fernando Levene, Pedro Herranz, Manuel Fernandez y Enrique Sarav\u00ed a consultar el expediente, pudiendo retirar el mismo, y quedando facultados para retirar copias de escritos, c\u00e9dulas, oficios, testimonios, o cualquier otra documentaci\u00f3n, y en general, para realizar cualquier otra diligencia que resulte necesaria para la prosecuci\u00f3n de la presente acci\u00f3n, pudiendo cualquiera de los mencionados, dejar nota en el libro de asistencia del tribunal los d\u00edas correspondientes.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

9. <\/span><\/span><\/strong>PETITORIO.<\/span><\/span><\/strong><\/p>\n

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:<\/span><\/p>\n

(i) me tenga por presentado, por derecho propio, y en por representaci\u00f3n invocada, por acreditada la personer\u00eda (en este \u00faltimo caso) y por constituido el domicilio en el lugar arriba indicado;<\/span><\/p>\n

(ii)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 agregue la documentaci\u00f3n acompa\u00f1ada; <\/span><\/p>\n

(iii) \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0tenga presente las autorizaciones conferidas y el planteo del caso federal;<\/span><\/p>\n

(iv)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 decrete la medida cautelar solicitada;<\/span><\/p>\n

(v) \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0oportunamente, haga lugar a la acci\u00f3n de amparo aqu\u00ed promovida contra la medida identificada como \u201cPRE\u201311\u201301\u201d (y\/o la conducta administrativa que restringe indebidamente la presentaci\u00f3n de tr\u00e1mites ante la ANSES) y ordene al organismo que reciba los tr\u00e1mites previsionales de cualquier \u00edndole por parte de los abogados afiliados al Colegio, sin restricci\u00f3n de n\u00famero;<\/span><\/p>\n

(vi) similarmente, ordene a la ANSES que cese inmediatamente la campa\u00f1a de desprestigio contra la actuaci\u00f3n de los abogados en tr\u00e1mites previsionales, y en particular que retire las manifestaciones publicitarias de todas las dependencias del Organismo que se encuentran en la Provincia de Buenos Aires.<\/span><\/p>\n

Proveer de conformidad,<\/span><\/p>\n

SER\u00c1 JUSTICIA.<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

<\/p>\n
\n
\n

[1]<\/span><\/span><\/a> CNACAF, Sala IV, Federaci\u00f3n Argentina de Colegios de Abogados c. EN, sentencia del 17\/08\/2010 (AR\/JUR\/53029\/2010).<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[2]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> Fallos: 308:987; 324:448 y 331:2406.<\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[3]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> Fallos: 320:691; 323:1339; 325:524; 326:2150, entre otros. <\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[4]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> Fallos: 335:23. <\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[5]<\/span><\/span><\/a> Causa R. 369. XLIX, sentencia del 18 de junio de 2013.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[6]<\/span><\/span><\/a> \u201c\u2026cuando la v\u00eda de hecho de la Administraci\u00f3n trae aparejada la violaci\u00f3n de un derecho constitucional, el amparo aparece como el procedimiento adecuado para restaurar el derecho conculcado\u201d (Salgado, Al\u00ed J., Verdaguer, Alejandro C., Juicio de amparo y acci\u00f3n constitucional, Buenos Aires, ed. Astrea, 2000, 2\u00aa ed., p\u00e1g. 102).<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[7]<\/span><\/span><\/a> BADENI, Gregorio, Tratado de derecho constitucional, t. II, La Ley, Buenos Aires, 2010, p. 413; \u00e9nfasis propio<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[8]<\/span><\/span><\/a> LNPA, art. 1\u00b0: \u201cLas normas del procedimiento que se aplicar\u00e1 ante la Administraci\u00f3n P\u00fablica Nacional centralizada y descentralizada, inclusive entes aut\u00e1rquicos<\/span>, con excepci\u00f3n de los organismos militares y de defensa y seguridad, se ajustar\u00e1n a las propias de la presente ley y a los siguientes requisitos\u2026\u201d, etc.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[9]<\/span><\/span><\/a> Fallos 325:1808 y 333:666.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[10]<\/span><\/span><\/a> CNSS, Sala II, \u201cAsociaci\u00f3n Civil de Abogados Previsionalistas y otros c\/ Estado Nacional \u2013 M\u00ba de Trabajo y el Empleo, Sec. Seg. Soc. y otro s\/ Amparos y sumar\u00edsimos<\/em>\u201d, resoluci\u00f3n del 28 de mayo de 2002.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[11]<\/span><\/span><\/a> SES\u00cdN, Domingo J, \u201cEl principio del formalismo atenuado y sus consecuencias pr\u00e1cticas<\/em>\u201d, en la Obra Coletiva Cuestiones del Procedimiento Administrativo, Jornadas organizadas por la Universidad Austral, ed. RAP, 2005, p\u00e1g. 67.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[12]<\/span><\/span><\/a> PERRINO, Pablo E., El derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa\u201d, Revista de Derecho P\u00fablico, editada por Rubinzal-Culzoni, a\u00f1o 2003-I, Proceso administrativo-I, ps. 275\/294.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[13]<\/span><\/span><\/a> CASSAGNE, Juan Carlos, Curso de Derecho Administrativo<\/em>, Tomo II, 10\u00b0 Edici\u00f3n, ed. La Ley, p\u00e1g. 18.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[14]<\/span><\/span><\/a> S\u00c1ENZ, Jorge A., \u201cPrincipios Generales del Procedimiento Administrativo<\/em>\u201d, en la Obra Colectiva Procedimiento Administrativo<\/em> \u2013Directores: POZO GOWLAND, H\u00e9ctor, HALPERIN, David, AGUILAR VALDEZ, Oscar, LIMA, Fernando Juan y CANOSA, Armando- Tomo I, ed. La Ley, p\u00e1g. 356.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[15]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> CASSAGNE, Juan Carlos, Curso de Derecho Administrativo<\/em>, Tomo II, 10\u00ba edici\u00f3n, ed. Abeledo Perrot, p\u00e1g. 21; ABERASTURY, Pedro-Cilurzo, Mar\u00eda Rosa, Curso de Procedimiento administrativo<\/em>, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, p\u00e1g 31\/32; GORDILLO, Agust\u00edn-Daniele Mabel (directores), Procedimiento administrativo<\/em>, 2ed, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p\u00e1g. 369.<\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[16]<\/span><\/span><\/a> Fallos 292:485; 238:550; 303:1535, entre muchos otros.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[17]<\/span><\/span><\/a> Fallos 199:177; 246:177; 251:469; entre otros.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[18]<\/span><\/span><\/a> S\u00c1ENZ, Jorge A., \u201cPrincipios Generales del Procedimiento Administrativo<\/em>\u201d, en la Obra Colectiva Procedimiento Administrativo<\/em> \u2013POZO GOWLAND, H\u00e9ctor, HALPERIN, David, AGUILAR VALDEZ, Oscar, LIMA, Fernando Juan y CANOSA, Armando (directores)- Tomo I, ed. La Ley, p\u00e1g. 360.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[19]<\/span><\/span><\/a> GORDILLO, Agust\u00edn \u2013DANIELE, Mabel (Directores), Procedimiento Administrativo<\/em>, 2\u00ba edici\u00f3n, Ed. Lexis Nexis, p\u00e1g. 369.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[20]<\/span><\/span><\/a> Decreto Ley 17.040, art\u00edculo 6.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[21]<\/span><\/span><\/a> CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo<\/em>, Tomo II, p\u00e1g. 28.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[22]<\/span><\/span><\/a> P\u00c9REZ HUALDE, Alejandro, \u201cDesviaci\u00f3n de poder como \u00absistema\u00bb y un instrumento necesario: las lealtades personales\u201d, La Ley, Sup. Adm. 2013 (febrero).<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[23]<\/span><\/span><\/a> JEANNERET DE P\u00c9REZ CORT\u00c9S, Mar\u00eda, \u201cLa finalidad como elemento esencial del acto administrativo, y la desviaci\u00f3n de poder\u201d, LL 2002-D , 1408.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[24]<\/span><\/span><\/a> COMADIRA, Julio R., El acto administrativo,<\/em> La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 125-127.<\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[25]<\/span><\/span><\/a> Fallos, 316:365.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[26]<\/span><\/span><\/a> BARRAZA, Javier I., \u201cFinalidad del acto administrativo y la desviaci\u00f3n de poder\u201d, LL 2012-B, 1053<\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[27]<\/span><\/span><\/a> JEANNERET DE P\u00c9REZ CORT\u00c9S, Mar\u00eda, \u201cLa finalidad como elemento esencial del acto administrativo, y la desviaci\u00f3n de poder\u201d, LL 2002-D , 1408.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[28]<\/span><\/span><\/a> CSJN, \u201cForestadora Tapebicu\u00e1 S.A v. Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos \u2013AFIP-<\/span><\/em><\/span>\u201d, 22 de diciembre de 2008.<\/span><\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[29]<\/span><\/span><\/a> Comadira, Julio; \u201cLas medidas cautelares en el proceso administrativo (Con especial referencia a la suspensi\u00f3n de los efectos del acto)\u201d, LL 1994-C, 699.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[30]<\/span><\/span><\/a> CNCCF, Sala I, \u201cTelecentro S.A. c\/ Telecom Argentina Stet France S.A. y otro<\/em>\u201d, resoluci\u00f3n del 23 de septiembre de 2003.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[31]<\/span><\/span><\/a> CSJN, \u201cForestadora Tapebicu\u00e1 S.A v. Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos \u2013AFIP-\u201d, 22 de diciembre de 2008.<\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[32]<\/span><\/span><\/a> COMADIRA, Julio R.; \u201cLas medidas cautelares en el proceso administrativo (Con especial referencia a la suspensi\u00f3n de los efectos del acto)\u201d, LL 1994-C, 699.<\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[33]<\/span><\/span><\/a> <\/sup>PEYRANO, Jorge W., \u201cLa jurisdicci\u00f3n preventiva, Diario La Ley del 1\u00ba de julio de 2013.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[34]<\/span><\/sup><\/sup><\/a> Fallos: 329:5160.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[35]<\/span><\/span><\/a> Palacio, Lino Enrique; Derecho Procesal Civil<\/em>, Tomo VIII, p\u00e1g. 193.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[36]<\/span><\/span><\/a> Parece importante, a ese respecto, recordar que la regla general que establece que las medidas cautelares se decretan inaudita parte no trasunta una derogaci\u00f3n del principio de contradicci\u00f3n (el cual constituye una proyecci\u00f3n de la garant\u00eda constitucional de la defensa en juicio) sino una postergaci\u00f3n moment\u00e1nea de su vigencia justificada en obvias razones de efectividad (cfr. Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, t. VIII, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1985, p\u00e1g. 69).<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[37]<\/span><\/span><\/a> En su art\u00edculo 198 puede leerse: \u201cLas medidas precautorias se decretar\u00e1n y cumplir\u00e1n sin audiencia de la otra parte<\/em>\u201d.<\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[38]<\/span><\/span><\/a> CAMPS<\/span>, Carlos Enrique, C\u00f3digo Procesal Civil y Comercial De La Provincia De Buenos Aires (Anotado – Comentado – Concordado), Depalma, 2004, Abeledo Perrot N\u00ba: 8009\/006364.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[39]<\/span><\/span><\/a> CNCAF, Sala V, in re \u201cS.A. Organizaci\u00f3n Coordinadora Argentina c\/ C\u00e1mara Nac. de Correos y Tel\u00e9grafos s\/ Amparo Ley 16.986\u201d, Abeledo Perrot N\u00ba 8\/7153. En el mismo sentido: Sala V, in re \u201cHalper\u00edn, David Eduardo -Incidente- c\/E.N. -M\u00ba de Econom\u00eda y Servicios P\u00fablicos s\/ Empleo p\u00fablico\u201d, Abeledo Perrot N\u00ba 8\/7275; y Sala II, in re \u201cTorre,\u00a0 Hugo Mario c\/ Aguas Argentinas S.A. y otro s\/ da\u00f1os y perjuicios\u201d, sentencia del 17\/07\/2010 (in\u00e9dito) y \u201cH\u00e9ctor Enrique Perino s\/ Medida Precautoria\u201d, Abeledo Perrot N\u00ba 8\/4084.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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[40]<\/span><\/span><\/a> SIM\u00d3N PADR\u00d3S<\/span>, Ramiro, La tutela cautelar en la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa, 1\u00aa. ed., Lexis Nexis, Buenos Aires, 2004,\u00a0 p\u00e1g. 139.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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[41]<\/span><\/span><\/a> CNCAF, Sala IV, in re \u201cTrujillo Nu\u00f1ez, Filiberto c\/ Dir.Nac. de Migraciones -Disp. 3490\/96\u201d, Abeledo Perrot N\u00ba 8\/1472 con cita de C.Fed.Gral.Roca, 23\/9\/97, \u201cHelou, Juan C.\u201d, JA. 18\/2\/98.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

[42]<\/span><\/span><\/a> Corte I.D.H., Sentencia de la \u201cMasacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas\u201d, del 24 de noviembre de 2009, Serie C N\u00ba 211; Sentencia \u201cRadilla Pacheco Vs. M\u00e9xico. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas,\u201d del 23 de noviembre de 2009, Serie C N\u00ba 209; Sentencia \u201cHeliodoro Portugal Vs. Panam\u00e1. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas,\u201d del 12 de agosto de 2008. Serie C N\u00ba 186, entre muchos otros.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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[43]<\/span><\/span><\/a> CALAMANDREI<\/span>, Piero, Providencias cautelares, <\/em>El Foro, Buenos Aires, p. 45; el autor explica que las medidas cautelares tiene \u201cla finalidad inmediata de asegurar la eficacia de la providencia definitiva que servir\u00e1 a su vez para actuar el derecho\u201d. En igual sentido Palacio (Palacio<\/span>, Lino E., Derecho Procesal Civil<\/em>, t. VIII, Abeledo Perrot, 1992, Abeledo Perrot N\u00ba 2511\/000250) destaca que finalidad de los procesos cautelares \u201cse reduce a asegurar la eficacia pr\u00e1ctica de la sentencia o resoluci\u00f3n que debe recaer en otro proceso<\/em>\u201d.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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[44]<\/span><\/span><\/a> FALC\u00d3N<\/span>, Enrique M., Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, <\/em>t. IV: Sistemas cautelares (Medidas cautelares. Tutela anticipada), Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2006, p\u00e1g.86.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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[45]<\/span><\/span><\/a> KIELMANOVICH<\/span>, Jorge L., Medidas Cautelares<\/em>, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, p\u00e1g. 43.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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[46]<\/span><\/span><\/a> Ver el pasaje citado de KIELMANOVICH<\/span> y el art\u00edculo 202 del CPCCN. En el mismo sentido CASSAGNE<\/span>, Ezequiel (\u201cLas medidas cautelares contra la administraci\u00f3n\u201d en CASSAGNE<\/span>, Juan Carlos (dir.), Tratado de Derecho Procesal Administrativo<\/em>, La Ley, Buenos Aires, 2007.)<\/em> al referirse al car\u00e1cter provisional afirma \u201cLas medidas cautelares subsistir\u00e1n mientras duren las circunstancias que fueron tenidas en cuenta en sus momento para su dictado<\/em>\u201d.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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\u00a0<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n

[47]<\/span><\/span><\/a> En similar sentido, <\/span>CASSAGNE<\/span>, Ezequiel, \u201cEl error de la insistencia en la aplicaci\u00f3n de un plazo a las medidas cautelares\u201d, LL 2011-C, 1306: \u201c<\/span>En tal entendimiento, es impensado fijar en t\u00e9rminos generales un \u00abplazo razonable\u00bb para las medidas cautelares, que prescinda del peligro en la demora que motiva cada dictado. Es m\u00e1s, si en un caso concreto pudiera establecerse un plazo, la concesi\u00f3n realizada de dicha medida cautelar generar\u00eda dudas porque el peligro tendr\u00eda que justificarse \u00fanicamente para cierto plazo de tiempo. \u00bfY luego? O desaparece el peligro y la urgencia, lo que lleva a pensar si ciertamente existi\u00f3 o, lo que es peor a\u00fan, el ciudadano simplemente queda desprotegido y se frustra definitivamente su derecho.<\/em>\u201d<\/span>gencia, lo que lleva a pensar si ciertamente existi\u00f3 o, lo que es peor a\u00fan, el ciudadano simplemente queda desprotegido y se frustra definitivamente su derecho.<\/em>\u201d<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

EL Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires\u00a0 promovi\u00f3 un amparo, contra \u201cactos u omisiones\u201d de la Administraci\u00f3n Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que entienden, lesionan de manera arbitraria y manifiesta derechos constitucionalmente protegidos de todos los abogados de la provincia. La acci\u00f3n de amparo, que recay\u00f3 en el Juzgado Federal N\u00ba4 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-572","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/colproba.org.ar\/l\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/572","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/colproba.org.ar\/l\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/colproba.org.ar\/l\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/colproba.org.ar\/l\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/colproba.org.ar\/l\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=572"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/colproba.org.ar\/l\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/572\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/colproba.org.ar\/l\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=572"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/colproba.org.ar\/l\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=572"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/colproba.org.ar\/l\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=572"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

Cabe recordar que \u201ccomo resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino s\u00f3lo de su verosimilitud. Es m\u00e1s, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposici\u00f3n a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no excede del marco de lo hipot\u00e9tico, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad\u201d<\/em> [28]<\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

Asimismo, <\/span>proceda a desindexar del buscador google el <\/span>spots publicitarios<\/span> del sitio: \u201c<\/span>http:\/\/noticias.anses.gob.ar\/video\/no-te-dejes-estafar-19<\/a>\u201d, y a retirar de manera inmediata <\/span>textos en la P\u00e1gina Web, carteles, banners y afiches de las dependencias del ANSES <\/strong><\/span>de toda la Provincia de Buenos Aires<\/span><\/strong><\/span>, <\/span><\/span>que hagan referencias <\/span>agraviantes a la dignidad de los abogados.<\/span><\/span><\/p>\n

Esto implica una verdadera \u201cdesviaci\u00f3n de poder\u201d, es decir, \u201cuna desviaci\u00f3n en el empleo de las competencias estatales respecto de las finalidades que inspiraron su atribuci\u00f3n por el ordenamiento jur\u00eddico superior y que se encuentran en la Constituci\u00f3n y en la ley\u201d[22]<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/a><\/em>. Es esta la situaci\u00f3n que se presenta \u201csiempre que el \u00f3rgano estatal se sirva de su potestad para fines distintos, sean ellos personales del agente, de terceros, o de la propia administraci\u00f3n\u201d<\/em>.[23]<\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/p>\n

Corresponde recordar que el art\u00edculo 28 de la Constituci\u00f3n Nacional, al prescribir que los derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio consagra el principio de la razonabilidad o justicia como regla sustancia del comportamiento del Estado, estatuyendo un principio que, a\u00fan cuando parezca referirse a las leyes formales, se extiende tambi\u00e9n a las leyes en sentido material y a los actos administrativos[21]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>. <\/span><\/p>\n

La LNPA y su decreto reglamentario establecen los lineamientos b\u00e1sicos del procedimiento administrativo \u2013conformado por una serie de actos internos concatenados en forma armoniosa\u2013 que finalmente procura acercar al \u00f3rgano con competencia para resolver, los elementos necesarios a fin de que el acto administrativo sea oportuno y v\u00e1lido[11]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>.<\/span><\/p>\n

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n ha expresado que: \u201c(\u2026) debe tenerse presente que el art\u00edculo 11 del decreto-ley 19.549 exige que, para que los actos administrativos de alcance general adquieran eficacia, deben ser publicados, mientras que, por su parte, el art\u00edculo 103 del decreto reglamentario 1579\/72 (t.o. 1991) dispone que aqu\u00e9llos producir\u00e1n efectos a partir de su publicaci\u00f3n oficial y desde el d\u00eda que en ellos se determine, y si no designan tiempo, producir\u00e1n efectos despu\u00e9s de los ocho d\u00edas, computados desde el d\u00eda siguiente al de su publicaci\u00f3n oficial. El cumplimiento de tal requisito, que condiciona la validez del acto de contenido normativo general, tambi\u00e9n ha sido exigido por la Corte, tal como lo demuestran los precedentes de Fallos 251:404 -con las citas del considerando 2\u00b0-; <\/ins><\/span>252:19 y 293:157 (los dos primeros, anteriores a la vigencia del decreto-ley 19.549)\u201d<\/em>. As\u00ed, ha concluido que \u201causente la publicidad, cualquiera sea la bondad de la nueva disposici\u00f3n con relaci\u00f3n a la anterior, trat\u00e1ndose de un requisito que hace a la obligatoriedad de la ley, la sanci\u00f3n que contempla la norma, causa lesi\u00f3n a la garant\u00eda constitucional de defensa en juicio, en cuando exige que aquella se encuentre prevista por la ley con anterioridad al hecho del proceso\u201d<\/em><\/span>[9]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> <\/span><\/em>.<\/span><\/p>\n

Ante todo, cabe poner de resalto que el r\u00e9gimen legal que instituye a la ANSES como autoridad de aplicaci\u00f3n del Sistema \u00danico de Seguridad Social no trae ninguna norma que le confiera a este organismo una potestad reglamentaria expresa para regular los procedimientos administrativos que se sustancian ante su sede (mucho menos, existiendo ya un r\u00e9gimen normativo aplicable al procedimiento com\u00fan, directamente aplicable a la ANSES en virtud de lo dispuesto en el art. 1\u00b0 de la LNPA[8]<\/span><\/span><\/span><\/a>).<\/span><\/p>\n

Cabe recordar que \u201ccomo resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino s\u00f3lo de su verosimilitud. Es m\u00e1s, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposici\u00f3n a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no excede del marco de lo hipot\u00e9tico, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad\u201d<\/em> [28]<\/span><\/span><\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n

Asimismo, <\/span>proceda a desindexar del buscador google el <\/span>spots publicitarios<\/span> del sitio: \u201c<\/span>http:\/\/noticias.anses.gob.ar\/video\/no-te-dejes-estafar-19<\/a>\u201d, y a retirar de manera inmediata <\/span>textos en la P\u00e1gina Web, carteles, banners y afiches de las dependencias del ANSES <\/strong><\/span>de toda la Provincia de Buenos Aires<\/span><\/strong><\/span>, <\/span><\/span>que hagan referencias <\/span>agraviantes a la dignidad de los abogados.<\/span><\/span><\/p>\n

Esto implica una verdadera \u201cdesviaci\u00f3n de poder\u201d, es decir, \u201cuna desviaci\u00f3n en el empleo de las competencias estatales respecto de las finalidades que inspiraron su atribuci\u00f3n por el ordenamiento jur\u00eddico superior y que se encuentran en la Constituci\u00f3n y en la ley\u201d[22]<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/a><\/em>. Es esta la situaci\u00f3n que se presenta \u201csiempre que el \u00f3rgano estatal se sirva de su potestad para fines distintos, sean ellos personales del agente, de terceros, o de la propia administraci\u00f3n\u201d<\/em>.[23]<\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/p>\n

Corresponde recordar que el art\u00edculo 28 de la Constituci\u00f3n Nacional, al prescribir que los derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio consagra el principio de la razonabilidad o justicia como regla sustancia del comportamiento del Estado, estatuyendo un principio que, a\u00fan cuando parezca referirse a las leyes formales, se extiende tambi\u00e9n a las leyes en sentido material y a los actos administrativos[21]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>. <\/span><\/p>\n

La LNPA y su decreto reglamentario establecen los lineamientos b\u00e1sicos del procedimiento administrativo \u2013conformado por una serie de actos internos concatenados en forma armoniosa\u2013 que finalmente procura acercar al \u00f3rgano con competencia para resolver, los elementos necesarios a fin de que el acto administrativo sea oportuno y v\u00e1lido[11]<\/span><\/sup><\/sup><\/a>.<\/span><\/p>\n

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n ha expresado que: \u201c(\u2026) debe tenerse presente que el art\u00edculo 11 del decreto-ley 19.549 exige que, para que los actos administrativos de alcance general adquieran eficacia, deben ser publicados, mientras que, por su parte, el art\u00edculo 103 del decreto reglamentario 1579\/72 (t.o. 1991) dispone que aqu\u00e9llos producir\u00e1n efectos a partir de su publicaci\u00f3n oficial y desde el d\u00eda que en ellos se determine, y si no designan tiempo, producir\u00e1n efectos despu\u00e9s de los ocho d\u00edas, computados desde el d\u00eda siguiente al de su publicaci\u00f3n oficial. El cumplimiento de tal requisito, que condiciona la validez del acto de contenido normativo general, tambi\u00e9n ha sido exigido por la Corte, tal como lo demuestran los precedentes de Fallos 251:404 -con las citas del considerando 2\u00b0-; <\/ins><\/span>252:19 y 293:157 (los dos primeros, anteriores a la vigencia del decreto-ley 19.549)\u201d<\/em>. As\u00ed, ha concluido que \u201causente la publicidad, cualquiera sea la bondad de la nueva disposici\u00f3n con relaci\u00f3n a la anterior, trat\u00e1ndose de un requisito que hace a la obligatoriedad de la ley, la sanci\u00f3n que contempla la norma, causa lesi\u00f3n a la garant\u00eda constitucional de defensa en juicio, en cuando exige que aquella se encuentre prevista por la ley con anterioridad al hecho del proceso\u201d<\/em><\/span>[9]<\/span><\/span><\/span><\/span><\/a> <\/span><\/em>.<\/span><\/p>\n

Ante todo, cabe poner de resalto que el r\u00e9gimen legal que instituye a la ANSES como autoridad de aplicaci\u00f3n del Sistema \u00danico de Seguridad Social no trae ninguna norma que le confiera a este organismo una potestad reglamentaria expresa para regular los procedimientos administrativos que se sustancian ante su sede (mucho menos, existiendo ya un r\u00e9gimen normativo aplicable al procedimiento com\u00fan, directamente aplicable a la ANSES en virtud de lo dispuesto en el art. 1\u00b0 de la LNPA[8]<\/span><\/span><\/span><\/a>).<\/span><\/p>\n