Colegio de la provincia de Bs. As.

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Dio inicio la escuela judicial

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Comunicado

La mesa Directiva del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires se ve precisada a emitir su opinión con motivo de recientes declaraciones públicas formuladas por el Señor Fiscal General del Departamento Judicial de Mar del Plata, Doctor Fabián Fernández Garello, aparecidas ayer en la edición de un diario de la mencionada ciudad.

Las expresiones han provocado en los abogados sorpresa y consternación. Lo primero porque se trata de una respuesta tan desproporcionada como incongruente, a una opinión institucional vertida por el Colegio de Abogados de Mar del Plata, referida a la organización funcional de la Fiscalía, en el marco de las atribuciones conferidas por la ley 5.177 y cuya télesis es el control del funcionamiento de los organismos públicos. Lo segundo, porque no puede sino lamentarse -al par que generar preocupación- que el funcionario de mayor jerarquía del Ministerio Público cometa semejantes excesos, impropios de un agente cuya delicada misión debiera encontrarse caracterizada por la mesura y la objetividad.

Las manifestaciones, además, en tanto vierten imputaciones inespecíficas para todos los abogados, generalizando acusaciones tan infundadas cuan desatinadas, resultan agraviantes para toda la Colegiación, toda vez que importan desmerecer la augusta función de los letrados cuyo compromiso con la justicia resulta paradigmático precisamente en la ciudad de Mar del Plata, en la han llegado a pagar con la vida su vocación de servicio.
Por añadidura, los denuestos resultan inconducentes, porque no tendrán como resultado que los Colegios de Abogados callen su opinión sobre el funcionamiento de la administración cada vez que estimen que ella resulta necesaria.

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Importantes informes

Determinación de la tasa de justicia en los procesos sucesorios.

Recientemente, en los informes emitidos por la ex Dirección Provincial de Catastro Territorial, se ha comenzado a consignar más de un valor correspondiente a valuación fiscal de inmuebles. Esto ha traído aparejado algunos inconvenientes, puesto que se han registrado criterios dispares por parte de los Juzgados provinciales sobre qué valor se debe tomar a los efectos de conformar la base imponible para el pago de la Tasa de Justicia, principalmente en el caso de los procesos sucesorios.

El objeto del presente informe consiste en analizar y establecer el modo de cálculo de la base imponible para la Tasa Retributiva por Servicios Judiciales (en adelante Tasa de Justicia),en el caso de transmisión de inmuebles en procesos sucesorios.

Obligación de presentación de declaraciones juradas en el impuesto a la transmisión gratuita de bienes.

El recientemente sancionado Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes exige, en los casos de los procesos sucesorios, que el propio contribuyente obligado al pago sea quien exteriorice el hecho imponible, mediante la confección y presentación de una declaración jurada, aún en los casos en que pueda resultar exento o sin impuesto a ingresar.

El presente informe tratará de dilucidar en que casos resulta obligatorio el cumplimiento de la obligación de presentación de declaraciones juradas con relación al Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes.

 

Se reunieron los órganos de la colegiación en Mercedes

 

A C O R D A D A NRO. 3 5 4 5

///PLATA,      4    de mayo de 2011.


VISTO Y CONSIDERANDO:  Lo dispuesto por Decretos 208/11 y 210/11, por los que se establecieron a partir del 1º de marzo del corriente año, inclusive, nuevos niveles salariales para los agentes y magistrados que se encuentren bajo el régimen previsto por Ley 10.374 y sus modif., fijándose los importes correspondientes a los gastos funcionales

Que, en consecuencia, en razón de lo previsto por los arts. 266 y 267 de la Ley 24.522 corresponde a esta Suprema Corte de Justicia establecer el valor al que tales normas refieren, teniendo en cuenta además el aumento que en concepto de gastos funcionales se efectuará a partir del 1º de julio de 2011.

POR ELLO, la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de sus atribuciones,
ACUERDA

1. Fijar, con vigencia desde el 1º de marzo de 2011, la remuneración a la que aluden los arts. 266 y 267 de la Ley 24.522 en la suma de pesos diez mil seiscientos treinta y seis con 31/00 ($ 10.636,31) y a partir del 1º de julio del año en curso en la suma de pesos diez mil ochocientos ochenta y uno con 77/00 ($ 10.881,77).
2. Derogar la Acordada 3514.
3. Regístrese, comuníquese y publíquese.

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